Sin edificio propio ni equipamiento, con recursos insuficientes y trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras el personal jerárquico cobra sueldos de varios millones, la Auditoría General de la Provincia no está en condiciones de cumplir con su tarea, ni siquiera las que realizaba el anterior Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas se convirtió en Auditoría General de la Provincia el 10 de diciembre de 2023, de acuerdo a la Constitución reformada que se aprobó en junio de ese año y la ley aprobada por la Legislatura antes de la finalización del mandato del entonces gobernador Gerardo Morales.
«La Constitución modificó las funciones del organismo reduciéndolas, limitándolas», sintetizó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Susana Ustárez, secretaria general de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC). Y agregó: «Lo único efectivo es que cambió la denominación, porque las tareas de control se redujeron».
La sindicalista adelantó que la próxima semana van a dar una serie de charlas y conferencias para informar a la ciudadanía «los problemas de implementación» que están padeciendo en el organismo. «Vamos a sacar a la luz que a casi un año de haberse implementado, este gobierno no termina de dotar al organismo ni de funciones ni de recursos ni de capacitación ni nada», señaló.
Lo cierto es que hoy la Auditoría no cuenta con un edificio -sigue funcionando en el mismo lugar del anterior Tribunal de Cuentas- ni un equipamiento adecuados. En la página web del organismo no hay publicado ningún informe. Tampoco se dan capacitaciones al personal, que carecen de una carrera administrativa. Sin contar, por supuesto, con el atraso salarial que padecen los empleados, al igual que en el resto de la administración pública.
La situación de los trabajadores de la Auditoría no es grave solo en términos salariales, sino que además se encuentran con serias limitaciones para cumplir con su tarea, por la falta de recursos. Ustárez enumeró: «No tenemos edificio, no tenemos parque automotor para desplazamientos, no tenemos equipamiento informático ni en cantidad ni calidad adecuadas, no tenemos capacitación, no tenemos carrera administrativa, no tenemos remuneraciones proporcionales. Así, no podemos funcionar de manera adecuada».
«El esquema de control en Jujuy es muy precario, muy básico, y está muy limitado de recursos», dijo, y reveló que en la última reunión paritaria «el gobierno ha declarado que el control para ellos no es prioridad».
Para la sindicalista, «lo que se quiere es el no control, la no transparencia, y así se favorece la corrupción».
Ustárez considera que es clave que la comunidad conozca la situación por la que atraviesa ese sector. «Hoy hay una gran demanda social por el control, a diferencia de lo que pasaba antes, que el control ni se sabía quién lo hacía o para qué se hacía. Hoy se habla todo el tiempo de auditorías, de controles, de lucha contra la corrupción, de transparencia. Entonces vamos a ponernos en sintonía con eso para exhibir, visibilizar y concientizar sobre la situación de los organismos de control».
«El gobierno no está respetando la ley orgánica de la Auditoría que se sancionó en la Legislatura, que manda que se trata de un organismo autárquico, que debe tener un presupuesto propio adecuado a su funcionamiento y administrado de manera autónoma. Eso no se está respetando», afirmó.
‘Pirámide rota’
El presidente del nuevo organismo de control es el exgobernador Walter Barrionuevo. Tal como establece la Constitución, ese cargo es propuesto por el bloque opositor con mayor número de diputados. Los auditores generales, en tanto, son postulados por el Poder Ejecutivo. Todas las designaciones se aprueban en la Legislatura.
Según se informa en la web del organismo, los y las auditoras generales son Nora Del Valle Millone Juncos, Carlos Romeo Alfonso, Rene Antonio Barrionuevo Lacour, Mariana Leonor Bernal, Juan Francisco Burgos y Felipe Javier Albornoz. En tanto, los y las gerentas son
Flavia María Hubeid, Luis Fernando Sadir, María Guadalupe Vasquez y Jorge Rolando Vera.
La normativa establece que el titular de la Auditoría debe recibir un salario igual al de un vocal de cámara de la justicia, que hoy promedia los 8 millones de pesos, incluso más de lo que cobra el gobernador o los miembros de la Corte Suprema de Justicia local. «Es lo mismo que cobran el Defensor del Pueblo, la jefa de la Oficina Anticorrupción y varios otros funcionarios, según la Constitución. Y son salarios intangibles. Es decir, no se los puede manejar, no hay paritaria, no hay nada», explicó Ustárez.
El problema, detalló la especialista, es que los jerárquicos del organismo tienen sus sueldos adecuados, mientras que los salarios del personal mantienen un atraso cada vez más profundo, muchos por debajo de la línea de pobreza.
«Hay un quiebre escalafonario enorme entre los funcionarios cabeza, los intermedios y el personal, que está dividido en profesional, técnico, administrativo y de servicios. La pirámide está rota, totalmente descuadrada. Es una inequidad, un insulto, un destrato institucional muy grave», detalló.
Si bien la Auditoría está en el centro de esta polémica, no es el único caso en el que se evidencia la falta de interés del gobierno provincial en poner en marcha los mecanismos de control. Ustárez mencionó como ejemplo el caso de la Sindicatura de la provincia, que existe en la Ley de Administración Financiera hace 24 años pero no funciona.
Esto hace que la Auditoría esté actualmente concentrando todas las tareas de control. «Si se lo pone de rodillas en cuanto a sus recursos y su capacitación, y si el personal sufre una inequidad insultante, no tenemos control», concluyó Ustárez.