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En la última audiencia del juicio oral, público, secreto y confidencial, el ex presidente del Instituto de Viviendas de Jujuy (IVUJ), Lucio Abregú, amplió hoy su declaración indagatoria por casi cinco horas y criticó la requisitoria fiscal que lo imputa por los delitos asociación ilícita y defraudación al Estado, en el marco del juicio denominado “Pibes Villeros” que investiga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales.
En esta causa están imputadas 31 personas, entre ellos la dirigente social Milagro Sala, ex cooperativistas y ex funcionarios provinciales, por supuesta defraudación al Estado, por 29 millones de pesos, presuntamente cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que, según la Fiscalía, «no fueron ejecutadas».
Abregú atacó el accionar del Ministerio Público de la Acusación al denunciar que la requisitoria fiscal que elevaron los agentes Liliana Fernández de Montiel, Filomena Ortiz y Diego Cussel, “no precisa los hechos, lugares ni espacios, donde se habrían cometido los presuntos delitos de defraudación al Estado y asociación ilícita”.
Afirmó que no “le cabe ningún delito”, ya que actuó en el marco de decisiones que le permitía el cargo que ejercía y agregó que el control de las obras estaba a cargo de los municipios a través Unidad Ejecutoras Municipal, las cuales eran las encargadas de supervisar las viviendas.
En relación a los fondos que recibió la provincia explicó que se “entregaban a los municipios en este caso de las ciudades de San Salvador de Jujuy y San Pedro, los cuales elegían las cooperativas que tenían que realizar las viviendas”.
Por otra parte, aseguró que dejó para el organismo provincial más de mil viviendas en ejecución y un activo de casi $120.000.000 para llevar adelante proyectos para avanzar contra el “déficit habitacional en Jujuy”.
«Yo no sé por qué estoy imputado en causas de fraude. Lo único que hice fue cumplir con los lineamientos internos y de la ley orgánica del IVUJ. Me llama la atención que no estén imputados los contadores de los municipios involucrados, como así también aquellos funcionarios que prestaban funciones en las Unidades Ejecutoras Municipales que debían controlar y auditar las obras”. y Gutiérrez del IVUJ cuando en los cheques están sus firmas también».
«Estuve 3 meses detenido por causas que no tenían ningún tipo de fundamento, porque los fiscales no investigaron como debía investigar. En este juicio se manejan por supuestos y por los dichos de testigos y no hay pruebas fehacientes que se cometió delito de mi parte”.
