Vicentin: Proponen diversos modelos de gestión para después de la expropiación

El Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular expresó su apoyo a la intervención de la empresa Vicentin «en el camino hacia la expropiación» y abogó por que sea convertida «en una empresa pública que sirva de palanca para la soberanía alimentaria» y contribuya a «terminar con las distorsiones de ese sector concentrado».

«Uno de los objetivos principales para la intervención de Vicentin debe ser el de evitar una mayor concentración del mercado cerealero, fuertemente dominado por empresas extranjeras transnacionales», planteó el Foro a través de un documento al que accedió Télam.

Creado en diciembre pasado, el foro está integrado por pequeños y medianos productores agropecuarios agrupados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), Acción por la Biodiversidad y el Movimiento Productivo Agroalimentario.

En el texto, las organizaciones expresaron que la intervención estatal «debe bregar por un modo de producción diferente, con soberanía alimentaria, sustentable e inclusivo, que cuide las divisas que tanto cuestan al país, y que mejore la inserción de pymes, agricultores familiares, campesinos y comunidades indígenas en el comercio exterior».

“A la empresa Vicentin del agronegocio hay que transformarla en una empresa pública que sirva de palanca para la soberanía alimentaria y que contribuya a terminar con las distorsiones del sector concentrado, regulando la provisión interna de alimentos y las variaciones de los movimientos de precios”, afirmaron los dirigentes que conforman el Foro Nacional Agrario en el documento.

Asimismo destacaron la necesidad de “avanzar hacia la regulación del comercio exterior, que impacta positivamente en los precios que perciben los productores y los precios que pagan por los alimentos los consumidores».

«Es importante la participación de las cooperativas y de las organizaciones en la gestión de la empresa, para transformarla en un instrumento de regulación de precios y apuntar al desarrollo con impacto local, con agregado de valor en origen que necesitan los productores familiares”, remarcaron desde el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular.

Se trata de un espacio que, en diciembre pasado, tras la asunción del presidente Alberto Fernández, presentó un programa de 21 puntos ante funcionarios del Gobierno nacional, entre quienes se encontraban los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza.

El documento de apoyo a la decisión del Gobierno Nacional sobre el futuro de Vicentin lleva las firmas de Agustín Suárez (UTT), Diego Montón (MNCI-ST), Roberto Solano (FNC), Sergio Dumrauf (CANPo), Carlos Vicente (Acción por la Biodiversidad) y de Marcelo Yaquet (Movimiento Productivo Agroalimentario).

‘No retroceder’

La Federación de Vecinales de Reconquista le pidió al gobierno nacional «no retroceder en el camino emprendido de salvaguardar las fuentes de trabajo», en un documento en el cual la entidad fijó postura favorable en relación a la intervención de la empresa Vicentin.

El documento, titulado «No todos somos Vicentin», indica que están «cansados de vivos y aprovechadores que piensan seguir cometiendo atropellos en perjuicio de la comunidad en general».

«Porque queremos un Gobierno que ponga límites y a quien instamos a no retroceder en el camino emprendido de salvaguardar las fuentes de trabajo en nuestra región y a nivel nacional», añade el texto de la Federación, presidida por Laureano Pandolfi.

El documento plantea un interrogante al preguntarse «qué pasa cuando un trabajador se atrasa o incumple pagos en la compra de artículos o en la toma de créditos», que es lo que, a juicio de la Federación, sucedió con la aceitera.

«Si no pagamos el plan de ahorro del auto lo perdemos y si tomamos un crédito hipotecario para construir nuestra vivienda y no pagamos nos ejecutan la hipoteca», advierte el texto.

«Por eso, si el Grupo Vicentin no paga los créditos que debe, les tiene que a pasar lo mismo que a cualquier trabajador. Con el dinero que esa empresa no pagó a los bancos estatales, se podrían construir miles de viviendas en toda nuestra región, para dar respuestas a las necesidades acuciantes que padecen las familias santafesinas que no cuentan con crédito para alcanzar este derecho», remarca el documento.

El texto agrega que las vecinales no han «sido parte del terrorismo de Estado que estuvo presente en la empresa Vicentin durante la dictadura cívico-militar (1976/1983), responsable de permitir el ingreso de grupos de tareas que secuestraron trabajadores de su interior».

En otros tramos, el texto señala que «un trabajador no fuga divisas, ni tiene privilegios, ni estafa al país» y que los vecinalistas quieren «vivir en una sociedad donde la ley se aplique a quienes cometen delitos civiles o penales sin distinción de clase y representaciones de poder, los que deben ser investigados en forma urgente para que no haya impunidad con nadie en la Argentina».

Control social

Un grupo de intelectuales, dirigentes políticos y referentes de Derechos Humanos calificaron este jueves de «histórica» la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir el Grupo Vicentin y pidieron que la empresa sea «pública» y con «control social».

«Celebramos la histórica decisión de intervenir Vicentin y enviar al Congreso un proyecto de expropiación», sostuvieron los intelectuales, al calificar esa disposición de «irreprochable desde todo punto de vista» y «la más trascendente tomada por un gobierno democrático en política agraria desde 1983».

«Aspiramos -y no hay motivos para dudarlo- a que la intervención vaya a fondo en cuanto a investigar y comunicar a la opinión pública las irregularidades encontradas y por encontrar. Y a la vez, tan importante como investigar será comunicar todo lo que se encuentre dentro de esa autentica caja de pandora que son la empresa y grupo Vicentin y sus socias y conexiones, públicas o secretas», añadió el documento.

Al respecto, los intelectuales pidieron que la sociedad sea «informada día a día y en forma objetiva y transparente, evitando todo tipo de operaciones mediáticas como las que siempre organiza, patrocina y difunde la derecha política y económica del país».

También alertaron sobre «cualquier tipo de operaciones tendientes a acotar la profundidad de la intervención, con el oscuro fin de abrir paso a cualquier falsa ‘argentinización’ de la empresa, como podría hacerse -y ya se aprecian buenas razones para sospechar de ello- poniendo a la cabeza a dos o más conocidos grupos monopólicos alimenticios nativos consociados, los que de ninguna manera serían parte de la solución sino parte del agravamiento del problema».

Además, pidieron que la conducción de Vicentin sea compartida por «las cooperativas, los productores y los trabajadores», con directores que «deben comprometerse a un código de ética estricto, que impida la renovación de mandatos en forma indefinida; la prohibición de nombrar familiares; la obligatoria declaración jurada de bienes; la asignación de sueldos que no excedan más de tres veces lo que gana un trabajador medio de la planta, y un compromiso expreso de no nombrar a directores que tengan conflicto de intereses».

Entre los firmantes están Claudio Lozano, Mempo Giardinelli, Pedro Peretti, Mónica Polidoro, Pino Solanas, Ana Galmarini, Ricardo Forster, Fernanda Vallejos, Gabriel Mariotto, María Inés Pillati Vergara, Leopoldo Moreau, Victoria Donda, Juan Grabois, Jorge Rachid, Alcira Argumedo, Itai Hagman, Adolfo Perez Esquivel, Nora Cortiñas, Juan Carlos Alderete, Letizia Quagliaro y Leonardo Grosso, entre otros.

Télam

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