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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó este viernes una denuncia penal contra el asesor de la Corte Suprema Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño en licencia, Marcelo D’Alessandro, «por ser responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Gobierno de CABA».
Así lo anunció el mandatario provincial a través de su cuenta de Twitter, donde también denunció que la «connivencia» entre Juntos por el Cambio y el máximo tribunal de justicia «quedó al descubierto» y es «inadmisible en el marco de un Estado de Derecho».
«Los hechos son de público conocimiento y están referidos a la difusión de mensajes de texto que corresponderían a una conversación llevada a cabo vía telefónica entre los denunciados, cuyo contenido configura conductas prohibidas a su condición de funcionarios públicos.», especificó Quintela.
Y señaló que «estos mensajes difundidos evidencian los supuestos vínculos que el Ministro porteño mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del Ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero y persona de su máxima confianza desde hace años».
«La connivencia entre ambos quedó al descubierto en los chats publicados, demuestran que las resoluciones judiciales y pronunciamientos del Ministro Horacio Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia), a través de Robles, desarrollaron operaciones políticas ejecutadas a través de fallos judiciales arbitrarios», subrayó.
En ese sentido, Quintela marcó que «la convivencia entre aquel espacio político y la Corte Suprema de Justicia resulta tan evidente como inadmisible en el marco de un Estado de Derecho en el que el Poder Judicial debe guiarse por los principios rectores que hacen a la independencia e imparcialidad judicial. Todos estos principios fueron franqueados abiertamente por el presidente del Alto Tribunal, Rosatti».
El mandatario provincial destacó que «los chats publicados por la prensa dejan al desnudo que han existido maniobras coordinadas en la que se negociaron fallos judiciales para beneficiar a dicha alianza política» y advirtió que «el entramado de corrupción forma parte de un sistema de vinculaciones y favores que trasciende lo estrictamente jurídico y se proyecta sobre lo político y el enriquecimiento personal de las partes».
«El predominio de CABA y en particular del Partido PRO es una construcción jurídico-partidaria concertada entre operadores políticos y jurídicos que confluyen resoluciones judiciales pactadas por fuera del sistema legal y pretende regir las acciones de Gobierno de los poderes», aseveró.
Finalmente, Quintela manifestó: «¡Basta de atropello al pueblo argentino! Debemos buscar la federalización genuina, con participación a todas las provincias que la componen, y que cada uno de estos funcionarios autoproclamados se vaya, para que el pueblo argentino pueda volver a confiar en la justicia».
La semana pasada D’Alessandro fue vinculado con un escándalo por la difusión de unos presuntos chats en los que se observan intercambios con Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y con el empresario Marcelo Violante, a cargo de la concesión del sistema de acarreo de vehículos en la ciudad de Buenos Aires hasta hace pocas semanas.
Por estas cuestiones se iniciaron investigaciones judiciales, mientras a raíz de las filtraciones D’Alessandro realizó una denuncia penal por el hackeo de su teléfono celular.
