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La gobernadora María Eugenia Vidal rompió el silencio en torno a la denuncia que la compromete sobre el financiamiento de la última campaña electoral de los candidatos bonaerenses de Cambiemos a través de la afiliación fraudulenta de supuestos aportantes que en realidad eran beneficiarios de planes sociales.
Durante la conferencia de prensa que brindó para relanzar los descuentos del 50% en las compras de supermercado para los tenedores de tarjetas del Banco Provincia, la mandataria provincial dijo que había pedido una auditoría sobre la rendición de fondos y que su frente electoral se había presentado ante la justicia.
“Es una denuncia del kirchnerismo”, dijo Vidal, en un intento por quitarle valor a la investigación periodística del portal El Destape, y de inmediato agregó: “Pero no importa, de donde venga nos presentaremos, presentaremos todos los papeles”.
La gobernadora quedó en el ojo de la tormenta a partir del testimonio de bonaerenses –varios de ellos de sectores vulnerables- que aparecieron como aportantes de la campaña de Cambiemos pero ignoraban esa condición y negaban haber entregado dinero. El caso creció a medida que en distintos distritos de la provincia surgieron casos similares que derivaron en denuncias penales contra la mandataria y los candidatos de su partido en la elección legislativa de 2017: Esteban Bullrich y Graciela Ocaña. La senadora opositora María Teresa García denunció a Vidal y otras autoridades partidarias de Cambiemos en el juzgado federal platense N° 3 y otros dos expedientes fueron impulsados por parte de los fiscales Jorge Di Lello y Carlos Stornelli, aunque se descuenta que la causa terminará tramitando en la justicia bonaerense. La última denuncia se presentó en Junín, donde se detectaron otros seis casos de falsas donaciones.
Sin espacio para la re pregunta, Vidal usó la situación para plantear críticas a la ley de financiamiento de partidos políticos y lanzar una propuesta que en realidad ya estaba incluida en un anteproyecto del oficialismo que hasta ahora no fue tratado en el Parlamento: la bancarización de los aportes. “Así no queda ninguna duda sobre quién aportó o no aportó, sobre quién firmó o no un recibo y así tenemos las cuentas claras”, sostuvo la gobernadora.
El proyecto del gobierno para la nueva ley de financiamiento político fue difundido en febrero por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el marco de un seminario que reunió a funcionarios, legisladores, especialistas de la Justicia y expertos internacionales. El ministro lo caracterizó como una iniciativa que apunta a la “transparencia” del proceso eleccionario y castiga el “clientelismo”.
La propuesta oficial tenía como base la legitimación del respaldo económico de las empresas en las campañas electorales, el blanqueo de los fondos a partir de la bancarización y el castigo al uso clientelar de los aportes.
A declarar
El juez federal Sebastián Casanello citó a los primeros testigos que aparecen como aportantes falsos, después de que el fiscal Jorge Di Lello tomara la denuncia de Lucas Schaerer, de la Fundación La Alameda. En la causa están denunciados Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor Flores.
