Juicio de lesa humanidad: Inspección ocular en seccional N°11 de Libertador

Por Eva Arroyo para H.I.J.O.S. Jujuy. El pasado jueves, se desarrolló una nueva audiencia, la N°65, correspondiente al sexto juicio de lesa humanidad en Jujuy, se realizó una inspección ocular en la sede de la comisaría N°11 de la ciudad de Libertador General San Martín.

Esta medida judicial fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de la provincia, y conducida por el juez Federico Díaz.

La covacha y los verdugos

La seccional 11 de Libertador Gral. San Martín fue la primera en esa localidad, está emplazada sobre toda la esquina de las calles Independencia y Entre Ríos de esa ciudad, a dos cuadras de la plaza central del “Pueblo Nuevo”. En el ingreso principal, hay un cartel que en su encabezado reza: “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado” y abajo aclara: “Esta dependencia de la policía de la provincia de Jujuy funcionó como centro de detención ilegal…”.

Esta comisaría fue uno de los engranajes de la maquinaria represiva y de terror que se desplegó en esa zona, maquinaria pesada del feudo de los Arrieta-Blaquier.

Para ese entonces, antes y durante la dictadura, en esa comisaría estuvieron a la cabeza, entre otros, Luis Benjamín Burgos, Manuel A. Baigorria, Florentino Burgos Araos, Manuel Herrera, Roberto Walter de la Cruz, Francisco Guanuco, y Daniel Jesús Alfaro.

El ramal jujeño (1) estaba bajo la jurisdicción de la Unidad Regional N°2 (2) con asiento en la ciudad de San Pedro a 50 km. de distancia de Libertador.  Esta unidad regional de la policía estuvo al servicio del poder económico de la Empresa Ledesma SAAI (3), una patota dirigida y encabezada por los comisarios Enrique Morales alias “El Peludo”, y José Américo Lescano alias “El Loco”, ambos mencionados una y otra vez por las víctimas sobreviviente en sus testimonios. Recordados y acusados por su particular sadismo y perversión sexual.

Morales fue oficial de inteligencia, jefe del D2 (Departamento de Informaciones Policiales) (4) de la UR2, y como premio a su labor coercitiva de la dictadura, asumió como secretario de Gobierno de la Ciudad de San Pedro en mayo de 1976 hasta enero de 1978, cuando Blaquier y las fuerzas de seguridad ya habían limpiado la provincia de “indeseables”, los nuestros.  Pero nunca dejó de ejercer su rol represivo, siempre participó de los secuestros y desapariciones, de los tormentos y delitos contra la integridad sexual.

Fue beneficiado por el punto final biológico (5) en el año 2008, a fines de los ´80 deja su función en la policía y para el año 1991 creó la agencia de seguridad privada “Alerta S.R.L”, la que fue contratada por la empresa Ledesma, compañía azucarera en la cual se desempeñó como jefe de seguridad hasta que un cáncer de estómago se lo llevó. Todo tiene que ver con todo.

Lescano no es ni fue diferente, después de casi medio siglo, está siendo juzgado por privación ilegal de la libertad agravada por violencia, torturas agravadas, violación agravada y homicidio doblemente agravado, Morales seguramente estaría en la misma situación.

El Loco, asiste a todas las audiencias, escucha y anota detalladamente cada testimonio, gesticula, se ríe y mira de manera desafiante e intimidante a quien se atreve a clavarle la mirada, siempre cuando el tribunal no lo observa.

Es un espécimen de lo más repulsivo, en esta oportunidad pidió expresamente estar presente. Fue jefe de la seccional 24 de Libertador y a la vez jefe la oficina de informaciones reservadas (inteligencia) de la UR2, es decir que estuvo a cargo de inteligencia de todas las comisarías de la zona incluyendo la 11, donde se llevó a cabo la medida judicial, por eso su interés particular. También cumplió funciones como jefe del D2 de la UR2.

