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Milagro Sala en El Carmen. Foto teleSur.

Pullen lo hizo de nuevo: Milagro Sala cumplirá la domiciliaria en El Carmen con restricciones

El juez Pablo Pullen Llermanos dispuso el traslado de Milagro Sala desde el penal de Alto Comedero nuevamente a la propiedad de El Carmen. De este modo, el magistrado cumple parcialmente con la orden de la Corte Suprema de Justicia de que se haga efectiva la prisión domiciliaria de la dirigente social, tal como había requerido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Hay un grave incumplimiento institucional», definió Luis Paz, del equipo de abogados de Sala, en referencia a las restricciones que impuso Pullen Llermanos a la nueva situación de detención.

En el mismo día en que vence el plazo otorgado por la Corte IDH para que el estado nacional informe sobre la situación de detención de Milagro Sala, Pullen Llermanos tomó la decisión de que la dirigente social retorne al inmueble de El Carmen adonde él mismo la había enviado en agosto pasado, disponiendo además la instalación de una virtual prisión ad hoc, en contrario de lo que establecen las normas que regulan el arresto domiciliario.

Paz confirmó a El Submarino Radio (91.5) que el juez impuso las mismas restricciones que tenía la vez pasada, como el horario y la cantidad de visitas, control perimetral del inmueble a cargo de Gendarmería, monitoreo electróno a cargo del Patronato de Liberados y control externo de la Policía de la Provincia.

A su entender, el traslado debería cumplirse a primera hora de la tarde, cumplidos los trámites administrativos del juzgado y del Servicio Penitenciario.

«Estamos evaluando las medidas a adoptar y vamos a notificar a la Corte Suprema de Justicia sobre esta resolución», adelantó Paz, pero se excusó de realizar interpretaciones políticas: «Vamos a opinar cuando tengamos una discusión con Milagro, luego de que se produzca el traslado».

Consultado sobre si harán alguna presentación en oposición a lo resuelto por Pullen Llermanos, Paz afirmó: «La defensa no está pensando en este tema. Ahora está perocupada por las características de esta resolución porque creemos que no se está cumpliendo con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Suprema de Justicia de la nación. Hay un grave incumplimiento institucional».

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