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La Argentina firmaba este lunes la carta de invitación al proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el bloque en el que está representadas las principales potencias del mundo y varios países en vías de desarrollo.
Así lo anunció este domingo la canciller Diana Mondino durante un acto que se realizó apenas unos minutos después de que el presidente Javier Milei diera su primer discurso como jefe de Estado en las escalinatas del Congreso de la Nación.
Con este anuncio, el flamante gobierno concreta uno de los objetivos de su política exterior y retoma un proceso que se había iniciado durante el mandato de Mauricio Macri, quien había pedido la incorporación de la Argentina a la OCDE en marzo de 2016, un proceso que quedó trunco durante el mandato de Alberto Fernández, aunque recién a fines de enero de 2022 se formalizó la invitación al país a adherir al organismo.
Marcelo Scaglione, representante argentino ante la OCDE durante el gobierno de Macri, fue el encargado de reiniciar la agenda de la Argentina para ingresar al bloque.
Si bien la firma se realizaba este lunes, el proceso para integrar formalmente la OCDE puede durar varios años e incluye una evaluación por más de 20 comités técnicos sobre una serie de estándares, sobre todo económicos, y la posibilidad de «cambios en la legislación, políticas y prácticas».
“Ya hemos acordado con el señor Andreas Schaal, director de Relaciones Globales de la OCDE, que la Argentina mañana firma el acceso a la OCDE», subrayó Mondino.
Qué es la OCDE
Desde su creación, la OCDE incorporó a 18 naciones a su entramado y hasta ahora solo cuatro son de América Latina (México, Chile, Colombia y Costa Rica). En 2022, la invitación para ser miembro que se le hizo a la Argentina también fue cursada a Brasil, Croacia, Perú, Rumania y Bulgaria.
La OCDE es un organismo internacional fundado en 1961 con sede en París, cuya misión es proveer un foro donde distintos gobiernos comparten sus experiencias en el desarrollo de políticas económicas, sociales y medioambientales, para mejorar el nivel de vida de sus poblaciones.
La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo participa en talleres organizados en el marco de OCDE, con puntos focales como los consumidores en el mercado digital, seguridad de productos, políticas públicas, entre otros. Como contraparte, el país se subordina la adhesión a distintas Recomendaciones, así como también, participando en el proceso de elaboración de guías prácticas, metodologías e indicadores para la implementación de las mismas.
«La OCDE es un foro único, un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Asesoramos en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional», describe la página web del organismo.
Las condiciones
El acceso al organismo se da en evaluaciones individuales, bajo un proceso detallado, que depende de que los países confirmen su «compromiso con los valores, la visión y las prioridades», entre los que se cuentan «la preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos».
Asimismo, la OCDE exige a sus miembros demostrar «los méritos de una economía de mercado abierta basada en el libre comercio, la competencia, la sostenibilidad y la transparencia».
También hacen referencia al compromiso de los miembros de la OCDE de promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo, así como a sus objetivos en la lucha contra el cambio climático, incluida la detención y reversión de la pérdida de biodiversidad y la deforestación.
Desde el gobierno de Milei reconocen que la OCDE debe realizar un conjunto bastante amplio y profundo de revisiones técnicas para evaluar el estado de situación del país y su marco legal, de políticas y prácticas respecto de los estándares establecidos por la organización.
En su último informe, la OCDE pide que el PBI se contraiga un 1,8 por ciento en 2023 y un 1,3 por ciento en 2024, antes de aumentar un 1,9 por ciento en 2025, un escenario más pesimista que el publicado por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. La financiación proporcionada por el FMI será la principal fuente de financiación exterior. El agotamiento de las reservas de divisas ejerce cada vez más presión sobre las finanzas públicas, la cuenta exterior y la economía en general. Será necesario endurecer las políticas macroeconómicas a corto plazo.
A partir de diciembre de 2023, el nuevo Gobierno tendrá que consolidar las finanzas públicas para requilibrar la economía, destaca la OCDE.
El organismo de lobby exige desactivar “los estrictos controles de capital» y señala que «el aumento de la inflación y la elevada incertidumbre política limitarán aún más el consumo y la inversión a corto plazo”. También exige “aplicar una fuerte consolidación fiscal para reducir los amplios desequilibrios macroeconómicos”.
Télam / El Destape Web
