Inspección en el ex CCD comando radioeléctrico en busca de la verdad

Por Eva Arroyo y Rodrigo Zapana (para H.I.J.O.S. Jujuy)

Dentro del predio de la vieja Central de la Policía de la Provincia de Jujuy, funcionó un centro clandestino de detención (CCD) que tomó el nombre de la división donde se desarrollaban las acciones represivas: “Comando Radioeléctrico”. Este tipo de instalaciones clandestinas que se establecieron, en el caso de Jujuy desde 1975, y durante toda la dictadura militar, tuvo como objetivo mantener confinadas a las personas previamente secuestradas con el fin de ser sometidas a interrogatorios mediante tormentos de todo tipo.

El centro clandestino respondía jerárquicamente, dentro de la estructura policial, al Centro de Operaciones Policiales (C.O.P), que a su vez estaba bajo la órbita del D3- DOP (Departamento de Operaciones Policiales), dependencia que articulaba permanentemente con el D2- DIP (Departamento de informaciones Policiales) órgano de inteligencia de la policía de la provincia. La máxima autoridad de la policía de la provincia, luego del golpe de Estado de 1976, fue el Capitán Donato Arenas, muerto impune y sin condena mientras gozaba de prisión domiciliaria.

No se sabe con exactitud cuántas víctimas pasaron por este reclusorio, ni el tiempo exacto en el que funcionó, pero según testimonios de lxs sobrevivientes, fue entre 1975-1983, y la mayor concentración de detenidos ilegales fue entre los años ’76 y ’77. Se estima que entre el 90 y 95% de las víctimas del terrorismo de Estado en Jujuy pasó por el Comando Radioeléctrico, punto clave donde se decidía el destino de estas personas el que podía ser: la muerte disfrazada de “traslado final”, que generalmente era hacia la jefatura militar del Área 323; el “blanqueo”, es decir, pasar a las penitenciarías; o la libertad.

El ingreso

Durante la mañana del pasado jueves 11 de julio, por disposición del Tribunal Oral Federal de Jujuy, y en el marco del 6to juicio de lesa humanidad que se está llevando a cabo en la provincia, se desarrolló la inspección ocular en el interior del edificio de la ex central de policía. Con el objetivo de reconocer en qué espacios de esa dependencia funcionó el ex Centro Clandestino de Detención CCD “Comando Radioeléctrico”.

El reconocimiento dio inicio en el acceso, por calle Alvear N° 456, lugar por donde eran ingresadas las víctimas, durante la dictadura, que luego serían recluidas en el  CCD Comando Radioeléctrico, la medida se llevó a cabo bajo la supervisión de la jueza federal María Alejandra Cataldi, con la presencia de la fiscalía, encabezada por Julieta Soulier,  de la defensa, los testigos citados; Claudia Scurta, Juan Bosco Mechia, Juan Felipe Noguera, víctimas de la última dictadura militar, que estuvieron confinados en ese CCD y un oficial de la policía de la provincia, Hugo Romero, quien desempeñaba funciones en esa dependencia durante el año 1976. En relación a la parte de las querellas institucionales, estuvieron presentes miembros de H.I.J.O.S. Jujuy, las abogadas de APDH y CEPRODH.

Iniciada la medida, tomó la palabra el ex preso político Juan Bosco Mechia, ante la atenta mirada de los presentes, dijo que fue detenido ilegalmente en noviembre de 1976 por policías de civil. “No recuerdo la fecha con exactitud, pero me secuestraron saliendo de mi domicilio en barrio Azopardo y me trajeron hasta aquí en un Ford Falcón color verde”, indicó. El testigo señaló que fue ingresado por el portón trasero del Comando Radioeléctrico, para posteriormente ser recluido en una de las habitaciones del centro clandestino, que estaba emplazado a unos 20 mts del lado izquierdo del ingreso por calle Alvear.

