Murió Blaquier: Obituario con hurras

Por Luis Paz. “Vamos a festejarlo / Vengan todos… / se acabó el monstruo prócer / se acabó para siempre / vamos a festejarlo / a no ponernos tibios / a no creer que éste / es un muerto cualquiera. ‘Obituario con hurras’, Mario Benedetti. 

Las primeras víctimas de secuestros en Jujuy durante la última dictadura militar eclesiástica y civil fueron el intendente Luis Ramón Aredez, secuestrado el 24 de marzo de 1976, además de estudiantes, sindicalistas y obreros. Para esas redadas, que fueron realizadas por la policía, se usaron vehículos del Ingenio Ledesma.

En 1980, la empresa Ledesma saludó, adhiriendo al 4° aniversario del “Proceso de Reorganización Nacional”.

Corría el año 2012 y Jujuy era la única provincia donde las causas de lesa humanidad no tenían movimiento. Cada pedido de indagatoria por parte del fiscal era rechazada por el juez subrogante Carlos Olivera Pastor. Tanto fue así, que el fiscal de la Procuraduría en Delitos de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal, Jorge Auat, llegó a decir que Jujuy era la capital de impunidad.

Así fue hasta que Milagro Sala y la Tupac Amaru decidieron involucrarse en la historia tras un llamado de Inés Peña, que integra Familiares y Madres de Plaza de Mayo Jujuy. Inés no tenía acceso al juzgado federal de Jujuy; no podía ni siquiera entregar notas por mesa de entradas. Inmediatamente, Milagro convocó a Asamblea en la sede de la Tupac Amaru –hoy intervenida por el gobernador pro-golpista Gerardo Morales–, en la que se resolvió por unanimidad acompañar a los organismos de derechos humanos en su histórica lucha.

Es así que se movilizó con miles de tupaqueros y tupaqueras al juzgado federal de Jujuy, donde, ahora sí, Inés fue recibida por Olivera Pastor. A los pocos días, el juez renunció y la Corte Suprema designó al doctor Fernando Poviña  como subrogante.

En noviembre de 2012, Poviña dictó un fallo donde procesó al presidente del directorio de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, y al administrador general en el momento de los hechos, Alberto Lemos, como partícipes del secuestro de 29 personas, entre marzo y en julio de 1976, en el marco de una persecución político-sindical, llevada a cabo por el ingenio azucarero contra los dirigentes gremiales.

Luego, la Cámara de Apelaciones de Salta confirmó el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier como cómplice primario de los hechos conocidos como La Noche del Apagón y a Alberto Lemos como cómplice segundario, pues tuvo por acreditado que las fuerzas de seguridad operaron aquella madrugada y días posteriores y que para ello contaron con la autorización para usar vehículos de la empresa, y que tal asentimiento fue prestado por Blaquier y ejecutado por Lemos.

Todos sabemos que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico sin instrucciones del presidente del directorio.

Las resoluciones de la Cámara de Salta fueron recurridas por los defensores de Blaquier y Lemos. Dos años después, en marzo de 2015, los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Rafael Riggi resolvieron hacer lugar al pedido de la defensa y dictaron falta de mérito, una medida judicial que dejó expedita la continuidad de la lucha jurídica y política.

Ocho años se tomó la Corte Suprema para decir que la resolución de Casación era arbitraria, confirmando lo que sostuvo el Ministerio Público Fiscal, y que su actuación fue para obstaculizar indebidamente el avance del proceso.

Pasaron casi 11 años desde que el juez Poviña procesó a Blaquier y Lemos. Durante este tiempo, falleció esperando el juicio Eulogia Rita Cordero de Garnica, secuestrada junto a sus dos hijos Domingo y Miguel, jóvenes que se encuentran desaparecidos. “Antes de morirme, quisiera que me digan por qué se llevaron a mis hijos, por qué los mataron. Yo voy a seguir buscándolos a ellos y voy a quedarme tranquila el día que sepa que esos sinvergüenzas están presos», dijo Rita en 2015 al llegar a Buenos Aires a reclamarle al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que la causa Blaquier fuera a juicio.

También murieron en ese tiempo el médico de la obra social de los trabajadores del ingenio, Carlos Alberto Cardozo; Hugo José ‘Coya’ Condorí, quien contó en su declaración que compartió cautiverio con Arédez, tiempo después de haber sido amenazado por el brigadier Teodoro Álvarez, empleado de la empresa, y Carlos Alberto Melián, quien al momento de su secuestro era extrabajador de la empresa y tenía activa participación política en la zona.

Los testimonios y las pruebas presentadas a la justicia sobre la complicidad de Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Lemos en las causas vinculadas con los delitos de lesa humanidad son contundentes. Quienes vivimos en Jujuy y conocemos el proceso no tenemos ninguna duda de que el revocamiento del procesamiento del titular del grupo Ledesma y del exadministrador general fueron una muestra más de la relación de sectores del Poder Judicial con empresarios con estrechos lazos con los responsables de la dictadura militar y que han sido grandes beneficiarios de las políticas económicas de aquella época.

Hoy entendemos que el fallo de la Corte Suprema tiene ver con la lucha de los organismos, tiene que ver con la verdad, con la memoria y con la justicia.

Milagro Sala afirma, con acierto, que el revocamiento de aquel momento del procesamiento de Blaquier; la decisión del juez federal Julián Ercolini, que rechazó citar a Héctor Magnetto, a Ernestina Herrera de Noble y a Bartolomé Mitre por la apropiación irregular de Papel Prensa, y la declaración de falta de mérito que el juez Claudio Pontet dictó en favor de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, acusado de participar y promover crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Bahía Blanca, dan cuenta de la complicidad de sectores del Poder Judicial con el empresariado que colaboró con la devastación de este país.

Las Madres de Plaza de Mayo, solitarias, comenzaron su lucha hace más de cuatro décadas, al igual que las Abuelas. En Jujuy, Olga Arédez, también al principio en soledad, peleó para que la verdad sobre la desaparición de su marido –que había tenido la osadía de aumentarle los impuestos a la empresa azucarera– saliera a la luz. Lo que antes aparecía como un reclamo que gran parte de la sociedad desestimaba, hoy está confirmado a partir de la persistencia inclaudicable de los organismos de Derechos Humanos y de las políticas impulsadas por el gobierno nacional desde 2003 en la materia.

Desde las organizaciones sociales acompañamos ese reclamo y, particularmente en Jujuy, ese apoyo llevó a que renunciara el juez Carlos Olivera Pastor, quien mantuvo cajoneadas las causas. Y que a partir de la designación de Fernando Poviña, se lograran importantes avances en esos procesos judiciales.

Hoy, la condena firme y efectiva a los responsables civiles de la dictadura es una deuda pendiente de la justicia.

Quienes integramos la Tupac Amaru y el Partido por la Soberanía Popular (PSP) vamos a continuar acompañando a los organismos de derechos humanos, levantando las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, y seguiremos exigiendo la democratización del Poder Judicial.