Dirigentes chilenos valoran el cierre del Penal Cordillera

CORDILLERA-620x330El presidente de Chile, Sebastián Piñera, defendió su decisión de trasladar a 10 militares condenados por violaciones a los derechos humanos del privilegiado Penal Cordillera y luego cerrarlo, mientras el grueso de los dirigentes, aprobaron la medida.

 Piñera destacó hoy que el traslado y posterior cierre del penal especial Cordillera «no es contra las Fuerzas Armadas».

 «No confundamos las Fuerzas Armadas, que merecen todo nuestro respeto, con criminales que atentaron contra los derechos humanos, que tienen que cumplir las penas que el Poder Judicial ha determinado», recalcó el mandatario, quien señaló que en Chile «debe haber igualdad ante la ley».

 Los 10 altos oficiales detenidos en el Penal Cordillera serán trasladados al de Punta Peuco, también especial, donde actualmente hay 44 reclusos atendidos por 66 gendarmes (penitenciarios), que también cuenta con comodidades desconocidas en el resto de las cárceles chilenas, cuyo principal denominador común es el hacinamiento y la escasez de vigilantes.

 «Las personas que están presas en el Penal Cordillera no están presas por ser miembros de las Fuerzas Armadas, están presos por haber cometido gravísimos delitos contra los derechos humanos de otros chilenos», enfatizó Piñera.

 Por su parte, Bachelet manifestó su deseo de «destacar la decisión del Presidente, que cuenta con todo nuestro apoyo», a lo que agregó que «el país, políticamente, está en condiciones de afrontarlo. Es la decisión correcta».

 La ministra de Justicia, Patricia Pérez, apuntó hoy que el traslado de los detenidos se demorará un tiempo indeterminado porque «es un operativo que está en manos de Gendarmería y que implica una serie de elementos de seguridad, de logística».

 La senadora Demócrata Cristiana (DC) y exministra de Justicia (2000-2004) Soledad Alvear consideró «positivo» el cierre del penal y recalcó que «no se justifica tener un lugar como ese en un espacio que no fue construido como recinto penitenciario».

 Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), dijo al ser informada del cierre de la cárcel que estaba sorprendida por la decisión, y que “quienes tienen que dar una respuesta son los que crearon el penal Cordillera y las cárceles especiales, y todos los que no hicieron nada por cerrarlo».

 La dirigenta aclaró que «con esto no se resuelve el tema de fondo» y dijo que «saludaría con mucha más fuerza si observara de parte del presidente Piñera una actitud que permita avanzar para terminar con estas cárceles especiales que son sinómino de impunidad».

 Por otra parte, Maite Contreras, hija de Manuel Contreras, exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada durante la dictadura, acusó a Piñera «porque prometió, mientras era candidato a Presidente, ayudar a que se cumpliera la Ley de Amnistía y la prescripción» de las causas.

 «Ningún gobierno de la Concertación trató a los prisioneros políticos como lo ha hecho este gobierno de centroderecha, entregando circo para aumentar popularidad, que es lo único que les interesa. Parte de la familia militar se va a ver afectada por esta cruel e infame venganza», sentenció Contreras.

 El general retirado del Ejército y ex presidente de la Fundación Pinochet, Luis Cortés Villa, aseguró que el cierre del Penal Cordillera es «una venganza».

 La controversia acerca de las «cárceles vip» se actualizó en los últimos días, luego de que se conociera la intención de algunos exmilitares de realizar un «asado de camaradería» en el Penal Cordillera para homenajear al brigadier Miguel Krassnoff, condenado a más de 100 años por secuestro, tortura y desaparición de opositores durante la dictadura militar (1973-1990).

 A ese hecho se sumaron declaraciones de gendarmes a cargo de la custodia de los presos, quienes denunciaron las condiciones exclusivas de ese recinto carcelario, con piscina, cancha de tenis y TV por cable, entre otras comodidades.

 Allí se encuentra recluido también Contreras, quien está condenado a casi 300 años de cárcel por crímenes contra los derechos humanos, entre ellos los asesinatos del exministro Orlando Letelier en Estados Unidos y del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats en Argentina, entre otros.

 Contreras presentó hoy ante la Corte de Apelaciones un recurso en contra de la decisión de Piñera de cerrar el penal.

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