2º juicio 1 audiencia 01

Un testigo relató la detención de Álvarez de Scurta y hoy declara la hija de la docente asesinada

2º juicio 1 audiencia 01A las dos de la tarde continúa el juicio por delitos de lesa humanidad iniciado ayer. Está previsto que den sus testimonios Claudia Scurta, la hija de Dominga que fue secuestrada junto con su madre en 1976 por personal de la policía provincial y del ejército argentino, y Mario Heriberto López, pareja de Juana Francisca Torres Cabrera, que permanece desaparecida.

 Ayer comenzó este segundo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, en el que el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N.° 1 inicia el proceso de develar las causas por la detención ilegal y el asesinato de Dominga Álvarez de Scurta, y el secuestro de Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Jaime Rafael Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Ernesto Turk Llapur, quienes permanecen como desaparecidos. En total son cuatro causas acumuladas por los delitos de secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura cívico militar.

 Una de las primeras resoluciones del Tribunal que integran los jueces Fátima Ruiz López, como presidenta, los vocales Daniel Morín y Federico Díaz, y el juez suplente, Marcelo Juárez Almaráz, fue el apartamiento del juicio del ex comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, responsable del Área 323, encargada de la represión en el norte argentino.

 En el Colegio de Abogados, donde se desarrolla este segundo juicio, la audiencia inaugural duró varias horas por problemas técnicos que interrumpían la videoconferencia con el penal de Ezeiza, donde está alojado uno de los procesados, el ex interventor de la cárcel de Jujuy, Antonio Orlando Vargas, quien ya fue condenado a 25 años en el juicio que finalizó en Jujuy hace pocos meses.

 Además de Menéndez y Vargas, están procesado los guardiacárceles Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz, quienes formaron parte de los grupos de represión en la cárcel de Villa Gorriti, uno de los centros clandestinos de detención que funcionaron en Jujuy.

 Luego de la lectura del requerimiento fiscal en las cuestiones preliminares, los cinco imputados presentes pidieron presenciar el juicio desde una sala contigua. Por su parte, los defensores de los represores solicitaron la nulidad del proceso y la absolución de los procesados porque, dicen, el Tribunal no está integrado por «jueces naturales», en referencia al juez Morín y el fiscal ad hoc, Pablo Pelazzo. El pedido fue rechazado por la fiscalía y las querellas particulares e institucionales por «extemporáneo”.

 Todas las víctimas cuyas causas se ventilan en este juicio fueron detenidas en mayo de 1976, alojadas primero en el centro clandestino de detención que funcionó en el departamento central de la Policía provincial y luego trasladadas al penal de Villa Gorriti, de donde fueron sacadas durante los primeros diez días de junio por orden del ahora prófugo capitán Juan Carlos Jones Tamayo y por el jefe de la Policía provincial, Ernesto Haig.

 Por la tarde prestó declaración testimonial Eduardo Slave Raihbe, un bioquímico que el día de la detención de Dominga Álvarez de Scurta fue utilizado por las fuerzas represoras de Jujuy como testigo del allanamiento de la casa donde vivía la maestra. De acuerdo a su relato, “después de una hora de allanamiento al domicilio llegó la chica y se mostró sorprendida por lo que estaba ocurriendo. Pidió ir al baño pero no la dejaban. Intercedí para que le dieran permiso, y se lo dieron, pero al ver que tardaba, un policía ingresó y encontró a la mujer desmayada y con un frasco de comprimidos que se había tomado”.

 El hombre contó que les sugirió a los policías que la llevaran al Hospital Pablo Soria para practicarle un lavaje de estómago, pero nunca supo adónde la trasladaron. “Luego, con el correr del tiempo, me enteré por las crónicas qué le había pasado. Desde ese día, nunca más la vi”, afirmó. También recordó que “como Jujuy era chico y era fácil informarse en la calle, me enteré que el jefe del operativo era el comisario Ernesto Haig”, en referencia a uno de los mayores represores de la provincia, que murió en el exterior del país sin haber rendido cuentas ante la justicia de sus acciones.

 También ayer prestó testimonio el ex juez federal de Jujuy Hugo Mezzena, quien reconoció: “Las autoridades del penal y del ejército argentino eran reticentes en acatar órdenes del juzgado, y cuando mi secretario Marcelo Morales iba al penal a notificar y hacer otros trámites, recibía un trato áspero de los autoridades de la cárcel”.

 Más adelante reveló: “Cuando quise implementar visitas a los presos que estaban detenidos en el penal de la Villa Gorriti, las autoridades del ejército argentino, ponían cualquier excusa para que no se pudiera cumplir con ese cometido; prácticamente me prohibían que fuera a la cárcel”. 

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