En segundo lugar, el ex preso político Juan Noguera, indicó que fue secuestrado entre el 6 y el 9 de abril de 1976, mientras caminaba por la vereda de la escuela Normal. “Cuando me dirigía a mi trabajo vi un patrullero con policías uniformados que disminuyeron su velocidad y luego de preguntar mi nombre me dijeron que estaba detenido”, rememoró. Luego de su secuestro, Noguera fue “paseado” por los efectivos policiales quienes lo llevaron hasta el Regimiento de Infantería de Montaña 20 y luego a la Policía Federal, para finalmente ingresarlo en el Centro Clandestino de Detención del Comando Radioeléctrico.

Posteriormente y a medida que la inspección avanzaba, tomó la palabra Claudia Scurta, hija de Dominga Álvarez de Scurta, docente de 36 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en el cementerio de Yala en el año ´84.

Claudia, quien tuvo al lado en todo momento a su hijo Tiziano, relató cómo había sido secuestrada junto a su madre: “La fueron a buscar a nuestra casa en la avenida Fascio, yo tenía 15 años y me acuerdo de la patota de la policía de la provincia cuando llegaron en los patrulleros, hicieron un operativo muy grande. Cuando la detienen a mi mamá le empiezan a hacer una serie de preguntas muy poco amables, a mí me detuvieron junto a ella y nos trajeron a las dos para el Comando Radioeléctrico”, sostuvo, expresando además que su madre fue recluida sola mientras era vigilada por un guardia que la custodiaba y que era reemplazado cada día.

Claudia estuvo detenida e incomunicada durante 24 horas, tiempo en el que pudo notar un movimiento constante de personas y efectivos policiales durante toda la noche, incluso el sonido de las radios y las comunicaciones efectuadas con las mismas. Liberada al día siguiente de su detención, fue sacada por el acceso principal de calle Belgrano, más tarde tuvo oportunidad de visitar a su madre Dominga al menos en dos ocasiones.

Continuando con el recorrido, la comitiva procedió a alejarse del portón de acceso por calle Alvear y se adentró en el predio atravesando los sectores que alguna vez funcionaron como estacionamiento para el cuerpo de radiopatrullas, los talleres donde las mismas eran reparadas y la denominada “plaza de armas” que al día de hoy solo luce como un desolado patio habitado por pastos crecidos y algunos arbustos que dificultan la caminata, especialmente en las entradas a las diferentes habitaciones que durante la dictadura militar fueron ocupadas como oficinas, guardias, depósitos o destinadas a la reclusión de presos políticos.

Fue de pie en este actual espacio abandonado, donde el testigo Hugo Romero, ex oficial de la policía provincial, prestó declaración indicando que todos los vehículos de la fuerza eran estacionados en ese sector a la espera de las indicaciones que les brindaban los operadores del Comando Radioeléctrico, que trabajaban dentro de un “área restringida” al que solo tenían acceso los jefes como el comisario represor Ernesto Jaig, Vásquez, y otros oficiales de alto rango. “Esta playa de estacionamiento donde estamos ahora, tampoco era de acceso libre, solo entraban los vehículos policiales quedando registradas las entradas y salidas en los cuadernos”, señaló.

El ex policía, perteneció a la patota que operaba en el centro clandestino, él mismo testimonió en el año ´84 que trabajó bajo las órdenes del jefe del comando radioeléctrico, comisario David Augusto Vázquez, (fallecido), como oficial auxiliar del centro de operaciones policiales (COP) en 1976, concretamente, era personal del comando radioeléctrico. Con una actitud “retraída”, intentando siempre pasar desapercibido, cabizbajo y apartado del grupo, respondía las preguntas con voz tenue y hasta cálida, pero siempre estuvo expectante a lo que se decía, fue un atento observador y vigilante de lo que sucedía.

Romero, testigo propuesto por la fiscalía, quien también había declarado en el 4to juicio de lesa humanidad, negó haber visto o tenido contacto directo con presos políticos, sin embargo, en un acto fallido, señaló que ese tipo de detenidos ingresaba por la calle Alvear y que: “En ese sector (comando radioeléctrico) no ingresaban presos comunes”.

