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Por cuestiones de jurisdicción entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Provincia, personas que no tienen dónde vivir y que además enfrentan problemas de adicciones se quedan sin atención, tras haber pasado meses contenidas y atendidas en el marco del Proyecto Puente.
El lunes pasado, los usuarios del Proyecto Puente hicieron público que los referentes del dispositivo, Marina Ibáñez y Federico Ruiz, les habían transmitido «de manera informal, sin ningún tipo de cuidado y seriedad» que a partir de este martes el lugar volvería a la modalidad anterior; es decir, estará abierto solo desde las 20 hasta las 8 de la mañana.
Bajo la gestión administrativa del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, el Proyecto Puente venía funcionando las 24 horas del día, con un equipo de salud integrado por dos médicos, cinco psicólogos, una trabajadora social y cinco enfermeras. Atendía hasta ahora a 22 personas fijas, y a otras tantas de manera itinerante. Además, otras 30 personas se mantenían vinculadas a través de un seguimiento ambulatorio.
Se trata de personas en situación de calle y con consumo problemático de sustancias como drogas y alcohol. Esta mañana reforzaron el reclamo que hicieron público a través de un documento y se manifestaron en el semáforo del Puente San Martín, acompañadas por parte del equipo de salud.
Ignacio Bereciartúa es uno de los médicos del Proyecto Puente. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), explicó: «Hoy hicimos una concentración pacifica para acompañar el reclamo de los usuarios por un avasallamiento de sus derechos por parte de la coordinación del refugio».
«Hasta la semana pasada lo manejaba el Ministerio de Desarrollo Humano, y ahora pasó a la Municipalidad. Ahora quieren que vuelvan a la situación anterior, que es dejar a estas personas en la calle durante 12 horas por día, cuando desde el equipo de salud mental hacemos un abordaje con resultados positivos en la reducción del consumo problemático de sustancias», refirió el médico psiquiatra.
Hasta ahora, el predio funcionaba las 24 horas. En un sector se garantizaban las cuatro comidas a un grupo de usuarios, mientras que en otro, denominado el galpón, servían solamente la cena. «El galpón es un espacio que abrieron arbitrariamente, en condiciones de precariedad, bajo el Puente San Martín. Allí habita la gente más vulnerada, porque durante el día se ve obligada a deambular por las calles», detalló Bereciartúa.
‘Que se hagan cargo de esta gente’
Marina Ibáñez, una de los dos referentes del dispositivo, explicó a El Submarino Radio que el traspaso al municipio se realizó hace tres semanas. Para la funcionaria, el cambio tiene el objetivo de «fortalecer el proyecto».
Consultada sobre el rechazo que expresaron el equipo de salud a cargo y los propios usuarios, comentó: «El área de Salud tiene sus centros de rehabilitación, los DIAT, que estuvieron cerrados. Este es un refugio para personas en situación de calle, no con consumo problemático, porque los que estamos en el Proyecto Puente no hemos estudiado ni estamos preparados para este tipo de población, que es bastante compleja».
Ibáñez señaló que a partir de la pandemia, cuando se cerraron los DIAT, las personas con consumos problemáticos fueron recibidas en el Proyecto Puente «porque quedaban en situación de calle».
«Ahora que la pandemia pasó, que se flexibilizó todo, queremos volver a lo que era antes. Le pedimos al secretario de Salud Mental, al doctor Agustín Yécora, que abra sus dispositivos y se haga cargo de esta gente», agregó la funcionaria.
Ibáñez señaló que el área de Salud Mental de la Municipalidad se hará cargo de la gestión del lugar, pero dijo que todavía no están definidas las acciones. Mientras tanto, el lugar permanecerá cerrado durante el día.
Un vínculo diferente con la comunidad
Para el equipo interdisciplinario que atendió a estas personas en los últimos meses, la lectura es bien distinta. Al cerrarse el refugio durante el día, pasaría a convertirse solo en un lugar donde dormir.
«Aquí vienen adultos mayores, personas con patologías y además con consumos problemáticos. Y lo único que garantizan ahora es una cama, como si eso resolviera un conflicto tan complejo como es habitar la calle, algunos de ellos desde muy chicos, atravesados por múltiples violencias. Es absurdo y es injusto», analizó Bereciartúa.
El achicamiento del servicio, además, implica la desaparición de los talleres terapeúticos y laborales, que han dado lugar a varios emprendimientos grupales, individuales y también ambulatorios.
Un ejemplo de esos emprendimientos es Nuevo Comienzo en Jujuy, un taller sociolaboral de carpintería que fue creciendo en los últimos meses. «Muchos de los chicos que participaron hoy están trabajando como carpinteros, a punto de irse a vivir solos y poder continuar con un seguimiento ambulatorio -relató Bereciartúa-. Eso es lo que nosotros queremos: que la gente transite, que este lugar sirva como un puente, un vínculo diferente con la comunidad».
«Este lugar se transformó en una referencia positiva para los chicos de El Chingo. Venimos trabajando con mucha coordinación con dispositivos como centros vecinales, referentes barriales, comedores, porque la única forma de contener y prevenir la situación de calle y el consumo problemático es en red», señaló el psiquiatra.
Los avances y logros de los últimos meses fueron posibles gracias al trabajo del equipo de salud y a pesar de la falta de apoyo de los responsables del Proyecto Puente. De hecho, los problemas no empezaron esta semana. «Desde el inicio intentamos la articulación con los coordinadores», relató Bereciartúa, en referencia a Ibáñez y Federico Díaz, los dos responsables directos. «Tuvimos muchas reuniones en las que acordábamos cosas que ellos después no cumplían; se hicieron protocolos, se escribieron miles de informes, pero ellos jamás mostraron predisposición ni interés en la problemática», agregó.
«Acá no hacemos política partidaria, hacemos política sanitaria, que es muy diferente. La filiación partidaria de Ibáñez y Díaz basta verla en los medios, son militantes radicales. Pero ese no es el problema. Estamos en democracia. El problema es la forma, el avasallamiento de los derechos que le hacen padecer a la población de la calle, históricamente vulnerada», afirmó el médico.
‘Me quiero insertar en la sociedad’
Aldo Cayo es uno de los usuarios del Proyecto Puente. Es de Volcán, pero hace 10 años que vive en San Salvador de Jujuy. Hace cuatro meses que vive en la institución. Él contó su historia a El Submarino Radio: «Por consumo problemático, por no tener un trabajo seguro y con la pandemia se agravó la situación. Consumía alcohol, me separé, perdí mi casa y quedé en la calle. Dormía en las guardias. Ahí conozco a la institución».
«Empezaron a elegir. Hay gente que no se puede ir porque no tiene trabajo. Pero llegan un día y ponen en el pizarrón que desde el 3 de noviembre se tienen que retirar y va a empezar la modalidad solo nocturna», describió.
A partir de su experiencia de los últimos meses, comentó: «Hay que ayudar y contener, abordando la situación de cada uno, que es singular. Esas cosas se estaban haciendo para que la persona salga, que esté contenida. Ahora se va a cortar eso, porque ellos no hacen articulación, a ellos no les conviene la mirada de un profesional. Este es mi derecho, yo me quiero insertar en la sociedad, sentirme bien, tener un seguimiento, la contención de un equipo».
