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A fines de 2016, el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma realizó un estudio sobre las condiciones de trabajo en los ingenios de Salta y Jujuy, por encargo de la Federación Azucarera Regional (FAR), que nuclea a los seis sindicatos que representan a los trabajadores de los salteños Tabacal -el tercero del país en importancia- y San Isidro, y los jujeños Ledesma -el más grande del país-, La Esperanza y Río Grande.
A pesar del tiempo transcurrido, valen las conclusiones de ese estudio para encuadrar la crisis en el sector, expresada mediante despidos, suspensiones, retiros voluntarios, amenazas de cierre y cierre definitivo.
De acuerdo al informe, la producción azucarera se concentra casi en su totalidad en las tres provincias del NOA: Salta, Jujuy y Tucumán. Históricamente la pauta salarial la fijaba la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia), mientras que los ingenios de Salta y Jujuy corrían desde atrás. No obstante, hace unos diez años comenzó un proceso de renovación de las direcciones sindicales, con el surgimiento de nuevas conducciones que comenzaron a reclamar que el salario azucarero de Salta y Jujuy se equipare con el de Tucumán.
El estudio recuerda que los trabajadores del ingenio San Martín del Tabacal hicieron punta, con algunos conflictos que se prolongaron durante varios meses, y que los más importantes fueron en los años 2008, 2011, 2012 y 2016. Las mejoras que fueron consiguiendo estos trabajadores se fueron extendiendo a San Isidro y Río Grande, y finalmente contribuyeron a un cambio en la dirección del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (Soeail).
Luego de equiparar, y superar, los salarios azucareros de Tucumán, los sindicatos de Salta y Jujuy comenzaron a demandar cambios en las condiciones de trabajo: salud laboral, extensión de las jornadas, adicionales, etc. Todas estas mejoras se obtuvieron a partir de un fortalecimiento de la organización y de conflictos muy prolongados. La respuesta de los empleadores y el Estado incluyó despidos y persecuciones: las causas penales a partir del 2011 se cuentan por decenas.
En el año 2017 los empleadores pasaron a la ofensiva. Ledesma y Tabacal, los más grandes, comenzaron a adoptar prácticas antisindicales de todo tipo, apoyados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. A comienzos de este año, la ofensiva de las empresas se da en forma conjunta, mediante despidos o amenazas de despidos en todos los ingenios, a excepción de Río Grande. El objetivo es aumentar la intensidad del trabajo y debilitar a los sindicatos.
El estudio concluye además que la industria azucarera está lejos de enfrentar una crisis generalizada. De hecho, destaca que en Tucumán, donde funcionan 14 ingenios, no hay grandes inconvenientes, a excepción del San Juan.
Sobre las condiciones de trabajo, el estudio se hace eco de los reclamos y las principales denuncias presentadas por los trabajadores y las organizaciones sindicales, referidos a las pésimas condiciones laborales que afectan a muchos de ellos. En el campo, debido a la inexistencia o insuficiencia de los elementos de protección, a la exposición a productos químicos, a déficits en las condiciones de habitación (baños comunes o con letrinas, viviendas con riesgo de demolición, presencia de roedores y de distintas enfermedades transmitidas por agentes como moscas y mosquitos, etc); en la fábrica, debido a la exposición a agentes causantes de enfermedades laborales como la bagazosis, a la falta de cumplimiento de las normas laborales en materia de prevención de accidentes, a la creciente intensidad en la explotación del trabajo y a la obligación de muchos trabajadores de asumir múltiples tareas y funciones, etc.
Del otro lado, la respuesta patronal ha tenido diversas modalidades, pero en los últimos años se ha radicalizado y en muchos casos se han impulsado verdaderas políticas antisindicales que han forzado a los trabajadores a desarrollar conflictos de alta intensidad. En este sentido, las patronales han recurrido recientemente al auxilio de las fuerzas de seguridad, quienes han actuado como brazos de las estrategias de respuesta de los empleadores a las demandas sindicales. El estudio menciona la represión física de manifestaciones de trabajadores de los ingenios San Isidro, Ledesma y San Martín del Tabacal, además de la apertura de causas penales que habitualmente se dirigen contra los dirigentes de las organizaciones sindicales que llevan adelante los reclamos laborales.
En el informe se repasa la situación particular de cada uno de los cinco ingenios y las acciones de las empresas, que incurren en la violación a los derechos fundamentales de los trabajadores mediante la apertura de causas penales, la represión de la protesta, prácticas antisindicales y amenazas contra los puestos de trabajo.
El estudio completo se puede leer aquí.
