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El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó este miércoles su lucha por «rescatar la democracia» de las manos de «élites político-criminales» de su país, durante una visita a Costa Rica donde se reunió con el mandatario Rodrigo Chaves, quien le auguró «el mayor éxito» al gobierno que debe iniciar a mediados de enero.
Guatemala «se encuentra luchando en este momento para lograr rescatar la democracia, su Constitución, el proceso democrático de las manos de las élites político-criminales que las están conculcando en este momento», afirmó Arévalo en conferencia de prensa en la Casa Presidencial en San José.
Arévalo, quien debe asumir como presidente el 14 de enero, está siendo «atacado» por la Fiscalía, dijo por su parte Chaves.
Desde que Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta presidencial en junio, e incluso luego de consagrarse electo en un balotaje en agosto, el Ministerio Público de Guatemala buscó cancelar su partido Movimiento Semilla, solicitó el despojo de su inmunidad, acusó de anomalías al tribunal electoral y, en su avance más reciente, consideró «nulos» los comicios.
«El gobierno de la República de Costa Rica ve con enorme preocupación, y censuramos enérgicamente, las acciones de la Fiscalía de Guatemala que atentan contra la democracia en ese país, el Estado de derecho, la separación de poderes y la transición pacífica del mandato presidencial», dijo el mandatario costarricense.
Ante la «gravedad de esos hechos», agregó Chaves, «Costa Rica ha expresado su rechazo a las acciones de la Fiscalía».
«Yo creo, tengo fe y le pido a Dios que usted se le inaugure como debe ser. Que tome posesión el 14 de enero. Y le auguro el mayor éxito a su gobierno, porque el éxito de su Gobierno va a ser el éxito del pueblo guatemalteco, que tanto necesita volver a recuperar la fe y la esperanza en la democracia», expresó Chaves.
Arévalo denunció la semana pasada que las acciones de la Fiscalía son «un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso» que busca evitar su asunción como presidente.
El Tribunal Electoral de Guatemala informó que los resultados de las elecciones «están oficializados y son inalterables» pese a los intentos del Ministerio Público para anularlos.
Los distintos intentos por evitar la asunción de Arévalo han sido resistidos por manifestaciones en las calles.
Repudios
Los países del Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron las maniobras de la Fiscalía guatemalteca contra Arévalo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre «una inminente ruptura del orden constitucional» en Guatemala, debido a las actuaciones «arbitrarias» del Ministerio Público contra el proceso electoral, que provocó «una grave crisis política e institucional».
Los diputados del Parlamento Europeo aprobaron este jueves una resolución no vinculante que pide la adopción de sanciones contra los responsables por «la tentativa de golpe de Estado» en Guatemala al pretender «invalidar los resultados de las elecciones generales» en las que se impuso Bernardo Arévalo.
El texto de la resolución pide medidas restrictivas contra la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, así como el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otras personas.
Esos funcionarios, apunta el documento aprobado, «están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición», informó la agencia de noticias AFP.
La resolución condena «el intento de golpe de Estado y los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala».
Los legisladores añadieron que ese empeño se apoya en «acusaciones infundadas de fraude» y por ello pidieron «que se ponga fin de inmediato a estas acciones».
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que hay en marcha un «intento de golpe de Estado, encabezado por fiscales políticamente motivados», y amenazó con sanciones.
