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Los habitantes de Caspalá no están dispuestos a acostumbrarse a la presencia de la policía de la provincia en su pueblo. Por estos días, los uniformados custodian la maquinaria pesada que arrasa con un terreno privado expropiado por el gobierno y desalojado a la fuerza.
El primer conflicto fue el 18 de noviembre pasado, cuando la represión policial hacia los vecinos terminó con cuatro personas detenidas y unas 15 heridas. Los pobladores se oponían al proyecto del gobernador de construir una escuela exactamente en el terreno donde tenían su cancha comunitaria. Desde entonces, la policía nunca abandonó el pueblo.
La construcción de la nueva escuela estaba prevista en otro espacio, pero Gerardo Morales se obstinó con ocupar la cancha sin atender las razones de los pobladores.
El martes pasado, la máquina empezó a hacer tareas de nivelación en otro sector, con custodia policial. Allí el gobierno pretende instalar una nueva cancha, en reemplazo de la anterior, pero los pobladores sospechan que toda la movida puede estar encuadrada en un proyecto turístico amplio, ya que recientemente Caspalá fue distinguido por la Organización Mundial de Turismo como uno de los diez pueblos más bellos del planeta.
El terreno en cuestión está a nombre de Genoveva Daniela Moyoja. Pablo Cruz es su heredero y recibió la notificación de la expropiación de sus tierras. A pesar de que la orden le da un plazo de 10 días para que la familia abandone el lugar, la maquinaria empezó a trabajar antes, destruyendo todo a su paso y arrasando con cultivos y sembradíos.
Los vecinos fueron al lugar, entre ellos la comunera Lucía Apaza, quien ante lo tenso de la situación se descompensó y tuvo que ser asistida. Cruz también padeció la violencia institucional en su cuerpo: sufrió un accidente cerebrovascular y debió ser internado en el hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. En Caspalá quedó su pareja Ramona y sus hijos, impotentes para impedir que el Estado avance sobre sus derechos territoriales.
Cronología violenta
En noviembre pasado, la comunidad denunció que el Gobierno de Jujuy pretendía construir una escuela en el predio de la cancha histórica del el pueblo, sin haber cumplido con la consulta previa, libre e informada a la que está obligado ni haber presentado un estudio de impacto ambiental, como corresponde.
En lugar de reunirse con las familias de la comunidad, representantes del Ejecutivo provincial lo hicieron con el comisionado municipal, Natividad Apaza. Así pretendieron demostrar que el proyecto contaba con el respaldo y el consentimiento del pueblo.
Se avanzó entonces en la expropiación de la cancha para construir la escuela y luego del terreno de la familia Cruz para construir una nueva cancha, todo aprobado en un trámite exprés en la Legislatura provincial con el voto del oficialismo y del Partido Justicialista.
Según contaron los pobladores, llegó una abogada de apellido Ochoa en representación del Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la provincia avanzó con la familia Cruz a fin de que firme un acuerdo. La orden judicial está firmada por el juez habilitado en la feria, Sabastián Damiano, y está dirigida al juez de Paz Pablo Apaza, casualmente hermano del comisionado Natividad Apaza.
“El escrito no tenía sellos, y los hijos de don Cruz pedían plazo para que su papá se recupere”, contó Lucía Apaza, presidenta de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, quien ante la vulneración de los derechos, se desmayó y tuvo que ser atendida.
