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Organismos de DD.HH. advierten que no se pueden hacer excavaciones en el Cabildo

Organismos de Derechos Humanos de la provincia expresaron su preocupación por el anuncio del gobierno provincial de que en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia comenzarían trabajos de excavación en el Cabildo

en búsqueda de restos de desaparecidos que estuvieron alojados durante la dictadura en el Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó en ese lugar. Es que hay una medida de no innovar dictada por la justicia a partir de una presentación de los organismos. 

Antes de emitir el comunicado, referentes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, la agrupación H.I.J.O.S. Jujuy y la Asociación de Ex Presos Políticos consultaron con la fiscalía y el juzgado, donde les confirmaron que no existió ningún pedido de autorización para ningún trabajo en el lugar. “Es pura cháchara panfletaria, porque no pueden hacerlo ni lo van a hacer”, dijo a El Submarino Radio Eva Arroyo, referente de H.I.J.O.S., y adelantó que ante el anuncio oficial presentaron una queja en la fiscalía, que tomará las medidas del caso.

Ya en enero pasado lo habían puesto por escrito en una nota que le enviaron al gobernador Gerardo Morales, donde además le pedían una reunión para empezar a definir cómo se convertirá el lugar en Espacio de Memoria. “Esperamos pacientemente una respuesta”, dijo Arroyo.

“Desde el año pasado venimos lidiando con la destrucción de ese espacio de memoria, donde queremos crear la Comisión de la Memoria, tal como se creó en otras provincias”, explicó. Lo que pretenden los organismos es replicar en Jujuy lo que hace ya muchos años ocurre en otros espacios del país que durante la dictadura funcionaron como CCD y que ahora están destinados a la promoción de los derechos humanos.

Pero hubo complicaciones, sobre todo a partir de la puesta en marcha del proyecto de recuperación del casco histórico, que incluyó el traslado del Departamento de Policía y el inicio de trabajos en el Cabildo histórico. “Han empezado a destruir prácticamente todo el centro clandestino”, denunció Arroyo.

La referente de H.I.J.O.S. recuerda que el predio donde el gobierno proyecta instalar un espacio cultural está protegido por una ley nacional a la que la provincia adhirió en todos sus términos, en mayo del año pasado. “Esta ley obliga al gobierno, provincial o municipal, a sentarse con los organismos para debatir y proyectar la reconstrucción, el funcionamiento, y todo lo que tenga que ver con este espacio de memoria”, señala.

Ante la falta de avances en ese sentido, los organismos pidieron audiencia en más de una oportunidad a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Susana Haquim, sin haber tenido respuesta. También presentaron el año pasado una denuncia en la justicia por destrucción de pruebas, lo que ha generado la medida de no innovar.

La necesidad de detener las obras en ese lugar surge de la posibilidad de que haya algún resto relacionado con las víctimas de la dictadura. “La medida de no innovar establece varias cuestiones, como las pericias y sumar los testimoniales para delimitar lo que sería el predio de espacio de la memoria, entre otras”, detalló Arroyo.

Sin embargo, los organismos denuncian que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia no convocó a los organismos ni realizó ninguna pericia en el lugar. Y afirman que “se arma un circo mediático y doloroso sobre una cosa tan sentida que significa para los familiares tener una persona amada desaparecida; lo usan panfletaria y perversamente”, dijo.

En realidad, el gobierno provincial sí convocó a algunos representantes de organismos de derechos humanos, pero con un criterio selectivo. “Han hecho una reunión paralela con los que no han levantado la libertad de Milagro Sala, porque desde H.I.J.O.S., Madres y Familiares y Ex Presos siempre hemos denunciado que Milagro es una presa política. Entonces a nosotros no nos convocaron a la reunión en la que hicieron firmar un acta convenio trucha”, aseguró Arroyo.

“Hay una animosidad desde la Secretaría de Derechos Humanos de la señora Haquim y Diego Flore, hacia los organismos que demandamos la libertad de Milagro”, sentenció, y precisó que el acta “trucha” fue firmada por “algunas víctimas que no están aglutinadas y otras que sí”.

“Pero en la discusión sobre el espacio tenemos que estar todos –continuó-. A ellos los han engañado con una actitud terrible, ha sido una cosa prejuiciosa, de mala fe”.

Los organismos repudian el atropello de la Secretaría. “Ellos aterrizan hace un año y pretenden pasarnos por alto en las decisiones, porque no quieren que cuando hagan ese megaproyecto cultural nosotros estemos en el medio diciendo ‘esto fue un centro clandestino’”.

El problema no es solo simbólico. Lo cierto es que en los lugares donde funcionaron los CCD aún es posible encontrar elementos que puedan servir como prueba en los procesos penales que se llevan adelante para juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad.

Arroyo llama la atención sobre las expectativas que todas estas situaciones generan en los familiares de los desaparecidos, porque siempre está la angustia de pensar que se va a encontrar al hermano, el padreo el hijo. “En Jujuy tenemos un mínimo de recuperados –destaca-, con suerte el diez por ciento, entonces el resto va a estar expectante”.

