Las comunidades originarias que partieron el sábado de Coranzulí llegaron esta mañana a Humahuaca. Están realizando una caminata que culminará el jueves en la plaza Belgrano, bajo la consigna “Por el agua y la vida en nuestros territorios”. Desde Coraya de Churcal, a unos 4 kilómetros de Humahuaca, dialogó con El Submarino Radio (91.5) Gustavo Ontiveros, de la comunidad Valiazo, del pueblo Omaguaca, confirmó que el comisionado de Coranzulí, Rodolfo Puca, trató de impedir el arranque de la caminata.
“Tenemos una grabación donde sale como el comisionado aprieta a las hermanas, todos hombres apretándolas a la hermana Aurora Choque y a la hermana Luisa, para evitar que se haga la caminata, algo que la Legislatura declaró como de interés provincial”, afirmó Ontiveros.
Las comunidades que caminan hacia San Salvador de Jujuy reclaman la prórroga de la ley nacional 26.160, que ya tiene media sanción del Senado y será discutida esta semana en Diputados; la derogación de la provincial 5915, que dispone el uso de tierras para la instalación de plantas de energía, y el fin del hostigamiento y la violencia contra comuneros.
También demandan la entrega de títulos comunitarios y que se implemente de manera efectiva la educación intercultural bilingüe en las escuelas públicas de la provincia.
Y el pedido principal y más antiguo: el cese de las explotaciones mineras a cielo abierto en la Puna y Quebrada que produce contaminación en las aguas, los animales, la tierra y las poblaciones indígenas. “Hemos visto a muchas personas asistir a nuestra asambleas, a lo largo del último año y medio, y los reclamos frecuentes son acerca de animales de todo tipo, ya sea de fauna silvestre como el ganado, de llamas, cabras y ovejas”.
-¿Es verdad que sufrieron aprietes de parte del comisionado de Coranzulí?
-Sí. El comisionado Rodolfo Puca, dos policías, un miembro de la iglesia y un comunero, el día viernes apretaron a la hermana Aurora Choque y a la hermana Luisa Quispe, que eran quienes realizarían la reunión de las comunidades libres. Ellas fueron obligadas a firmar un acta porque el comisionado no quería que se haga la reunión. Y tampoco quería que se inicie la caminata en Coranzulí.
-¿Y qué pasó?
-Terminó firmando la hermana Choque, que estaba muy nerviosa. Nosotros llegamos allí el sábado, la calmamos y le dijimos que el comisionado no puede prohibir las reuniones ni la caminata. Al final, el comisionado autorizó la caminata recién el lunes. Esto algo inédito. Es un apriete del gobierno local, pero sabemos que viene desde arriba, desde el gobierno de Morales, que juntamente con la secretaria de Pueblos Indígenas (Natalia Sarapura) ha tratando de evitar que se hagan nuestras reuniones con distintos artilugios. Pero esto no es solo de este gobierno; los anteriores también. Todo esto lo hemos plasmado en un documento que vamos a hacer en la asamblea de Volcán, y cuando lleguen a Jujuy las hermanas les van a contar a los medios lo que hizo el comisionado junto a un hermano de la comunidad. Lamentablemente muchas veces hay hermanos que se prestan a estas maniobras que son políticas, étnicas y discriminatorias.
-¿A quiénes responsabilizan por esta situación?
-Primero, al que llevó el hecho, que es el comisionado municipal de Coranzulí, junto a dos policías y a un miembro de la iglesia. Y después responsabilizamos directamente al gobernador, porque para que se comporte de esa manera, y trate impunemente de evitar nuestra asamblea, creemos que hubo una bajada de línea desde el gobernador. Han dicho que vamos allá a hacer problemas, que somos revoltosos. Cuando llegamos a Coranzulí quisimos ir a la radio y la cerraron, no nos dejaron hablar. El comisionado no nos conoce, pero sí el gobernador y Natalia Sarapura, que saben que demandamos por las comunidades, diciéndoles a los hermanos que se debe respetar el derecho indígena, que hacemos denuncias por todas las injusticias. Yo los hago responsables al gobernador y a la secretaria, porque nos hacen pelear a las comunidades. Lo han hecho durante un año y medio.