La estrategia oficial para cumplir con la Corte sin costo fiscal 2023 

Por Cristian Carrillo, en El Destape. El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que instruyó a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. «Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos», detalló el mandatario en Twitter.

De esta forma, el Gobierno nacional acata el fallo intermedio de la Corte Suprema en favor del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires para que se reestablezca el porcentaje de coparticipación que había decretado el macrismo (del 3,5 por ciento), pero sin costo fiscal en el corto plazo ni incumplimiento de la Ley de Presupuesto ya aprobada.

El mecanismo desarticula además el aporte de campaña que otorgó el máximo tribunal para el uso electoral de Horacio Rodríguez Larreta. Los bonos comienzan a pagar capital en 2027 y no tienen un mercado secundario para su reventa; con lo cual, si la Ciudad quisiera monetizarlo debería hacerlo directamente al Estado nacional y recibiría un precio teórico de mercado de 19 centavos por cada peso de valor original.

Esta forma de pago ya fue utilizada y acordada con otras jurisdicciones, como el macrismo con San Luis y el albertismo con Santa Fe, siendo resultado de una discusión política posterior a un fallo similar de la Corte.

Cualquier cambio en la asignación presente de recursos pone en tensión el sistema de coparticipación, dado que, luego de definidas las erogaciones en el Presupuesto, implicaría reducir partidas destinadas a otras jurisdicciones; factor clave a la hora de entender por qué la ley de leyes económicas se negocia con las provincias y CABA antes de su aprobación en el Congreso.

A dos meses de la aprobación del Presupuesto nacional para el año próximo, la Corte decidió otorgarle, hasta que se define la discusión de fondo, la devolución de un porcentaje «intermedio» del actual 2,3 por ciento al 2,9 por ciento para la asignación inmediata de recursos a territorio porteño.

Con el objetivo de no enfrentar el costo de desacatar un fallo de la Corte Suprema ni afectar las cuentas públicas, tanto por lo ya definido en el Presupuesto como por el programa fiscal interanual implícito en el acuerdo con el Fondo Monetario, el pago se realizaría en títulos públicos de licitación directa y sin mercado secundario para su reventa.

Esta solución tiene varias ventajas económicas (y políticas), dado que no se afecta el gasto público de este año ni del próximo, no se incumple con el Presupuesto del año próximo ya votado por el Congreso y, principalmente, no se transfieren fondos a CABA en un año electoral, donde el aporte de campaña que validó el máximo tribunal no se hará efectivo en la previa a los comicios.

El instrumento utilizado por el Gobierno nacional, como ya lo había hecho con un arreglo también por un fallo de la Corte por coparticipación con San Luis y Santa Fe, vence en 2031 y comienza a pagar capital a partir del 2027. La decisión de utilizar un instrumento financiero modifica la velocidad de los desembolsos a la que obliga la Corte, sin discutir el tema de la distribución federal de los ingresos, según reconocieron a este medio fuentes oficiales.

No sería la primera vez que se usa este mecanismo de pago. El macrismo acordó con San Luis, que había conseguido que la Corte Suprema le diera la razón en un reclamo por la retención de fondos coparticipables, un pago en bonos. A mediados de este año, el gobierno de Santa y la Corte Suprema aceptaron también, en una demanda por coparticipación promovida por la provincia, el pago mediante bonos TX31 en pesos que pagan 2,5 por ciento por sobre el ajuste del índice CER. Son los mismos que se entregarán a la Ciudad.

Estos bonos son de licitación directa y solo pueden revenderse al Estado nacional de forma anticipada con un recorte de más de 80 centavos por peso, dado que en el mercado secundario ese tiempo de bonos cotiza con precio teórico presente de 19 por ciento. El monto de licitación será por «el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes», según anticipó Alberto Fernández.

Salvo que Larreta los necesite para campaña el año próximo, no sería negocio para la Ciudad entregar de forma anticipada los bonos.

Los títulos TX31 comenzaron a negociarse en mayo de este año y vencen el 30 de noviembre de 2031. Recién en ese momento la Ciudad habría recibido el monto total, más la actualización de la inflación y la tasa de interés positiva que aplica el Banco Central. El instrumento, con una duración de 9 años y 6 meses, cuenta con una amortización en diez cuotas semestrales iguales el 30 de mayo y el 30 de noviembre de cada año, comenzando el 30 de mayo de 2027, siendo la última cuota el 30 de noviembre de 2031.

El capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214 del 3 de febrero de 2002, informado por el Banco Central, correspondiente al período transcurrido entre los diez días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. Estos bonos devengan intereses sobre saldos ajustados, a partir de la fecha de emisión, a la tasa del 2,5 por ciento nominal anual, que serán pagaderos semestralmente el 30 de noviembre y el 30 de mayo de cada año hasta su vencimiento, siendo el primer pago de interés el 30 de noviembre de 2022.

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