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Denuncian persecución y acusan a Rivarola y Morales por la suspensión de una legisladora

«La alevosía de esta persecución reúne las características propias de la tipificación de violencia política», apuntaron veinticinco mujeres con trayectoria pública que se presentan como «mujeres peronistas, feministas y militantes de distintos signos políticos».

Este grupo de mujeres se solidarizaron con la diputada provincial de Jujuy Alejandra Cejas, suspendida por 90 días el último viernes, y acusaron al titular del PJ jujeño, Rubén Rivarola, de encabezar «una feroz persecución política» contra la legisladora en el marco de «un pacto patriarcal y antidemocrático con el gobernador Gerardo Morales».

Las firmantes, entre las que se encuentran diputadas nacionales Vanesa Siley (Frente de Todos-Buenos Aires), Hilda «Beba» Aguirre (FdT-La Rioja) y Mónica Macha (FdT-Buenos Aires), la directora del Banco Provincia Juliana Di Tullio y la exlegisladora Mónica Durrieu, advirtieron que «la alevosía de la persecución» contra Cejas debería encuadrarse en las leyes 27501/19 y 26485/09, de Protección Integral de la Mujer.

En diálogo con Télam, y al ser consultada por la suspensión en sus funciones, votada por dos tercios de la Legislatura tras una moción presentada por Rivarola, Cejas aseguró que en Jujuy «cualquier diputado o diputada que enfrente al binomio Morales-Rivarola (por el gobernador Morales y el titular del PJ) es objeto de la estigmatización, o de que te suspendan y te saquen, por el hecho de no ser afines a esta gente».

«Acá en Jujuy, los diputados no podemos ser opositores, pretenden que nos callemos o decir lo que quieren Morales y Rivarola», agregó y luego contó que en agosto y septiembre del 2020 ella presentó «dos pedidos de intervención» ante el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para solicitar que esa cartera se involucrara en los hechos ya que, planteó entonces, se consideraba víctima de «un ejercicio de violencia pública y política» como mujer legisladora, «en el marco de la ley 26485 y sus modificatorias».

En la carta pública en solidaridad con Cejas, las firmantes remarcaron que la «persecución política» contra la diputada jujeña «reúne las características propias de la tipificación de violencia política incluida por la ley 27501 en la ley 26485, a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política».

Y en ese sentido, enumeraron una serie de hechos padecidos en los últimos meses por la legisladora: «Injerencia en la vida privada, separación de su hijita, acoso jurídico, policial y mediático, exclusión del cuerpo legislativo».

Además, en el pronunciamiento se recordó que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana de Belém do Pará del año 1994, realizada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, estableció que «la violencia que se ejerce contra las mujeres en la vida política constituye una grave violación de los derechos humanos y es una amenaza para la democracia».

La carta pública fue suscripta también por la periodista Stella Calloni, la exembajadora en Cuba Juliana Marino, la legisladora porteña Lorena Pokoik, la directora de Género e Igualdad de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Araceli Ferreyra; y la directora de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Naddeo.

Se sumaron Virginia Franganillo, Nelly Minyersky, María Rosa Martínez, Salma Haidar, Norma López, María del Carmen Feijoo, Ana Falú, Pamela Ares, Paula Ferro, María Raigada, Judith Said, Yamile Socolovsky, Marta Vasallo, Ana González y Alejandra Tolosa.

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