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Foto: Télam

Prisión preventiva para tres policías de CABA por el homicidio calificado de Lucas González

Tres policías de CABA fueron procesados hoy con prisión preventiva por el homicidio calificado de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a balazos el 17 de noviembre último en el barrio porteño de Barracas, por considerar que procedieron de forma «arbitraria, irracional e ilegal» y que luego «urdieron una trama para tergiversar los hechos».

La resolución del juez de Instrucción Martín Del Viso recayó sobre los efectivos Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi, a quienes también les trabó un embargo de 1.800.000 pesos sobre sus bienes a cada uno.

«Es histórico. Hace dos semanas era un enfrentamiento, los pibes estaban presos y los policías libres. No salen más», dijo a Télam Gregorio Dalbón.

Según el fallo de 91 páginas al que accedió Télam, el magistrado los procesó por el homicidio doblemente agravado de Lucas «por haber mediado alevosía y por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones», en concurso ideal con la «tentativa de homicidio agravado por idénticos incisos» de los tres amigos que iban con el adolescente al momento del ataque.

También los consideró «coautores materiales» del delito de «falsedad ideológica» y de la «privación ilegal de la libertad» de los tres chicos que fueron detenidos tras los disparos. Para el juez, la persecución que terminó con el ataque a balazos fue «arbitraria, irracional e ilegal».

«El personal policial sin motivos suficientes como ya dijéramos y afirmáramos y sin realizar ningún tipo de acto previo (…) tomó la decisión de sobrepasar el vehículo de las víctimas y cruzarlo impidiéndoles el paso. Posteriormente a ello, reitero, sin ningún tipo de dato objetivo que les permitiera inferir que su vida peligraba, optaron por descender del vehículo con el arma en mano en inmediata condición de uso, a plena luz del día en una zona poblada de la Ciudad de Buenos Aires y en el medio de una avenida», añadió.

«Pero como si esto fuera poco, no solo sin contar con absolutamente ningún dato objetivo, sino sin que su vida corriera riesgo, (…), atentaron contra la vida de quienes circulaban a bordo de ese rodado y culminaron triste y lamentablemente con la vida de un adolescente de tan solo 17 años de edad», afirmó el juez.

El magistrado hizo «especial hincapié en que se han despejado todo tipo de dudas» respecto a que las víctimas «no contaban con ningún elemento relacionado con un arma de fuego, ni con un elemento contundente que le hubiera permitido al personal policial suponer que podían atentar contra su integridad física».

«El camino emprendido por los encartados lamentablemente no terminó con la injustificable balacera propinada luego de la arbitraria, irracional e ilegal persecución», sino que con posterioridad a dicha balacera «urdieron una trama tendiente a tergiversar los hechos, en principio con éxito habida cuenta que los adolescentes fueron privados de su libertad a resultas de las falsedades volcadas en el legajo», siguió.

«Incluso, se habría plantado la réplica de un arma para intentar dar cobijo legal a su ataque», señaló Del Viso.

A su vez, el magistrado basó su decisión de que los tres policías continúen detenidos por entender que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

De esta manera, el juez hizo lugar al requerimiento del fiscal Leonel Gómez Barbella, aunque le rechazó dos agravantes: el placer y la premeditación de dos o más personas.

Pericias y más imputaciones

El análisis de las comunicaciones mantenidas a través de ocho teléfonos celulares, de las imágenes de una cámara de seguridad colocada en una esquina del barrio porteño de Barracas y la reconstrucción del hecho en el que fue asesinado de un balazo Lucas González al ser atacado por Policías de la Ciudad cuando iba en auto con sus amigos, son tres de las pericias ordenadas por los investigadores para avanzar en nuevas imputaciones por el encubrimiento del hecho, informaron fuentes judiciales.

