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Comenzó este jueves el cuarto juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy en la última dictadura cívico miltar, en el que se develará la causa acumulada “Galeán, Paulino y otros”. Las víctimas son 17 militantes del Partido Comunista (PC) que fueron secuestradas y torturadas, y algunas de ellas permanecen en calidad de desaparecidas. El hecho sucedió entre octubre de 1976 y enero de 1977, en la localidad de Tumbaya.
En esta primera audiencia, la agrupación HIJOS y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) movilizaron hasta el instituto de Geología y Minería de la UNJU, donde se realiza el proceso judicial. También estuvieron algunos organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas.
Nueve de las víctimas se encuentran desaparecidas: Paulino Prudencio Galeán, su hermano Crecente Galéan, Rosalino Ríos, Elías Juan Toconás, Rosa Santos Mamaní, Carlos Villada y Vicente Cosentini.
Los grupos de tareas responsables de las detenciones estuvieron integrados por personal del Ejército, de la Policía de la provincia, la Federal y el Servicio Penitenciario.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal está conformado por los jueces María Alejandra Cataldi, Mario Juárez Almaráz y Federico Díaz. El cuarto juez es Ernesto Wayar, quien siguió la audiencia por videoconferencia desde Tucumán.
Los procesados permanecieron en la sala: Carlos Gutiérrez, Alberto Callao, Armando Ruiz, Raúl Claros, Siro Goyechea, Juan Vaca, Catalino Soto, Francisco Espiándola, Melanio Portal, Jorge Mendoza, Federico Colmenares, Félix Batalla y Ramón Herrera. En tanto, Rafael Braga y Eduardo Bulgheroni presenciaron el inicio del juicio por videoconferencia, desde las cárceles donde cumplen la pena de reclusión perpetua a la que fueron condenados en el primer juicio.
El Tribunal, luego de dar la lectura del requerimiento público fiscal, rechazó los pedidos de las defensa de los represores e informó que la acumulación de las ocho causas es total y los procesados serán juzgados por los delitos “de privación ilegal de la libertad agravada”, “tormentos agravados”, “violación de domicilio”, “sustracción ilegal de objetos”, “robo en despoblado” y “homicidio agravado”. También rechazó el pedido de apartamiento del fiscal federal subrogante Pablo Pelazzo que representa al Ministerio Público Fiscal.