Lo más probable, de todos modos, es que no se encuentren restos de desaparecidos, porque todas las investigaciones muestran que no hay manera de sostener un enterramiento dentro de un lugar como el Departamento de Policía, ya que el destino final de los detenidos estaba en manos del ejército, por lo que, según Arroyo, hay que buscar en los predios de esa fuerza.

En todo caso, la búsqueda de pruebas y, sobre todo, de posibles restos de desaparecidos, es una tarea que debe ser encarada con responsabilidad y respeto hacia las víctimas y los familiares de las víctimas, por la angustia, el dolor, la expectativa y la eventual frustración que conlleva. Así lo aseguran y recomiendan los equipos de Antropología Forense que vienen trabajando el tema desde hace más de 30 años.

El comunicado

«Desde H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Jujuy, Madre y Familiares de Detenido Desaparecidos de Jujuy y  Ex Presos Políticos de San Salvador de Jujuy queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de que la Secretaría de DD.HH. de la provincia de Jujuy, encabezada por la Sra. Susana Haquim, cuyas políticas son  aprobadas y dirigidas desde el Ministerio de Gobierno a cargo del Sr. Agustín Perassi, conviertan nuestros objetivos más sentidos, como la búsqueda de la verdad y el destino final de nuestros seres amados, en un circo mediático digno de una imagen dantesca.

Desde el Gobierno Provincial, en su página oficial, se anunciaron el día de ayer las actividades relaciones con la semana de la memoria, dentro de ellas esta que:

“El miércoles 22 a las 10, se cumplirá la inspección al predio de la Ex Jefatura de Policía para realizar excavaciones en busca de posibles restos de  desaparecidos de la ultimas dictadura cívico militar, tareas que estarán a cargo de autoridades y equipo técnico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.”

Esta situación es más que grave, tanto desde el ámbito legal, como desde los sentires más dolorosos que vivenciamos cada día de nuestras vidas las víctimas del último golpe militar.

Desde lo legal

El predio de lo que fuera el Centro Clandestino de Detención “Comando Radioeléctrico”, ubicado en la vieja central de policía, en este momento tiene un medida de no innovar emitida por el Juez Federal Frenando Poviña, a consecuencia  una denuncia que hicieran los organismo de DDHH de la provincia ante la destrucción que llevaba a cabo el gobierno actual de ese Espacio de Memoria, protegido por Ley Nacional N° 26.691 a la que nuestra provincia adhirió en todos sus términos mediante la Ley mediante Ley Provincial N° 5.923. Siendo la autoridad de aplicación de la norma es la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, con cuyas autoridades mantuvimos una reunión.

En el mismo sentido, la Secretaría de DDHH de la Nación, emitió un informe sustentado en el relevamiento de un equipo técnico perteneciente a la misma, en el documento hace una serie de recomendaciones:

  • La suspensión inmediata y definitiva de toda obra que pudiera implicar el daño total o parcial de los recintos de alto valor testimonial.
  • La Elaboración de un proyecto integral de Conservación y Puesta en valor del Sitio de Memoria de la ex Jefatura de Policía.
  • La comunicación de las recomendaciones de preservación realizadas por la DNSM al Juzgado Federal N° 2 de Jujuy que, con fecha 7 de diciembre de 2016, dictó una medida de no innova.

Cabe agregar, que hemos pedido en reiteradas ocasiones  una reunión con la Sra. Haquim para coordinar las acciones con el fin de llevar a cabo la recuperación de ese Espacio de memoria, tal como lo establece la ley antes mencionada, pero aún no hemos sido convocadxs.

Desde la búsqueda de la verdad y saber sobre el destino final de nuestros seres amados

Durante más de dos décadas hemos trabajado con el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense), y asesoradxs por especialistas en la temática, este  es un tema complejo de abordar, tema que genera expectativas y angustias, revive dolores, y que por supuesto no debe tomarse a ligera.

Las familias, sus compañeras y compañeros, lxs que desconocemos el destino final de lxs desaprecidxs, y que aún buscamos a lxs ausente, situación perturba nuestras vidas, la mayoría, necesitamos el cuerpo como una prueba esencial de que la o el desaparecido realmente ha muerto.

Ante todo interés debe predominar el respeto hacia lxs que construimos el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia, debe tomarse en cuenta nuestros sentires. Difundir rumores, o información falsa, es de un perversidad sin nombre, es más, de 40 años a esta parte no hemos vivido nunca un anuncio panfletario digno de la prensa amarillista como el que hizo la Secretaría de DDHH de la provincia de Jujuy.

Es por todo lo antes mencionado que repudiamos la manera en la que el gobierno de la provincia mediante sus instituciones, lleva adelante las políticas de memoria, en especial el anuncio que hiciera en relación a la actividad antes mencionada, llevándose por delante el trabajo minucioso que los organismos de DDHH junto al EAAF que hemos venido realizando durante décadas, poniendo siempre por sobre el hallazgo de datos el más profundo respeto por el dolor de las víctimas

Nuestrxs desaparecidxs también tienen derechos, y usarlos para demostrar en esta fecha trágica de una forma política mediática es violar los derechos de nuestros seres queridos.»

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