Este martes, a partir de las 9, el fiscal a cargo de la causa, Leonel Gómez Barbella, llevará adelante nuevamente la reconstrucción del hecho, suspendida la semana pasada a raíz de una presentación de la defensa de los tres policías que fueron procesados este lunes con prisión preventiva por el homicidio agravado de Lucas y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, los efectivos Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.

Mientras espera la reconstrucción, el Ministerio Público analiza otras medidas para avanzar en posibles nuevas imputaciones a efectivos que acudieron al lugar y presuntamente colaboraron para fraguar la escena del hecho y encubrir el accionar de los autores.

Una de ellas es la apertura de ocho teléfonos celulares secuestrados en poder de los seis detenidos con el fin de analizar las llamadas, mensajes de texto y de Whatsapp desde el 17 de noviembre, cuando se produjo el ataque a los adolescentes, en adelante. Los dispositivos fueron enviados a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) de la Procuración General de la Nación, para que se realice una copia a ser analizada por sistema UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés).

El fiscal ordenó puntualmente transcribir todas las comunicaciones telefónicas en las que se mencionen datos o información sobre el episodio investigado y cualquier conducta tendiente a lograr su ocultamiento. También pidió obtener todos los registros de comunicaciones, su ubicación temporal exacta, y los datos de la agenda, abarcando todo otro archivo, foto, audio o documento que contengan.

Los teléfonos pertenecen a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al principal Héctor Cuevas y a las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, todos detenidos como acusados de «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento agravado, amenazas y odio racial».

Finalmente, el fiscal espera que la Datip envíe los resultados del análisis de todo el material fílmico que hay en la causa, especialmente el tomado por la cámara de seguridad ubicada en Iriarte 3109, y Vélez Sarsfield, de Barracas, en el que pidió identificar gestos, ademanes, exhibición de objetos y de armas.

En base a esas pruebas y a las declaraciones de testigos, víctimas y de los propios imputados, la pesquisa busca identificar a más policías que pudieron haber participado del encubrimiento, ya que una inusual cantidad de efectivos llegó a la escena tras la balacera.

El pasado 2 de diciembre, un oficial de la Policía de la Ciudad, señalado por varios de los imputados como uno de los primeros en llegar al lugar del ataque y como quien insultó a los amigos de la víctima y tiró al piso y esposó a uno de ellos, se puso a disposición judicial y los investigadores del caso evalúan acusarlo. Voceros judiciales informaron que se trata del oficial Sebastián Baidón, quien se desempeña en la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad y es chofer del principal Cuevas, detenido por el encubrimiento.

Baidón fue mencionado por la mayoría de los policías acusados como «el chofer tatuado» de Cuevas que llegó al lugar instantes después del ataque policial, según las declaraciones indagatorias a las que accedió Télam. También, según algunos de los acusados, fue quien insultó a los jóvenes y tiró al suelo y esposó a uno de ellos cuando Lucas estaba aún baleado adentro del auto.

En las últimas horas, en tanto, se anexó a la causa un informe interdisciplinario elaborado por trabajadores sociales y una psicóloga de la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (Atajo), que reúne una descripción de las características socioambientales de la villa 21-24 y el NHT Zavaleta. Según lo informado por el Ministerio Público en su sitio fiscales.gob.ar, ese trabajo fue requerido en el marco de la investigación por el homicidio de Lucas por los fiscales Gómez Barbella y el fiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, a la Atajo, que dirige Julián Axat.

Se trata de un estudio que pone de relieve el aspecto comunitario y describe el tejido social de la villa de Barracas, donde se produjo el crimen del joven, en el que, entre otras consideraciones, se destaca que en experiencias anteriores, «se pudo observar un resquemor por parte de los vecinos a poder realizar una denuncia en relación a un hecho de violencia institucional basados en la posible represalia de las fuerzas policiales para con los testigos o el barrio». También, según ese informe, los habitantes de esas zona aseveraron «que los casos denunciados no llegan a una resolución judicial que repare el daño provocado».

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