Pablo Baca, titular del Superior Tribunal de Justicia, blanco de los reclamos de la Asociación de Abogados de Jujuy

Abogados exigen «respuestas efectivas» en los casos de violencia y acoso denunciados en el Estado jujeño

La Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ) consideró «imperioso que la Justicia se expida» en los casos de maltrato, violencia y acoso denunciados por trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial, y pidió al Poder Judicial que dé a la sociedad muestras de independencia e imparcialidad.

La organización, que acompaña y asiste a víctimas que han denunciado a funcionarios públicos por violencia, maltrato y abuso, reclama a la Justicia «el efectivo acceso a mecanismos legales rápidos, eficaces, que estén a la altura de las circunstancias y respetuosos de los derechos en juego», y que se garantice «el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, pilares fundamentales de los Estados modernos».

En un comunicado, la AAJ repasa algunos de los hechos de violencia denunciados. En primer lugar, hace referencia a la denuncia que presentaron en julio una funcionaria y un funcionario del Ministerio Público de la Acusación contra su titular, Sergio lello, por acoso, maltrato y persecución laboral. «A la fecha la causa permanece paralizada (cajoneada), el denunciado ni siquiera ha formulado su descargo, por supuesto ni siquiera se ha sustanciado la prueba ofrecida», revelan.

«Esta situación resulta inadmisible por la gravedad que revisten las denuncias», agregan los abogados.

Luego menciona la reciente denuncia por acoso laboral, abuso de autoridad y violencia contra el ministro de Trabajo y Empleo de la provincia, Jorge Cabana Fusz. «De manera aviesa, el funcionario sólo atinó a ‘pedir licencia’, permaneciendo su vinculación con el Gobierno provincial», señalan, y califican la situación de «vergonzosa».

En este punto, reclaman acciones «para alejar la sensación de impunidad que se cierne sobre jujeños y jujeñas que, aun así, siguen esperando y confiando».

Otro de los casos de los que se ocupa la AAJ es el de Néstor Navarro, exsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, denunciado en agosto de 2019 por una adolescente por un supuesto de abuso sexual intrafamiliar. «Si bien el funcionario renunció a su cargo, y a la fecha ha sido imputado, debe llamar a la reflexión el hecho de que haya sido la persona encargada en la Provincia entre otras cosas de ‘Prevenir el delito desde la coordinación de acciones Estado-Comunidad y aportar a la gestión ministerial una visión social de la violencia y el delito fortaleciendo la contención en hechos acaecidos y la prevención ante situaciones de riesgo'», remarcan.

Finalmente, mencionan las situaciones de maltrato, persecución y violencia laboral a empleadas de las Secretarías de Niñez y Paridad de Género denunciadas por gremios estatales, «lo que solo desnuda la falta total de compromiso de organismos que fueron creados exclusivamente para la atención de grupos vulnerados y en definitiva, al Estado Provincial respecto de la seriedad con que se atiende el tema de la violencia».

Para los abogados y abogadas de la AAJ, todas estas situaciones «evidencian un serio deterioro en la calidad de las instituciones», por lo que exigen «respuestas de oficio y sin dilación, serias y efectivas».

Lamentan además que el Consejo Provincial de la Mujer no se haya expedido públicamente sobre estos casos, «limitándose solo a la mera presentación de un protocolo» para atender los casos de violencia contra las mujeres en la administración púublica.

Y agregan: «Lo más inaceptable y vergonzoso, ya que parece un insulto a las víctimas, la firma de un convenio de colaboración con el titular del Ministerio Público de la Acusación, funcionario altamente cuestionado y denunciado por tratos humillantes y denigrantes a sus empleados y empleadas».

El reclamo de la AAJ está dirigido principalmente al Poder Judicial, para que investigue y tome «decisiones firmes y ejemplares que den cuenta, que todavía se tiene algún respeto por las víctimas, el Derecho y las Instituciones», pero dedica además el cierre del documento al Poder Ejecutivo, al que exige «gestión y políticas publicas serias y reales de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres demostrando fehacientemente que es una prioridad en la agenda pública local».

Leé el documento completo

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