Criminalización de la protesta social: ¿Habrá juicio?

Este lunes, a partir de las 16 horas, el juez penal en delitos contra la administración pública y económicos, Rodolfo Fernández deberá determinar si eleva o no, a juicio oral la causa contra los 20 dirigentes sociales que están imputados por su participación en la movilización del 20 de junio de 2023 que rechazaba la reforma de la Constitución provincial, aprobada ese día en la Legislatura.

Cabe recordar que en la última audiencia de la semana pasada, el magistrado aviso a las partes, que no había terminado de redactar la resolución judicial y convocó a las partes, para hoy, vía zoom.

Las defensas vienen denunciando numerosas irregularidades en la investigación y advierten, una vez más, que se trata de una causa armada con el fin de criminalizar la protesta social y continuar con la persecución a referentes sociales.

El fiscal Diego Funes, en nombre del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pretende llevar a juicio cuanto antes a los 20 dirigentes sociales imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas y daños a bienes de uso público.

En las seis audiencias preliminares que se realizaron de manera virtual, las defensas plantearon primero la recusación del juez Rodolfo Fernández -que fue rechazada- y luego la nulidad de la causa, por las numerosas irregularidades que detectaron en el proceso de investigación.

Ya en la primera audiencia preliminar, el 16 de septiembre, ocurrió un hecho llamativo: no se presentó el fiscal de Estado, Sebastián Albesa, quien representa a la querella del Estado provincial. Sí se presentó en la segunda, pero el abogado defensor Mauro Tabak pidió que la querella desista mientras que el fiscal Funes dijo que se debía considerar que el Estado había abandonado la causa.

Por su parte, Albesa afirmó, curiosamente, que con estos planteos se estaban violando las garantías constitucionales del Estado para participar en el juicio, un argumento que las defensas califican como insólito, puesto que las garantías constitucionales están dirigidas a las personas y no a instituciones.

Por otro lado, los y las abogadas que representan a los imputados consideran que la acusación de la Fiscalía es nula porque no se ajusta a la realidad ni da precisiones sobre los tiempos y lugares en los que supuestamente se cometieron los delitos, lo cual es imprescindible para que se definan con claridad los hechos que se juzgan.