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La CGT declaró un paro general nacional a partir de las 12 del miércoles 24 de enero, que incluirá una masiva movilización al Congreso, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica dictado por el Gobierno, informaron fuentes gremiales.
La central obrera realizará el 10 de enero en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 un plenario nacional de delegaciones regionales, informaron los voceros de la CGT.
El máximo órgano ejecutivo de la central sindical sesionó desde el mediodía de este jueves para analizar la instrumentación de un plan de lucha y, ante la presión de la mayoría de las organizaciones confederadas, convocó a una huelga nacional para el 24 de enero.
Hasta el miércoles las fuentes gremiales habían señalado a Télam que la aplicación de ese plan de acción iba a ser «gradual» e iba a comenzar con «el ejercicio de la presión sobre la totalidad de los bloques parlamentarios de ambas cámaras legislativas».
También habían asegurado que la CGT iba a «monitorear» el clima social durante todo el mes de enero y, probablemente, declarar una huelga nacional para febrero próximo, pero la presión de las entidades sindicales determinó fijar la fecha para el 24 de enero.
Tanto el cotitular de la central obrera, Héctor Daer, como el jefe de la Asociación Bancaria (AB) e integrante del consejo directivo de la CGT, Sergio Palazzo, habían, sin embargo, anticipado al ingresar a la sede de Azopardo respecto de la posibilidad de declarar este jueves un paro nacional a partir de «las consecuencias nocivas de este DNU».
Palazzo reclamó a la justicia que observe «con mucho detenimiento» esa iniciativa del presidente Javier Milei, porque la medida atenta contra «la situación de los trabajadores», a la vez que denunció que «arrogarse las facultades de legislar durante dos años, con posibilidad de extenderlo otros dos más, significa eliminar prácticamente el Congreso».
Daer había señalado a la señal TN que «la incorporación del DNU a la Ley ómnibus aumentó la maldad de forma exponencial», y aseguró que «el Presidente reclamó facultades muy amplias hasta declarar una guerra total durante dos años».
«El Presidente pide facultades amplísimas hasta declarar una guerra, por dos años», dijo Daer en esa oportunidad, al tiempo que sostuvo que las iniciativas «van en contra de toda la sociedad».
La CGT apeló la decisión del Juzgado de Trabajo que negó suspender el DNU
La Confederación General del Trabajo (CGT) apeló este jueves la resolución con la que el juez del Trabajo, Ignacio Ramonet, desestimó el dictado de una medida cautelar «interina» para suspender la vigencia de artículos vinculados a la reforma laboral incorporada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno que desregula la economía.
«Nos cuesta imaginar por qué razón un juez de trabajo considera que los trabajadores no son socialmente vulnerables cuando se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos», indica el texto de la apelación firmada por los secretarios generales de la CGT Héctor Daer, Pablo Hugo Moyano y Carlos Alberto Acuña.
«La aplicación inminente irrogará un daño de relevancia, tanto para las asociaciones sindicales como para los trabajadores, porque el DNU 70/23 cercena derechos adquiridos de protección constitucional en el ya citado art.14 bis y en las normas internacionales», resaltó.
El miércoles, el juez Ramonet desestimó la cautelar de la CGT al argumentar que el decreto presentado por el presidente Javier Milei la semana pasada «todavía no se encuentra vigente».
Además, el magistrado resolvió asumir la competencia para tramitar una demanda de inconstitucionalidad presentada por el gremio y le dio tres días al Gobierno Nacional para responder, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
«No encuentro que se den razones ‘graves y objetivamente impostergables’ (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar ‘interina’, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia», fundamentó el magistrado.
La CGT reclamó que «se declare la inconstitucionalidad del Título IV del DNU 70/23 y, como medida cautelar, se suspenda la aplicación del mismo».
