Perú: Una nueva «toma de Lima» para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte

Organizaciones ciudadanas, principalmente de los departamentos del sur, llegaban este miércoles a la ciudad de Lima para participar de una nueva jornada de protesta para reclamar la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y de los integrantes del Congreso, así como el llamado a nuevas elecciones y para exigir condenas para los responsables de las muertes durante las manifestaciones que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo.

En la capital de Perú, la jornada fue presentada por los organizadores como la «tercera toma de Lima», en alusión a dos anteriores ocurridas en enero y febrero de este año bajo el mismo nombre.

Bajo un cerco mediático y gran despliegue policial, la movilización masiva se desarrollaba en las primeras horas de su inicio en un ambiente de extrema tensión ante la advertencia de que las protestas podrían ser reprimidas por las autoridades capitalinas.

Las autoridades indicaron que movilizarán al menos 24.000 policías para monitorear las marchas.

La Tercera Toma de Lima concentra sus actos de protestas en las plazas Dos de Mayo y San Martín, centro neurálgico de concentraciones de las protestas en Lima, así como el Paseo de los Héroes Navales.

Otros lugares son Plaza Mayor de Lima, Congreso de la República, Teatro Municipal, Teatro Segura, Plaza Bolívar, Bolívar, Biblioteca Nacional del Perú y distintos conventos e iglesias.

Previamente, los dirigentes de los diferentes gremios y organizaciones sociales del país, han asegurado que las manifestaciones serán pacíficas. Para este fin, han tomado medidas internas para detectar y expulsar a cualquiera que quiera cometer actos violentos.

Siete rutas en Perú estaban bloqueadas por las protestas, informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). «Reporte del estado del tránsito en las vías nacionales ante las movilizaciones: siete puntos de tránsito interrumpido, cinco regiones involucradas, siete vías nacionales afectadas», indicó la Sutran a través de su cuenta en Twitter.

De acuerdo al ente, las rutas bloqueadas se encuentran en los departamentos de Lima, en el centro del país; Loreto y La Libertad, en el norte; y en las sureñas Ayacucho y Huancavelica.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó en un comunicado que sólo podrán entrar a los aeropuertos de Lima, Arequipa, Cusco y Juliaca aquellas personas que presenten su ticket de embarque y documento de identidad (DNI).

Por otro lado, el diario peruano El Comercio reportó la toma de la Universidad Nacional de Huancavelica de parte de los estudiantes, como medida de protesta contra el Gobierno y el Congreso.

En un mensaje difundido desde el Palacio de Gobierno, Boluarte instó a la población a manifestarse pacíficamente, «sin generar violencia, caos, crisis, ni querer liderar el anarquismo en el país».

Las manifestaciones de este miércoles también son para exigir condenas para los responsables de las muertes durante las protestas de diciembre a febrero, que siguieron a la destitución de Castillo. Fueron 49 los ciudadanos muertos directamente en las protestas, casi todos a manos de las fuerzas de seguridad, en operativos represivos por los que el Gobierno fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

Además, también fallecieron otras dos decenas de personas por motivos relacionados con las protestas, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Varias organizaciones sociales interpusieron una demanda constitucional contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por la presunta vulneración del derecho a la protesta en el marco de la tercera «toma de Lima», informó la agencia de noticias Ansa. Este proceso también se dirige contra los ministros del Interior y Defensa, Vicente Romero y Jorge Luis Chávez, respectivamente; el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Ángulo; y el presidente del Congreso, José Williams Zapata.

Los demandantes consideran que ellos son responsables de supuestos hechos lesivos que constituyen acciones que son una amenaza al derecho a la protesta y sostienen que las autoridades criminalizaron las manifestaciones y violaron derechos humanos, además de denunciar que las fuerzas de seguridad presentan un comportamiento arbitrario.

También exigieron el cese de las detenciones en las manifestaciones y una investigación en esta materia contra los agentes militares y policiales.

El descontento hacia la labor de la presidenta y el Legislativo es alto, con niveles de desaprobación ciudadana del 80 y 90 por ciento respectivamente, según sondeos.

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