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Sebastián Copello, del Polo Obrero; Juan Chorolque, del MTR 12 de Abril de Jujuy, Verónica Urzagasti, del Movimiento Argentina Rebelde (MAR), se presentaron este martes ante el fiscal Diego Funes en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde fueron notificados del pedido de elevación a juicio de la causa penal que se les inició, acusados del delito de «entorpecimiento de transportes y servicios».
La causa se inició a partir de una movilización que realizaron organizaciones sociales el 3 de marzo pasado para protestar por la falta de respuesta a sus reclamos de asistencia para los merenderos y comedores que gestionan. Además de las tres agrupaciones cuyos referentes están siendo ahora juzgados, marcharon ese día la William Cooke, Torre, el MTL y Cuba MTR, entre otras.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Copello recordó que esa manifestación se organizó «luego de decenas de petitorios y de movilizaciones a la Suceppi», que es la Secretaría de Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.
«Al no tener respuesta, llegamos al hartazgo. Porque estábamos reclamando algo tan elemental como asistencia a merenderos y comedores», agregó el dirigente.
En el pedido de elevación a juicio, el fiscal Diego Funes, de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2, describe la manifestación que se realizó en la Av. Savio, a la altura del Hipermercado Comodín, en el barrio Coronel Arias.
Además de mencionar que cortaron el paso del transporte público, el escrito señala que quemaron «cinco neumáticos». Por esta última acusación, originalmente se los había imputado de «contaminación ambiental», lo que quedó desechado en esta acusación. «Lo sacaron porque era un papelón», señaló Copello.
El dirigente advirtió que en esta causa «están aplicando el artículo 194, creado por el dictador Onganía para frenar las movilizaciones que había en ese tiempo y que hoy usan todos los gobiernos para cualquier cosa. Una ley de la dictadura les sirve a todos los gobiernos para criminalizar la protesta y Morales la usa todo el tiempo».
El juicio que deberán enfrentar estos tres dirigentes por la movilización del 3 de marzo pasado no es el único. Ya atravesaron un juicio contravencional en el que los procesaron por los mismos delitos: obstrucción del transporte y contaminación ambiental por la quema de neumáticos.
Copello relató: «En el contravencional me condenaron a pagar una multa de 400 lucas por obstrucción del transporte público, pero fuimos sobreseídos en la de contaminación ambiental. Ahora la primera pasa al ámbito penal, es decir que me juzgan por doble vía por el mismo hecho».
«Un delito contravencional no es un delito penal; no puede haber un delito que tenga las dos caracterizaciones», indicó, y agregó: «Esto pasa sólo en esta provincia».
La condena a pagar una multa fue apelada y aún se espera una respuesta del juzgado contravencional. Si confirma la sentencia, recurrirán al Superior Tribunal de Justicia.
Sobre la velocidad con que avanzó este proceso penal, Copello comentó: «Usan estas causas cuando tienen una intencionalidad política. Las sacan cuando quieren o las cajonean. Es que el MPA es la oficina del brazo persecutorio de Morales».
Los tres dirigentes van a apelar la elevación a juicio.
-¿Qué pasó al final con la asistencia a los comedores que estaban reclamando?
-Nada, nos tienen sin respuesta. Teníamos un compromiso en la Suceppi, pero cuando se cayó la reforma constitucional volvieron atrás con el compromiso. Es decir, iban a aceptar asistir a los merenderos y comedores porque se venían elecciones, pero al patear la constitucional para adelante, dejaron de responder.
Represión y detenidos en la jornada de protesta del Frente de Lucha Piquetero de Jujuy
