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La provincia de Tucumán adhirió a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en materia de género entre la totalidad de los agentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Legislatura provincial aprobó por mayoría el proyecto que finalmente se impuso ante la postura de un sector de la oposición que buscaba la sanción de una norma alternativa.
El dictamen de mayoría fue sancionado con 39 votos a favor y ocho en contra, ya que a la bancada de Fuerza Republicana -espacio que lidera Ricardo Bussi y que propuso el rechazo del dictamen- se unieron los legisladores Raúl Albarracín y Walter Berarducci, ambos del Partido por la Justicia Social.
“Hemos aprobado la Ley Micaela por abrumadora mayoría y de esta forma estamos dando cumplimiento a la adhesión que realizaron todas provincias del país», señaló el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. Tucumán era la única provincia que no había adherido todavía a la norma nacional.
El vicegobernador destacó que la norma tiene una «pequeña modificación» ya que «la autoridad de aplicación en la provincia estará a cargo de las máximas autoridades de los tres poderes», el gobernador Juan Manzur (Ejecutivo), la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Sbdar (Judicial) y Jaldo (Legislativo).
Se espera que la ley sea promulgada en las próximas horas por el gobernador Manzur, quien se comprometió a dar ese paso «lo antes posible» para que la norma entre en vigencia en la provincia.
En alerta
A pesar de celebrar la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela, organizaciones y colectivos de mujeres expresaron preocupación por el modo en que se implementarán las capacitaciones en esa provincia.
Desde el colectivo Ni Una Menos Tucumán difundieron un comunicado en el que remarcan que «la Ley Micaela en Tucumán es un logro del movimiento feminista, las organizaciones de mujeres y el colectivo LGBTIQ+».
«Exigimos que quienes dicten las capacitaciones sean personas idóneas, con perspectiva de género y conocimiento de las problemáticas de violencia, géneros y diversidad y no se encuentren en condiciones de precariedad», señala el texto.
Expresan luego que la adhesión «fue posible gracias a lucha que llevamos adelante mujeres, feministas, organismos de derechos humanos, sindicatos, estudiantes y disidencias», y agregan: «No es la voluntad política que pretenden instalar».
«La presión nacional que conseguimos nos acercó a tener más derechos garantizados en Tucumán. Es por esto que nuestra lucha continuará luego de la aprobación, pues exigiremos su reglamentación en tiempo y forma con el debido presupuesto», advierten.
Señalan luego que «las capacitaciones obligatorias son urgentes para modificar las vivencias cotidianas de las mujeres y el colectivo LGBT», y recuerdan que «en medio de la sesión legislativa conocíamos tristemente que ya son 10 las víctimas de femicidio en Tucumán, durante este año».
«No bajaremos los brazos hasta que esta norma sea aplicada con perspectiva de género y presupuesto», afirman.
