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El mismo día en que el gobierno desarmó la unidad de investigación que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el Poder Judicial envió un mensaje contra el arrasamiento en las políticas de verdad y justicia. La Cámara de Casación les recomendó a los tribunales que intervienen en juicios por crímenes de lesa humanidad que preserven la documentación y los sitios de memoria, que son los espacios donde los delitos aberrantes se perpetraron.
La Cámara de Casación es el máximo tribunal penal del país. Lo que sucede allí impacta en todas las jurisdicciones. En 2012, dictó unas reglas prácticas para acelerar los procesos. En 2022 las renovó como forma de darle un nuevo empuje al proceso de verdad y justicia.
Hace dos años, Casación ya había hablado de la necesidad de preservar las pruebas. Con la llegada al gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, el escenario se volvió más lúgubre. El 1 de agosto pasado, un grupo de sobrevivientes se presentó en los tribunales de Comodoro Py para pedir que no se desmantelen los campos de concentración que actualmente funcionan como sitios de memoria, y sobre todo que no se despida a los trabajadores que se capacitaron y transmiten sus vivencias en esos lugares.
Inicialmente, fue el camarista Alejandro Slokar quien recibió a la comitiva, que también estaba integrada por la diputada nacional Paula Penacca (UxP), la legisladora porteña Victoria Montenegro (UxP), la abogada Myriam Bregman y su colega Pablo Llonto. También fue Alejandrina Barry en calidad de víctima del Plan Cóndor y de dirigente del PTS.
Slokar, que coordina la comisión de Crímenes contra la Humanidad de Casación, escuchó también la preocupación de los referentes de derechos humanos por la disolución de áreas de investigación como la que se ocupaba en el Ministerio de Defensa de relevar los archivos de las Fuerzas Armadas. Horas más tarde, la comitiva fue recibida también por Mariano Borinsky, presidente del tribunal.
Slokar elevó un informe a la presidencia de la Casación en el que habla de la ineludible obligación internacional asumida por el Estado argentino a la hora de esclarecer la verdad de lo ocurrido y de informar a las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto. Citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) cuando señaló que el Estado debe hacer un esfuerzo sustantivo y aportar todos los recursos necesarios para reconstruir la información que presuntamente fue destruida o que fue durante años negada.
Con respecto a los sitios –cuyos trabajadores vienen apuntados por el despidos que se deciden cada tres meses por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación–, recordaron que no solo están protegidos por la Ley de Sitios (26.691) sino que existen obligaciones internacionales de proteger la escena del crimen.
“El Estado está obligado a combatir tal situación de impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos”, dijo la Casación haciéndose eco de una sentencia de la Corte-IDH.
La recomendación salió con la firma de Borinsky, que ocupa la presidencia de Casación, y deberá impactar en los tribunales de todo el país.
Si bien hacía días que Slokar había elevado su propuesta, el texto se conoció el mismo día en que el gobierno, a través del Boletín Oficial (BO), informó que disolvía el cuerpo de la Conadi que hace investigaciones y accede a archivos estatales para buscar a los niños y las niñas que fueron apropiados durante la última dictadura.
La Cámara de Casación terminó manchada dentro del caso de la visita de seis diputados oficialistas a la cárcel de Ezeiza para entrevistarse con los genocidas que allí están presos. En los chats que aportó una de las diputadas que fue parte de la excursión, Lourdes Arrieta, puede verse que Eduardo Riggi –que hasta el año pasado integró el tribunal– sería parte de una concertación para que los represores vuelvan a sus casas.
En esos grupos de WhatsApp también se estimulaba a denunciar a Slokar y a Ángela Ledesma, miembros de la Sala II, por haber revocado la libertad condicional de Horacio Losito, un represor con tres condenas en su haber y que luchó en Malvinas junto al padre de Victoria Villarruel.
Luciana Bertoia en Página/12