Se retiró en el año 1990, durante varios años estuvo a cargo de varias empresas de seguridad privada hasta que creó la propia, “Génesis Seguridad S.R.L”, la que en el año 2009 pasó a manos de sus hijos.

Pedro Ríos, oficial auxiliar mano derecha de Lescano en el D2 de la UR2, también está siendo juzgado, acusado de torturas agravadas y privación ilegal de la libertad agravada por violencia.

Asimismo, Carlos Humberto Cachambe, Oficial Subayudante, y el suboficial Virgilio Choffi, fueron personal de la seccional 11. Ambos están imputados en este juicio. Cachambe por torturas agravadas y privación ilegal de la libertad agravada, y Choffi por allanamiento Ilegal y privación ilegal de la libertad agravada por violencia.

En 1976, hubo dos grandes operativos, el del 24 marzo, día del golpe y la noche del 20 y madrugada del 21 de julio, La Noche del Apagón, en esos operativos de fuerzas conjuntas participó el personal de las dos comisarías que había en Libertador, la 11 y la 24. Los funcionarios policiales de la seccional 11 eran; Luis Benjamín Burgos, Daniel Jesús Alfaro, Manuel A. Herrera, Carlos H. Cachambe, Oscar A. Castro, Virgilio Choffi, Eduardo R. Ramírez, Francisco C. Ríos, Sixto Alancay, Ángel G. Alaniz, Luis R. Álvarez, Domingo Araya, José D. Arnedo, Joaquín Báez, Manuel A. Baigorria, Vicente Balderrama, Marcelino Yurquina, Enrique Beltrán, Manuel E. Burgos, Silvio José Canchi, Fernando Castellón, Armenio H. Chauque, Benito Condori, Ambrosio Cruz, Víctor Espinosa, Gabriel Feliciano, Abel H. Ferrufino, Evaristo Figueroa, Hipólito Gallardo, Sergio A. Giménez, Ernesto Gonzales, Francisco A. Guanuco, Facundo P. Guerrero, Francisco J. Gutiérrez, Luis A. Herrera, Vicente Inca, Eliazar Jara, Marcos F. Llanes, Fermín López, Paulino López, Ramón Mamani, German Marín, Mario O. Martínez, Antonio Martino, Domingo A. Massori, Rumualdo Molina, Serapio Olmos, Francisco C. Orellana, Ciriaco Ortega, Pascual Palomo, Pedro Pablo Párraga, Rubén M. Patochi, Aimon Quiroga, Luis A. Quiroga, Leonardo S. Ramírez, y Carlos Rodríguez.

Sostener la memoria y la verdad

El sol intenso y el calor característico de la zona acompañaron durante toda la jornada, la medida judicial comenzó a las 11:00, estuvo conducida por el juez Federico Díaz quien fue asistido por el secretario Marcelo Merlo, ambos siguieron atentamente cada detalle que aportó el testigo-víctima Raúl Osvaldo Tapia, ex preso político. También concurrieron todas las partes involucradas; la fiscalía a cargo del auxiliar fiscal Federico Casas y la oficiala interina Belén Chalup, integrantes de H.I.J.O.S. Jujuy, querellantes en la Mega-Causa, familiares de las víctimas, sobrevivientes, las defensas de los imputados y el represor José Américo Lescano. Y para asistir y acompañar al testigo, personal del programa Verdad y Justicia, y de acompañamiento a los testigos víctimas.

Antes de ingresar a la dependencia policial, se hizo el pedido de respetar las normas sanitarias establecidas por el tribunal en consonancia con las recomendaciones del Ministerio de Salud, además, el juez, le recordó al testigo, Raúl Osvaldo Tapia, que seguía bajo juramento de decir toda la verdad. Raúl asintió, y cuando vio a su sobrina (Liliana) la tomó fuerte de la mano, e inmediatamente se ingresó a la seccional.