Con la misma torpeza, dijo haber estado adscrito al ejército, llevando a cabo funciones en el Área 323 del RIM 20 bajo las órdenes del genocida condenado a cadena perpetua Tte. José Eduardo Bulgheroni. Según Romero, en reemplazo, y realizando las mismas tareas, que el imputado en este 6to juicio de lesa humanidad y condenado en el 4to a 14 años de prisión, el oficial Hugo Armando Ruíz.

H.I.J.O.S. Jujuy, advirtió esta situación, buscó en su base de datos información sobre este testigo y pudo establecer que: los registros de ingreso y egreso del penal de Gorriti dan cuenta de la participación de Romero durante la última dictadura militar, del contacto directo que tuvo con las víctimas y de su vínculo y trabajo en conjunto con los de la jerarquía represiva. Se encargaba de trasladar hacia el centro clandestino desde el penal las presas politicas y viceversa. Entre ellas a:  Mirta del Valle Ibáñez, Jesús Armando Baigorria, Jorge Ravier, José Ulises Orellana, Hilda del Valle Figueroa, Armando Álvarez, Alberto Aramayo, Isabel Petroff, Isidoro Carlos Fernández y Carlos Blanco.

De los mismos registros surge que se reunían con el director del penal Tte. Vargas (condenado – fallecido) y participaba de las reuniones que llevaba a cabo la policía de la provincia y otras fuerzas en la sala de abogados de esa unidad penitenciaria.

Pero lo más perverso es que en sus manos estuvo Pedro Eduardo Torres Cabrera (víctima de desaparición forzada), quien permaneció confinado en ese CCD en el mismo periodo y en el mismo lugar que Dominga Álvarez Scurta. Allí estaba Claudia, la hija de Dominga, relatando el horror que habían vivido ella y su madre y al sujeto “no se le movía un pelo” aunque él sabía perfectamente de lo que se hablaba.

Se pudo establecer que Pedro era sacado del penal de Gorriti, hacia la ex central de policía, para ser sometido a tormentos en el CCD Comando Radioeléctrico, en los registros de movimientos de esa unidad penitenciaria figura que le 1 de junio de 1976: “12:40 a 17:45 hs. De acuerdo a lo ordenado por la superioridad se entregó al oficial ayudante Hugo Romero al detenido Pedro Eduardo Torres”. Pedro fue retirado del penal, por última vez, el día 10 de junio de 1976 hacia la central de policía, junto a él: su hermana Juana, Dominga Alvarez, Alicia Ranzoni, Osvaldo Giribaldi, Jaime Lara Torres, y Jorge Ernesto Turk. A ninguna se las volvió a ver con vida.

Una vez dentro de las oficinas de la dependencia policial, donde solía estar emplazado el personal del comando radioeléctrico y radiopatrullas, sobre el extremo norte de la plaza de armas, cuyo frente hoy tiene una inscripción que dice, como una ironía del destino “Cuerpo de Protección Ciudadana- D.O.P”. Retomó la palabra Claudia Scurta. De pie junto a la habitación donde su madre fue privada de la libertad, Claudia declaró: “Me dejaron verla pocas veces, ella estaba en muy malas condiciones. Recuerdo también que cuando vine, vi a otras compañeras suyas detenidas en unas celdas enrejadas que están más adelante, cerca de un pasillo”.

Por su parte Juan Bosco amplió su declaración mientras se iba adentrando a paso lento en el ex centro clandestino hasta llegar a la habitación que en el año 76 fue su propia celda. “Nos tuvieron aquí mismo. No sé si existía esta pared en esa época, pero nos tuvieron a todos en este sector”, indicó señalando con sus manos el espacio sobre el suelo. “Había unas cuchetas, pero no nos dejaban usarlas, así que nos dieron unos colchones que nosotros tiramos a lo largo en el suelo y ahí nos fuimos acomodando todos”, sostuvo.

