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En un comunicado de prensa, el gobierno provincial informó que «dictará acto administrativo poniendo en conocimiento al Poder Judicial de la Provincia» acerca de la resolución de la CIDH que pidió «medidas aternativas a la detención preventiva» para Milagro Sala, alojada en el penal de Alto Comedero desde el 16 de enero de 2016.
El comunicado revela que el gobierno tomó conocimiento de la resolución «a través de los medios de comunicación», y que «una vez recibida la notificación formal» le va avisar al Poder Judicial de la Provincia, «en virtud de que la justicia provincial y sus tribunales son las autoridades con competencia para resolver sobre la cuestión».
Repasa luego que la CIDH solicita al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Milagro Sala, y agrega «sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y Andhes», aunque esas expresiones no aparecen en el documento de la CIDH.
Interpreta luego que la resolución «convalida la actuación de la justicia provincial con relación a la prisión preventiva», a pesar de que la CIDH ocupa varios tramos de su documento para referirse a «la excepcionalidad de la prisión preventiva» y que luego pide que «las autoridades competentes adopten, a la luz de los estándares descritos, medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica».
«El gobierno de la Provincia, en lo que es de su competencia, reafirma su compromiso de garantizar la vida y la integridad personal de la señora Sala, situación que no solo fue constatada por los miembros de la CIDH sino también por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al momento de evaluar las condiciones de detención de la misma», dice el comunicado de Casa de Gobierno.
Recuerda luego que,» en ocasión de visitar la provincia, los miembros de la CIDH expresaron públicamente que las condiciones de detención son satisfactorias sin hacerse eco de denuncias sobre hostigamientos, entre otros, lo que da cuenta de que está garantizada la integridad personal de la señora Sala», y agrega: «Llama la atención entonces, que en su resolución, la CIDH considere que frente a presuntas situaciones que no fueron constatadas, solicite tales medidas».
Finalmente, el gobierno provincial «reafirma el compromiso con la defensa de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia».