El primer lugar, donde la comitiva se detuvo, fue el patio central o plaza de armas de la dependencia, allí Raúl comienza a contar su paso por ese centro clandestino y señalando el medio del patio expresó: “Ahí dejaron una silla, me pusieron las esposas, la capucha y le dieron la orden a Sandoval de que me haga pelar (rapar el pelo). El que me peló fue un policía, tenía traje de policía… Había más de 20 personas con la ropa del ejército. Yo de los nervios que tenía estaba tiritando, cuando me sentaron pensé que me mataban y me tiraban en algún lado”.

Raúl era empleado de la Empresa Ledesma SAAI y junto a otros trabajadores y miembros del sindicato, participó y organizó un paro realizado entre los meses de junio y julio de 1975, por reclamos salariales y de equipamiento laboral adecuado. Luego de esta medida gremial, fue cesanteado.

Una madrugada de los primeros días de abril de 1976, mientras dormía, una patota del Ejército Argentino y Gendarmería Nacional ingresó en su domicilio para secuestrarlo. Luego de ser sacado de su casa, subieron a Raúl a un camión del Ejército con destino a la Comisaría 11 de Libertador General San Martín, de uno de sus captores recordó que; “alcancé a ver la placa con su nombre que decía Sandoval, pero la gente del ejército lo llamaba por su apodo. Le decían “ratón”. Sandoval estaba aquí parado y un señor del ejército le dio la orden: “a este zurdo lo pelas ya y lo cargamos”.

Según los registros documentales de H.I.J.O.S. Jujuy, en el GAM5 (6), cumplió funciones un sargento de nombre Gustavo Sandoval, está más que demostrado que esa dependencia militar aportó el personal de inteligencia al aparato represivo del Área 323 (7). Horacio Vale, ex preso político (f), en varias oportunidades señaló como parte de los grupos de tareas a Sandoval, dueño del complejo Sandoval, hoy candidato a concejal del vicegobernador de la provincia Carlos Haquim.

Sobre si en el lapso que estuvo en esa dependencia policial pudo ver a otros presos políticos señaló que; “Cuando llegué vi de refilón a un señor que conocía de vista de apellido Calapeña (Fausto) y escuché que los del ejército se preguntaban si ya habían liberado a la señora Nelly Canchi”. Ambos son sobrevivientes a la dictadura militar

Indicó además que estuvo alrededor de media hora en el lugar y que luego lo tomaron de los brazos y lo subieron a un camión del ejército con destino desconocido; “me ayudaron a subir y cuando estaba yo en cuclillas para enderezarme me pegaron un empujón, quedé tirado en el piso y ahí arrancó”.

Raúl nunca pudo identificar con claridad el lugar en donde estuvo después de que lo sacaran de la comisaría: “A donde me llevaron no tengo idea. Lo único que sé, por el tacto, es que era una pared de chapa. Cuando ya no estaba acá, cuando me encontraba en mí detención clandestina, si escuché ladridos, llantos, golpes como de tortura”, luego de ser sometido en ese lugar, durante días, a interrogatorios y tormentos, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria del barrio Gorriti, desde donde recuperó la libertad en diciembre de 1976.

Posteriormente, la fiscalía solicita al presidente del TOF recorrer toda la dependencia, el juez Díaz da lugar al pedido, es así que la comitiva inspeccionó todos los habitáculos del predio, entre ellos 5 calabozos y dos baños en condiciones inhumanas.

Terminado el recorrido, todos confluyeron nuevamente en el patio central donde Osvaldo Tapia esperaba, paradójicamente, sentado en una silla, pero esta vez en condiciones totalmente disímiles, acompañado por su sobrina Liliana y la psicóloga del programa de acompañamiento a testigos víctimas, quienes lo contuvieron durante toda la jornada, tomó nuevamente la palabra; “quiero decir algo, cuando se organizó el paro, todos los compañeros que apoyaron fueron detenidos, del campo, del talar, de la fábrica de azúcar, de tornería, todos presos y torturados. Eso no es nada, a los años empezaron a echar a sus familias. A todos. A los tíos, primos. A mí padre le dieron 72 horas para que entregue la casa de Ledesma y se vaya de Jujuy. Eso es insólito. Y después Ledesma dice que no han apoyado a la dictadura. ¿Cómo que no apoyaron? Si le prestaron los vehículos al ejército también”.

