El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
La organización internacional , le pidió al Gobierno “revisar el protocolo antipiquetes” porque su puesta en marcha “facilita violaciones de derechos humanos”, y lo exhortó a dejar de “hostigar” a la jueza Karina Andrade por liberar a los manifestantes detenidos.
El durísimo llamado de atención contra la administración de Javier Milei ratifica, además, los resultados de la investigación que dio como resultado la identificación del agente de Gendarmería Nacional que apuntó y disparó el cartucho de gas lacrimógeno contra el fotoperiodista Pablo Grillo, causándole una grave lesión.
Human Rights Watch asegura que ese y otros disparos fueron hechos “contraviniendo los estándares internacionales” que rigen el uso de la fuerza y criticó que, a pesar de ello, la ministra Patricia Bullrich haya hecho una defensa de la represión, a contramano de las evidencias.
Además, en su informe la organización reconoce que hubo manifestantes que “cometieron actos violentos”, pero resalta que la respuesta policial fue peor: “Hicieron un uso indiscriminado y peligroso de la fuerza”, y “hay pruebas contundentes” de ello.
“Uso indiscriminado y peligroso de la fuerza”
El pronunciamiento de Human Rights fue hecho a través de un breve, pero contundente informe público titulado “Abusos en la respuesta policial a la protesta”.
El texto es un crudo relato de lo ocurrido el miércoles en que las agrupaciones jubilados recibieron el apoyo de miles hinchas de clubes deportivos, a los que el Gobierno intentó desacreditar con la generalización de “barrabravas”.
Ese día hubo un “uso indiscriminado y peligroso de la fuerza” y “hay pruebas contundentes” de que ello fue así, aseguró la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juaniga Goebertus.
Por ese motivo, puntualizó la organización, “las autoridades argentinas deberían investigar” la represión, así como también “revisar el protocolo antipiquetes, que facilita violaciones de derechos humanos”.
“Presionando jueces”
Paralelamente, lamentó la posición de Bullrich de no investigar el papel de las fuerzas de seguridad y cuestionó también la postura de “hostigamiento” contra la jueza que liberó a los detenidos, cuál va a contramano del “respeto por la independencia judicial”.
La declaración de Human Rights no dejó pasar por alto las presiones y acusaciones contra jueza Karina Andrade, quien en la noche posterior a la protesta liberó a 114 detenidos por fallas en el proceso acusatorio. “No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención ni se aclararon las circunstancias ni los motivos”, resaltó Goebertus.
A pesar de ello, el Gobierno apuntó contra la magistrada: el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por “prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento” y el de Justicia anunció “una denuncia disciplinaria”.
“El gobierno de Milei está blindando a las fuerzas de seguridad de cualquier intento de rendición de cuentas y presionando a jueces cuyos fallos buscan defender los derechos de los manifestantes”, denunció Goebertus.
En cambio, lo que la administración nacional debería garantizar “en lugar de hostigar a una jueza” es que haya “rendición de cuentas” por los hechos, agregó Goebertus.
Por este motivo, le recordó a la administración nacional que tiene “la obligación de llevar a cabo investigaciones prontas, creíbles y exhaustivas sobre las pruebas de uso excesivo de la fuerza” durante la protesta del 12 de marzo.
Foto: Juan Foglia/NA
Contra el protocolo antipiquetes
El cuestionamiento de Human Rights fue al hueso de la política de seguridad del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y a la resolución administrativa que lo sostiene: el protocolo antipiquetes puesto en marcha a instancias de Bullrich en diciembre de 2023.
La organización acusó que ese dispositivo “permite a las fuerzas de seguridad usar la fuerza en circunstancias donde su uso no estaría justificado con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos”.
Es más, añadió, “no cuenta con disposiciones que obliguen a las fuerzas de seguridad a utilizar medios razonables en el uso de la fuerza”.
Inclusive lo acusó de “criminalizar cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación” y permitir “a la policía utilizar la fuerza aun cuando los manifestantes no crearen una situación de peligro”.
“Un miembro de Gendarmería disparó”
El informe de la organización de derechos humanos se hizo eco también de la investigación colectiva de Mapa de la Policía que tomó imágenes independientes en las redes y de trabajadores de prensa de distintos medios (entre ellos Página/12) e identificó al gendarme que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza y quien se encuentra en recuperación, aunque en terapia intensiva.
“Human Rights Watch verificó, geolocalizó y analizó 32 videos y fotografìas de la protesta» que «muestran que un miembro de Gendarmería Nacional disparó un cartucho de gas lacrimógeno contra Pablo Grillo”, dice el texto. El caso es investigado por la jueza federal María Romilda Servini.
Pero lo importante del texto es que la organización ratifica que, a la luz de lo analizado, “el gendarme disparó el cartucho de gas lacrimógeno en ángulo horizontal, contraviniendo estándares internacionales» sobre el uso de la fuerza.
Es más, también «reprimieron a manifestantes que no estaban cometiendo actos de violencia, incluyendo personas mayores, con cañones de agua a alta presión desde camiones hidrantes”, añadió la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Gendarmes y policías de la Ciudad actuaron «de forma temeraria y peligrosa, disparando los cartuchos horizontalmente contra los manifestantes, en lugar de hacerlo en un ángulo seguro”, cerró la representante de la organización de derechos humanos.
