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La justicia de Bolivia ratificó la detención preventiva dictada hace más de un mes contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, al rechazar otro recurso de la defensa que buscaba también un cambio de jurisdicción del proceso por el golpe de Estado de 2019, en tanto la exmandataria sumó una nueva denuncia por sedición y conspiración presentada por el jefe del Senado, Andrónico Rodríguez.
«El juez rechazó el recurso al considerar que se debe hacer una división entre un antes y después de los hechos investigados, por lo cual el caso se mantiene en la jurisdicción ordinaria», explicó el abogado Luis Guillén, defensor de Áñez, citado por la red radial Erbol.
Otros jueces habían rechazado en semanas anteriores tres recursos que había presentado la defensa de la expresidenta, buscando su liberación o su internación en una clínica.
La principal acusadora, la exdiputada oficialista Lidia Patty, dijo en breve contacto con reporteros que el juez tomó en cuenta que los delitos por los que se acusa a Áñez, como sedición y conspiración, habrían sido cometidos cuando era senadora y no cuando ya ejercía como presidenta.
Áñez, quien gobernó como presidenta de facto entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, tras la renuncia obligada del entonces mandatario Evo Morales, está detenida desde el 13 de marzo por la acusación de Patty que busca castigo para quienes organizaron su autoproclamación.
La expresidenta cumple detención preventiva de seis meses en un penal femenino de La Paz, mientras la fiscalía prepara el juicio.
Áñez sumó además otra denuncia, en términos similares a las anteriores, de parte del jefe del Senado, el oficialista Rodríguez, que consideró que incurrió en delitos de sedición, conspiración y otros al haberse autoproclamado gobernante violando la Constitución.
«He presentado esta denuncia de manera formal contra la exsenadora en razón de los actos cometidos por la denunciada los días 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019», dijo en conferencia de prensa el parlamentario del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Rodríguez llamó a la comunidad internacional, en particular a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), a que observen «esta realidad de los hechos» y compartan el propósito del Gobierno boliviano de evitar la impunidad.
«Queremos sentar precedente para que esto nunca más suceda; si no, mañana o pasado cualquiera se va a declarar presidente del Estado», advirtió.
La demanda del jefe del Senado, que según dijo fue presentada hace una semana a la fiscalía, forma parte de una ofensiva del oficialismo ante una campaña de la oposición que trata de negar que haya sido un golpe lo ocurrido en 2019 con la renuncia forzada de Morales.
Rodríguez remarcó que su demanda debía ser procesada por la fiscalía para un eventual juicio penal ordinario, y no un juicio de responsabilidades, porque se refiere a supuestos delitos cometidos por Áñez en condición de senadora, consignaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
Apuntó que acusó a Áñez de sedición por haber tomado el cargo de presidenta del Senado sin tener derecho y convocar luego a una sesión bicameral que no prosperó por falta de quórum, pese a lo cual se autoproclamó presidenta del Estado en representación del parlamento.
Áñez está acusada a la vez de «seducción de tropas», o llamamiento a reprimir manifestaciones callejeras de descontento; conspiración y asociación delictuosa junto a exparlamentarios y representantes internacionales, y de atribuirse los derechos del pueblo para autoproclamarse presidenta.