“En este lugar estuve confinado durante veinte días, junto a otras veinte personas, entre ellos doce o quince compañeros de Tumbaya, de los cuales siete están desaparecidos. Recuerdo que estaban Lazarte, los hermanos Sanabria y un profesor peruano del cual no recuerdo el nombre”, mencionó Juan Bosco, haciendo referencia a Manuel Jesús Basauri Gálvez, un docente peruano nacionalizado argentino que recuperó su libertad en enero de 1977.

El lugar señalado por Mechia, solía funcionar como el casino de la central de policía, allí había cuchetas, un baño con varias duchas y una cocina, pero en el momento en que era utilizado para el accionar represivo dejaba su función original. “Esto es lo que yo puedo aportar. Me gustaría ser útil a pesar de que no es grato estar aquí nuevamente”, prosiguió.

Mientras estuvo secuestrado, Bosco fue interrogado en dos ocasiones y obligado a firmar una declaración cuyo contenido desconocía “Yo no sabía lo que habían escrito los policías y tampoco estaba en condiciones de leerlo, conociendo cuál era la situación de los detenidos, leer no era garantía de nada”, aseguró. Indicó además que fue en ese lugar donde estuvo recluido junto a los detenidos de Tumbaya.

“En una ocasión, mientras estábamos aquí tirados, un oficial escribiente nos dijo: ‘Ustedes tienen tres lugares para salir, o salen por la Belgrano y se van caminando, o los llevan a la cárcel y ahí quedan blanqueados, pero si los llevan a la Federal… Y ahí nos dio a entender que eso iba a significar nuestro final”, mencionó mientras miraba fijamente a lxs presentes.

Seguidamente, el ex oficial Hugo Romero puntualizó que las habitaciones adyacentes a la celda donde Bosco indicó que fue recluido, ubicadas en la zona Este del Comando Radioeléctrico, fueron empleadas también como “base de radiopatrulla” o lugares donde se daban clases para realizar los operativos policiales, explicando cínicamente que: “En esta zona trabajaron Claros (Raúl Armando, condenado a 14 años) y Solís (Nicolás Orlando), Pérez (Jorge Luis)  y yo estábamos en Casa de Gobierno, así que venía muy de vez en cuando aquí, más que nada para escribir radiogramas, mis turnos eran de 9 a 12 y de 6 a 19”.

Continuando con su declaración, Romero sostuvo que, durante el proceso militar, operó bajo las órdenes del Tte. Cnel. Bulgheroni. De la misma forma explicó que, aunque él y Raúl Armando Claros eran oficiales del mismo rango, éste último tenía mayor antigüedad y por lo tanto era considerado un superior.

“Podría decirse que yo cumplía las mismas funciones que Hugo Ruiz como oficial, pero yo era más que nada un escribiente, era como un cabo, no tenía poder de decisión”, argumentó de manera falaz. Fue entonces cuando la jueza María Alejandra Cataldi interrumpió las preguntas de la fiscalía para advertir al testigo Romero: “Desde la defensa me señalan que con alguna de sus respuestas usted puede estar auto incriminándose en alguna situación, así que si usted considera que alguna de sus respuestas puede convertirse en una autoincriminación está autorizado a no hacerla”, a lo cual el testigo asintió.

Más adelante, dejando atrás la denominada plaza de armas y el patio trasero de la ex central de policía, Juan Noguera ingresó por el pasillo anteriormente mencionado por Claudia Scurta y llegó hasta la celda donde fue detenido, un espacio de reducidas dimensiones, frío y de paredes escritas con nombres y mensajes de las personas que fueron encerradas durante los últimos años. Entre tristes suspiros y una fuerte emoción, declaró: “Aquí estaba lleno de gente, me acuerdo que estuve con Vicente Juan Cosentini (desaparecido), fue uno de los tantos con los que estuvimos”.

