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Mientras en la Cámara de Diputados debatían la ley de Solidaridad Social , en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, Matias Kulfas (Desarrollo Productivo) y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz le confirmaron a unos 19 dirigentes sindicales de la CGT y las CTA que la próxima semana el presidente Alberto Fernández firmará un decreto que estipula un aumento salarial para trabajadores registrados del sector privado.
El monto no trascendió pero los funcionarios indicaron que está destinado para los sueldos más bajos y se tomará como adelanto de paritarias. También está en estudio que ese aumento contemple a los estatales.
Hasta la Rosada llegaron, entre otros, por la CGT Héctor Daer (sanidad), Carlos Acuña (garajes), Antonio Caló (UOM), Omar Viviani (peones de taxi), José Luis Lingeri (obras sanitarias), Sergio Palazzo (bancarios), Omar Maturano (la Fraternidad) y Hugo Moyano (camioneros). En tanto que por las CTA estuvieron Hugo Yasky, Edgardo Llano, Daniel Catalano, Hugo «Cachorro» Godoy y Ricardo Peidro, entre otros.
Durante el encuentro los gremialistas plantearon con cierta vehemencia la necesidad de recibir una ayuda para las obras sociales porque, además de la deuda que mantiene el Estado con estas instituciones, tienen otro problema serio que es el de hacerse cargo de patologías poco comunes que exigen la compra de medicamentos en el extranjero con el consiguiente pago en dólares. La mayoría de los presentes relataron las penurias que genera esta situación sobre todo tras las devaluaciones del peso que provocaron las políticas del gobierno de Mauricio Macri. A ese contexto hay que sumarle el creciente desempleo pero que los gremios decidieron mantener el servicio de obras sociales para esos trabajadores caídos del sistema. Todo eso conspira, afirmaron los gremialistas, con las arcas de las obras sociales.
Los funcionarios nacionales fueron comprensivos con los reclamos pero insistieron en la necesidad de que respalden al gobierno de Fernández. Les explicaron que la preocupación principal de la Rosada es ayudar a los más desprotegidos y por eso el plan contra el hambre. Es más, confirmaron la decisión del presidente Fernández de implementar, a través de un decreto que se conocerá la próxima semana, un incremento salarial destinado a los sueldos más bajos del sector privado y que se deberá tomar a cuenta de las futuras paritarias. El detalle es que el monto que decretará el gobierno será un piso mínino que deberán pagar las patronales. Ahora, si cada gremio negocia una cifra superior con su patronal será fruto de la habilidad del sindicato en cuestión.
Los gremios estatales plantearon la necesidad de que este incremento también los incluya. Luego de un cruce de argumentos se acordó que el gobierno estudiará el mecanismo y el monto para extender este incremento de emergencia para los empleados de sueldos más bajo del Estado.
La cifra y la fecha en que se pagará este incremento no está todavía definido. Los funcionarios dijeron que podría ser durante la próxima semana porque antes quieren que esté sancionada la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica.
Si bien la confirmación de los funcionarios podría ser considerado una buena noticia, algunos de los dirigentes sindicales intentaron dearrollar algunos reclamos. Los ministros fueron cautos y hasta comprensivos con sus interlocutores y durante las tres horas de conversación le dieron todo tipo de argumentos para demostrar la seriedad de la crisis. Beliz, en más de una oportunidad, reiteró que el presidente Fernández no hará nada que perjudique a los trabajadores e insistió en la necesidad de que el sindicalismo acompañe y defienda al gobierno nacional. Pero como los reclamos no parecían tener fin, el jefe de Gabinete tomó la palabra y, según relató uno de los presentes, le dijo que es tan mala la situación que el gobierno nacional emitirá, en las próximas horas, decretos que determinan el reperfilamiento de vencimientos por casi 9 mil millones de dólares. Esto implica que se diferirán el pago de las Letes en dólares que vencen este viernes y de los vencimientos que se vayan produciendo de acá hasta el próximo agosto . Una información que silenció a los sindicalistas y marcó el fin de la reunión.
Por Felipe Yapur, en Página/12