Cerrando ya la medida judicial, Raúl, también se encargó de dejar clara la participación de Lescano, el que seguía atentamente todos los movimientos y nunca bajó su clásica mirada desafiante: “el señor Lescano sabe bien cómo se manejaron acá en Ledesma, el dejó la zona liberada para que me detengan. Acá hay mucha gente detenida y desaparecida. Algunos hermanos míos”, Raúl Tapia es medio hermano de Hugo y Mario Condori, ambos ex presos políticos sobrevivientes, hoy fallecidos.

Esta inspección ocular, y las restantes que se llevarán a cabo este mes y el que viene en Libertador Gral. San Martin, medidas judiciales que llevan más de año y medio pospuestas debido a la crisis sanitaria, se viven en un contexto particular.

El 8 de julio pasado la Corte Suprema de Justicia, después de 6 años, revocó la falta de mérito a Carlos Blaquier y Alberto “Bony” Lemos por delitos de lesa humanidad, precisamente por ser ideólogos y participes del terrorismo de Estado.

*Notas de campo: Álvaro Agostini

Citas

1- Ramal jujeño, la zona debe su nombre al ramal ferroviario que desde Perico se dirige al Norte, hasta Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Es la zona de menor altura, cálida y húmeda de la provincia de Jujuy. Dentro de esta zona se cuenta la ciudad de Libertador General San Martín, lugar en el que se asienta el Ingenio Azucarero Ledesma.

2- La Unidad Regional de Policía es la unidad operativa mayor de las fuerzas policiales que planifica, conduce y ejecuta operaciones especiales y generales de seguridad pública y provee de apoyo logístico y técnico a las unidades y subunidades dependientes.

3- Ledesma SAAI (Sociedad Anónima Agrícola Industrial) es una empresa hegemónica de la provincia de Jujuy cuyas actividades se centran en el procesamiento de la caña de azúcar. La misma está asentada en la ciudad de Libertador San Martín y pertenece al grupo económico Ledesma, propiedad de la familia Blaquier/Arrieta, una de las más ricas del país. Desde sus inicios el gran crecimiento de la compañía estuvo ligado a la apropiación de tierras, el secuestro de personas y la explotación laboral extrema. Durante la última dictadura cívico-militar apoyaron ideológica y logísticamente a los militares. Actualmente Pedro Blaquier, ex presidente de la empresa, que ahora comanda uno de sus hijos, está imputado por la justicia por violaciones a los derechos humanos.

4- El Departamento de Informaciones Policiales (DIP) o D2 (código con el cual era identificado dentro de las policías provinciales), fue uno de los dispositivos que integró la trama represiva articulada por el Estado argentino bajo el gobierno de la última dictadura cívico-militar. El mismo tenía como objetivo recabar información sobre el accionar social, político, gremial e ideológico para la persecución y aniquilamiento de opositores políticos.

5- Se denomina “Punto Final Biológico” a la caducidad o prescripción de una acción judicial en contra de un imputado por causa de su fallecimiento.

6- GAM 5 (Grupo de Artillería de Montaña 5) llamado «Capitán Felipe Antonio Pereyra de Lucena» es un grupo del Ejército Argentino creado el 21 de mayo de 1898 en la ciudad de San Salvador de Jujuy

7- El Área 323 marca la jurisdicción que otorgó la última dictadura militar al Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) para reprimir a opositores en Jujuy.

8- Los grupos de tareas, GT o también llamados patotas, conformados por diversas fuerzas militares, eran los grupos que se encargaban de la tortura, asesinato, desaparición de objetivos señalados por la dictadura.