Al reconocer una puerta al lado de la que fue su celda, Noguera solicitó que se abra la puerta de la misma para ver en su interior. Ante esto la jueza Alejandra Cataldi ordenó a las efectivas policiales presentes que se le permita el ingreso al testigo. “Ahora esto está lleno de papeles apilados, pero en aquel entonces aquí era la guardia de policías que nos custodiaban a nosotros”, explicó Juan Noguera.

“Este sector era conocido como Antecedentes Personales”, indicó repentinamente el ex oficial Romero, y añadió: “Aquí traían a los detenidos para averiguar sus antecedentes y después se los llevaban a la comisaría”, concluyó.

Saliendo del pasillo con dirección hacia la entrada principal, y frente a lo que fuera antecedentes personales, funcionaron las oficinas y jefatura del Centro de Operaciones Policiales (COP). A ese lugar se remitían los resultados de las tareas de inteligencia desde el D2- Departamento de Informaciones (inteligencia) Policiales (DIP) y las Unidades Regionales Uno, Dos y Tres.

Una orden de operaciones policiales del año 1977 así lo expresaba: “se elevarán a la Jefatura de Policía por intermedio del Centro de Operaciones Policiales los días jueves 18:00 horas, por duplicado, un parte-resumen de Inteligencia Semanal a efectos de consolidar las partes e informar al Área 323 y Gobierno Provincial”. En el mismo sentido y en otra parte de la orden indicaba: “toda la información semanal obtenida separando por sectores, o sea: ámbito político, gremial, religiosos, social, gubernamental, subversivo, etc., no debiéndose excluir ningún tipo de información a fin de lograr un parte completo de lo sucedido para conocimiento del Superior Gobierno de la Provincia y Elementos de inteligencia colaboradores”.

Romero pasó a describir las funciones que se cumplían en la sección de radio operadores, que estaba asentada dentro de las oficinas del COP: “En esa parte trabajaron Vilte (Damián), Solís (Nicolás) y Camacho (Felipe). Recibían comunicaciones de los patrulleros, de las comisarías o de las regionales y como ellos dependían del departamento de operaciones policiales coordinaban todo tipo de operativos. Aquí se atendían casos como los paros de ATE por ejemplo y los radio operadores coordinaban las acciones para resguardar la Casa de Gobierno”

Posteriormente, el grupo de inspección ingresó en la oficina que está ubicada en la parte posterior de lo que hoy se conoce como el Museo Histórico Policial, espacio que en el año 1976 funcionaron las oficinas de los jefes y oficiales más importantes al frente de la fuerza policial. Juan Noguera relató que: “Cuando nos sacaban de la celda nos traían a este mismo lugar para interrogarnos, pero otras veces nos llevaban a la Federal o al Ejército. En esta oficina nos esperaban Ernesto Jaig y Hugo Ruiz. Me acuerdo clarito de Ruiz porque con Cosentini nos comentábamos lo que los represores hablaban y notamos que siempre se mencionaban por los apellidos”. Ruiz, el oficial al que Romero reemplazó en sus tareas, pero, sin embargo, en este sitio, el ex oficial Romero declaró jamás haber ingresado excusándose en su bajo rango y sostuvo en repetidas ocasiones que el lugar en el que estaban parados era la oficina del jefe militar encargado de la policía de la provincia, además explicó que la oficina del mencionado genocida Ernesto Jaig se encontraba ubicada hacia el frente del edificio y que él con su bajo rango no tenía acceso a las mismas.

Tras estas últimas declaraciones, la doctora María Alejandra Cataldi procedió a informar a los presentes que la inspección ocular en la vieja central de policías estaba próxima a finalizar, por lo que los testigos citados empezaron a dispersarse lentamente, pasando una vez más por los lugares donde hace más de 40 años fueron privados injustamente de su libertad, pero esta vez a solas, lejos de las preguntas y consultas que las distintas partes les realizaban. En estos instantes breves, pero a la vez íntimos, las víctimas del terrorismo de Estado recordaron, no solo penurias y sufrimientos, sino también rostros, palabras, momentos de esperanza y calor humano que al día de hoy son parte inseparable de su incansable lucha por la memoria, la verdad y la justicia.