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Comunidades marcharán una semana por la derogación de la ley de Servidumbre

El viernes parte de La Quiaca una marcha de comunidades indígenas, que irán bajando por toda la Quebraba hasta llegar el 23 a San Salvador de Jujuy. Bajo la consigna «Por la vida de nuestros territorios», reclaman la derogación de la ley de Servidumbre y el fin de la criminalización de la protesta, entre otros puntos.  

«Esta marcha es decisión de reuniones quincenales que se hicieron desde mayo de 2016 en los distintos lugares de la Quebrada, Puna y Valles de lo que llamamos nosotros las comunidades indígenas libres», relató a El Submarino Radio (91.5) Raúl Sajama, representante de la comunidad de Angosto El Perchel.  

Los reclamos son varios. El principal, que se derogue la Ley de Servidumbre 5915, que consideran inconstitucional y fue repudiada por comuneros de toda la provincia en diciembre pasado. «En el último diálogo, el 7 de diciembre, estuvieron presentes los representantes de la Legislatura y del gobierno, y de los más de 150 representantes de comunidades indígenas tan solo uno se manifestó a favor de esta ley, modificándola o adecuándola. Los restantes le dijeron un rotundo no», repasó Sajama.

Las comunidades rechazan esta  ley porque consideran que va en desmedro de los bienes naturales y de sus derechos como pueblos preexistentes, al tiempo que beneficia la actividad de las empresas extractivistas. El título completo de la ley habla de “Servidumbres administrativas de electroducto y régimen especial de constitución de servidumbres administrativas para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables sobre inmuebles de propiedad comunitaria”. 

Los comuneros denuncian que la ley se aprobó sin que se hubiera cumplido con la consulta previa ni mucho menos con su consentimiento, que avanza contra sus derechos y que favorece la actividad de las megamineras y otras empresas privadas en perjuicio de los pueblos preexistentes y el mismo medioambiente.

En el documento que difundieron a propósito de la marcha que iniciarán el viernes, mencionan en particular el proyecto Chinchillas, «que usaría y contaminaría grandes cantidades de agua y territorio, esto ante la preocupación por la sequía que afecta al Monumento Natural Laguna de Pozuelos y la puna entera». 

Reclaman también el fin de la criminalización de la protesta social e indígena y del modelo económico que incluye medidas como ajustes y tarifazos, «desfavoreciendo a los sectores de la sociedad más vulnerables y favoreciendo a las grandes empresas». 

«Hay un proceso de criminalización de la gente que se manifiesta en defensa de los derechos que están establecidos en las leyes», afirmó Sajama, y agregó: «Esto no es un capricho, la Constitución lo dice».

Se refirió luego a los casos puntuales de Cueva del Inka y de una comunidad de Volcán: «Cuando exigieron que se cumplan sus derechos constitucionales y dentro del marco legal, fueron criminalizados y los procesaron. Eso está mal, porque estamos exigiendo que se cumpla la ley. Si ese es un motivo para criminalizar, no sé en qué país estamos».

«Con dos o tres procesamientos más, terminamos guardados tras las rejas, y esa parece ser la intención», advirtió.

-¿Por qué se denominan «Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres»?

-Porque vemos que hay muchas comunidades y dirigentes de comunidades a los que, por miedo o por presión económica, por alguna razón, el gobierno está induciendo a la no participación y al no pronunciamiento. Lamentablemente muchas comunidades son de zonas altamente vulnerables, donde no hay un ingreso económico permanente. Por ejemplo, hay falta de agua en la puna y el gobierno en vez de intentar ver las causas o pensar un plan a largo plazo, manda agua o forrajes que no alcanzan para todos. Y mientras tanto, desde que está este gobierno, todos los meses el sector tabacalero recibe millones de pesos.

-¿Qué opinión tienen de la secretaria de Asuntos Indígenas de la provincia, Natalia Sarapura? 

-Nosotros no la reconocemos como autoridad. Sí la reconocemos como representante del Estado frente a los indígenas. O sea, ella está en la vereda del gobierno, no está para defender los intereses de las comunidades en sí. En el decreto donde se la designó dice que su función es «asesorar en el gobierno». Pero igual le compete. Por la ley de ética, ella debería haber denunciado la ley de servidumbre, porque no puede desconocer la Constitución, no puede desconocer que esta ley 5915 viola la ley 24071 nacional y algunos artículos. Llamativamente, el fiscal anticorrupción ni se ha pronunciado, cuando él podría intervenir de oficio. Por eso decimos que no hay ciudadanos; hay hijos y entenados y guachos.

El itinerario 

17 de marzo: Protesta en La Quiaca

18 de marzo: Protesta en Abra Pampa

19 de marzo: Protesta en Humahuaca

20 de marzo: Protesta en Tilcara

21 de marzo: Ceremonia en Purmamarca (cruce)

22 de marzo: Mink’a en Volcán y Bárcena

23 de marzo: Protesta en San Salvador de Jujuy

24 de marzo: Por la Memoria, Verdad y Justicia

 

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