Por Alejandra Cejas*. No pocas veces el radicalismo ha generado las condiciones de callar a quienes somos opositores. No pocas veces lamentablemente en Jujuy debemos sufrir los embates que se generan desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En lenguaje simple, violentaron a la Dra. Silvana Llanes en dependencias judiciales y en vez de defenderla a ella como mujer y abogada del foro, la jueza Mónica Cruz Martínez ordenó un bozal legal para ella como víctima, y para sus abogadas ordenó silencio para que el victimario siga impune.
Cada vez los ataques a la oposición son más certeros, más quirúrgicos, más arteros, más delirantes. El último fue el bozal legal que nos tocó sufrir, en plural, a tres abogadas del foro: además de Llanes, Mariana Vargas y Alejandra Cejas. La primera, víctima de un hecho de violencia; las dos restantes, abogadas defensoras. Las tres con una orden de la magistrada, silenciando a la víctima y a sus abogadas. Hecho inédito.
En lenguaje sencillo, un bozal legal es una orden de silencio para callar a un ciudadano sobre determinada causa. Claramente, en una causa de violencia debe interponerse el secreto de sumario –que sería obligatorio para las partes, algo que en esta causa no se hizo–, y por ello una jueza sin competencia, porque no es jueza civil, somete a víctima y sus defensoras a una orden para que no hablen de un victimario del poder de Jujuy.
El pedido para que la jueza interpusiera un bozal legal fue presentado por un funcionario de poca monta de Palpalá, un rivarolista. Como se imaginará el lector, en una democracia de ficción como la actual, estamos lastimosamente acostumbrados a tener que soportar decisiones violatorias de la igualdad ante la ley y del debido proceso.
Que en pleno siglo 21 se imponga un bozal legal para defender a un violento de la política, describe a la dictadura en la cual realmente vivimos.
Obviamente, la medida fue recurrida y está apelada en términos jurídicos por ilegal, por inconstitucional y por ser una medida violenta.
La provincia de Jujuy, se ha convertido en un fascismo de alta intensidad, hace varios años. Quienes se oponen al régimen del poder que gobierna, son baleados, gaseados, encarcelados, carpeteados, perseguidos, hostigados y también callados. Y cualquier vía es válida para ese fin.
No es novedoso que tres abogadas de Jujuy, las cuales ya son perseguidas con carpetazos y hostigamientos familiares, deban soportar un bozal legal impuesto por una jueza de violencia de género que demostró ser del poder radical, la jueza de los violentos, la que violenta. De Derecho, poco y nada.
Para sobreabundar, callar a un defensor judicial es callar a la víctima. El silencio siempre es cómplice del poder, siempre beneficia a los que se creen impunes. Callar a un abogado que ejerce la defensa con la voz es reconocer que no hay democracia en Jujuy.
Si tres abogadas se callaron por un tiempo –y el bozal legal fue por las elecciones, no tengo ninguna duda–, no fue por imposición de una jueza que responde al poder de Jujuy, sino por la poca entidad que tiene un personaje oscuro de las filas del poder, del cual poco hay que decir, pero Cruz Martínez lo engrandeció y le dio impunidad a su poder, a su imagen.
Es tan raro todo en Jujuy, una provincia que ostenta los más altos niveles de femicidios y de violencia de género y del otro lado, una gran cantidad de juezas que apañan a violentos.
Seguramente en unos días se empezará a conocer sobre este caso, uno de cientos de casos de femicidios, de usurpación del estado, de daño a comunidades, de encarcelamientos sin causa, de todo tipo de fechorías que comete un estado fascista. Y este caso será recordado como uno menor, de un violento más de los tantos que andan por el gobierno, pero que revela el verdadero anhelo del poder: callar a quien se opone a la impunidad que los protege.
No era mi intención escribir en tercera persona, pero es muy doloroso escribir en primera persona. Conozco a la magistrada, es la jueza que cuando acudí a la justicia de violencia de género ejercida sobre mí por uno de los patrones de Jujuy, Rubén Rivarola, denunciado por los negocios con el exgobernador Gerardo Morales en una sesión pública de la legislatura de Jujuy, lo protegió a Rivarola, quien se presentó con su abogado, Martín Llamas, hoy cortesano de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy. Los nombres del poder protegidos por la red gestada en el Poder Judicial de una provincia que no tiene nada de republicana y democrática porque defiende al poder y no a las víctimas.
La jueza Cruz Martínez desestimó mi denuncia en cuatro horas, luego de la sesión en la que le dijeron que le harían juicio político. Así de rápida es para dictar medidas.
Y hablar de los nombres y hombres del poder que cobran sueldos del estado, parece que es delito. Hay bozal legal para la democracia.
Entenderá el lector que si algo no va a conseguir el poder de Jujuy es el silencio cómplice de quienes –como las abogadas a quienes la jueza quiere silenciar- ejercemos el derecho con pasión y lealtad a nuestros clientes.
Está demostrado que el miedo y el silencio sólo lo pueden exigir a los cada vez más pocos fanáticos delirantes que tienen. Los verdaderos hombres y mujeres de la democracia no tenemos miedo de hablar, de explicar, de defender y de pelear causas justas.
Cada vez le quedan menos días al pobre régimen fascista de Jujuy, que atraviesa un derrotero de pérdida de poder, del poder político, del poder judicial. Urge la intervención judicial de Jujuy. Es todo cada vez es más bochornoso y delirante. El 99% está a merced de políticos que creen que hacen justicia cuando sólo son empleados del engranaje del poder político de la provincia. Un horror.
Debo reconocer que no todos son iguales, que no todos en el poder judicial se merecen el mote de ser piezas del engranaje del poder político de Jujuy. Pero son pocos. Espero que los decisores judiciales puedan ejercer una verdadera independencia y defender la justicia, que es para lo que fueron designados.
También debe exigirse al foro de abogados que salga a defender a los jujeños sin miedo, sin callarse, sin defeccionar. Los jueces no son electos por el pueblo, son seleccionados por el poder, no tienen una legitimidad de origen para el cargo ni un mandato divino. No hay que tener miedo.
El primer acto defensivo de un abogado y abogada es hablar sin miedo de los derechos de su cliente. Este es un llamamiento a todos los colegas: defiendan sin miedo, denuncien sin miedo. La ciudadanía de Jujuy y las futuras generaciones se lo van a agradecer.
* Abogada del foro local