Violencia política contra las mujeres: Los casos de Jujuy presentados a las expertas de la OEA

Los casos de las exdiputadas provinciales Débora Juárez Orieta y Alejandra Cejas y las concejalas Lorena Alfaro y Fanny Martínez fueron presentados al grupo de expertas de la OEA que visitaron la Argentina para interiorizarse sobre situaciones de violencia política hacia las mujeres que ocurren en el país. Además de haberse reunido con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con representantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala, recibieron los informes referidos a las cuatro legisladoras jujeñas que han sufrido y aún padecen persecución por ser opositoras al gobierno de Gerardo Morales.

Las expertas integran el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y ahora deberán analizar toda la información que recogieron en su visita a la Argentina. Además de la reunión con la Vicepresidenta y con el Comité por la Libertad de Milagro Sala, tuvieron encuentros con la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana Figueroa, con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y con un grupo de comunicadoras feministas. Las conclusiones se podrían conocer en las próximas semanas.

Los cuatro casos de persecución política en Jujuy que se llevaron las especialistas del Mesecvi son los de las diputadas sumariadas y suspendidas en sus funciones Débora Juárez Orieta y Alejandra Cejas, y de las concejalas Fanny Martínez y Lorena Alfaro, todas con un gravísimo hostigamiento por su condición de mujeres políticas y opositoras al Gobierno de Gerardo Morales.

En el informe sobre la situación de la diputada provincial Débora Juárez Orieta, del bloque Juntos por Jujuy, se detalla que fue suspendida el 15 de febrero pasado, en sesión extraordinaria de la Legislatura y despojada de sus garantías constitucionales. La legisladora inició sus funciones en el 2015, renovando la representación en el año 2019. “Desde el año 2019, viene siendo sujeto pasivo de violencia institucional y política de género, de manera periódica y sistemática”, describe el reporte, y advierte que se trata de “una escalada en la violencia que se ejerce en la provincia de Jujuy, además de la ilegalidad de la sanción legislativa, que pretende ser de plazo indeterminado”.

“No se le permitió que ejerza el derecho de defensa, ni se le permitió que pueda conocer el motivo del desafuero conforme lo reglamenta el plexo legal”, señala.

Respecto de la diputada (MC) provincial Alejandra Cejas, se relata que el 21 de marzo de 2021 fue imputada por el delito de “lesiones graves”, supuestamente por “generar ideaciones suicidas a su única hija”.

“El hecho generó 300 notas periodistas en medios locales y nacionales, vinculados al Gobierno de Gerardo Morales”, denuncian en el informe, y afirman que “esto no solo implico la estigmatización de Alejandra, sino también de su hija”.

Explican que la causa penal fue “instada por la puntera radical Alejandra Martínez”, en ese momento a cargo del Consejo de la Mujer. “Nadie pudo acreditar ni probar que la niña haya tenido ideaciones suicidas. El daño, al contrario, sobrevino después”, señalan.

Detallan luego consecuencias de aquella denuncia, como la prohibición contra Cejas de acercamiento a su hija por 6 meses, “un alejamiento ilegal, tortuoso, con policías armados en la puerta de su domicilio y del de su hija de 11 años”.

Recuerdan que Alejandra Cejas había sido electa presidenta del bloque de diputados del Partido Justicialista de Jujuy a mediados del año 2020, “en contra de los deseos del principal social comercial y político de Gerardo Morales, Rubén Rivarola y del mismo Morales, por lo cual se la expulsó del partido justicialista de Jujuy” para que no pueda presidir la bancada.

La suspensión de Cejas en su labor legislativa se concretó el 21 de mayo de 2021 “sin resolución, sin fundamento, sin derecho de defensa, solo por el odio que genera entre los ‘hacedores del poder de Jujuy’, radicales y justicialistas”.

Finalmente, revelan que en mayo de 2021, en una nota periodística, el presidente del PJ jujeño Rubén Rivarola “expresó que quería golpear” a Alejandra Cejas, quien a raíz de esos dichos pidió medidas de protección de persona. “La jueza que las concedió fue amenazada con jury de desafuero y a las 3 horas cambiaba el fallo”.

“Las mujeres en Jujuy no tenemos protección contra la violencia. El poder judicial es el principal protector de los violentos”, afirma el texto.

Los casos de las concejalas Lorena Alfaro, de San Salvador de Jujuy, y Fanny Martínez, de Calilegua, están relacionados con las tareas de espionaje ilegal realizadas contra referentes de organizaciones sociales, en violación a las leyes de inteligencia y seguridad interior.

En este contexto, Alfaro fue objeto de tareas de inteligencia, esto “sumado a la incorporación de información personalísima en un expediente que criminalizó a referentes y referentas de organizaciones sociales, y fue objeto de hostigamiento en los espacios sociocomunitarios que coordina que pertenecen al Movimiento Evita y en su domicilio personal”.

“¿Por qué el Ministerio Público de la Acusación tiene información personalísima de una concejala opositora al Gobierno de Gerardo Morales?”, plantea la denuncia presentada a las expertas de la OEA.

Fanny Martínez, en tanto, fue víctima no solo de espionaje sino que debió soportar el allanamiento ilegal de su domicilio el 6 de julio de 2022, pocos meses después de haber asumido en sus funciones el 10 de diciembre anterior. El procedimiento, plagado de irregularidades detalladas en el informe, se realizó fuera del horario permitido para ese tipo de diligencias. “Destruyeron la vivienda de la concejala e incluso sustrajeron dinero de la vivienda”, que le fue devuelto “una vez que se presentó en la comisaría”.

La concejala Martínez “fue objeto de allanamiento ilegal, sustracción de efectos personales y dinero, destrucción de su vivienda, tareas de inteligencia, violación de los fueros parlamentarios, todo ello denunciado, ya que es la única mujer concejala de la Tupac Amaru”, afirman en el reporte.

“La violencia ejercida en su contra es un hecho conocido en la Provincia de Jujuy, y forma parte del plan sistemático de hostigamiento, falsas imputaciones y escarnio público, por su rol de opositora de Gerardo Morales”, agregan.

Tras detallar las presentaciones que se hicieron para denunciar estos hechos, el informe advierte que “la falta de acceso a la justicia para los opositores a Gerardo Morales, es palmaria”.