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“Van por la líder de esta protesta porque quieren ejemplificar”. Con estas palabras, Luis Paz, abogado de Milagro Sala, se refirió el 16 de enero de 2016 a la detención de la líder de la Tupac Amaru en Jujuy, producida minutos antes. «No sorprende, viniendo de un gobierno de derecha como es el de Gerardo Morales en Jujuy y el de Mauricio Macri a nivel nacional», agregó. Siete años después, con la dirigente social aún privada de su libertad, la profecía está cumplida.
Milagro fue detenida en el marco de una protesta que inició la Red de Organizaciones Sociales con un acampe en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy cuatro días después de que Gerardo Morales asumiera la gobernación. Reclamaban que el nuevo mandatario provincial respondiera a los numerosos pedidos de audiencia porque querían conocer cuál era su plan en relación con los 20 mil puestos de trabajo que sostenían las cooperativas.
La Navidad de 2015 en la plaza Belgrano
A Sala la apresaron en su casa del barrio de Cuyaya, donde actualmente cumple prisión domiciliaria. Aquel operativo estuvo encabezado por el entonces ministro de Seguridad, Ekel Meyer, quien hoy es miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. La denuncia fue por “instigación a cometer delitos y sedición”.
A partir de entonces, la dirigente enfrentó numerosas causas judiciales promovidas por Gerardo Morales en la justicia provincial, reformada a medida de su plan de neutralizar y terminar con las organizaciones sociales; sobre todo la Tupac Amaru, pero no solamente.
También se cumplieron los pronósticos oscuros: persecución a dirigentes sindicales, sociales, políticos, estudiantiles y vecinales; espionaje ilegal hacia organizaciones populares; armado de causas judiciales que derivaron en proscripciones; criminalización de la protesta, y hostigamiento a la prensa que cuestiona al gobierno provincial.
Pero no fue sólo Milagro Sala. En esas primeras semanas de 2016, también fueron detenidos otros referentes de la Tupac Amaru, como Graciela López, Javier Nieva, Mirta “Shakira” Guerrero, Adriana y María Condorí, Patricia “Pachila” Cabana, Javier Nieva, Iván “Diablito” Altamirano y Miguel Sibila.
Julio de 2019
Informes y denuncias
Las prácticas autoritarias de Gerardo Morales, quien ha contado y cuenta con la adhesión entusiasta o la obediencia temerosa de funcionarios judiciales, dieron lugar a investigaciones que produjeron informes durísimos. En el último de ellos, elaborado en agosto pasado, la abogada Gabriela Carpinetti, directora nacional de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, aseguró que “en Jujuy funciona una estructura judicial policial que constituyó una empresa de espionaje ilegal”.
En particular, la privación de la libertad de Milagro Sala motivó, en estos siete años, un sinfín de denuncias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), Amnistía Internacional, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Grupo de Curas en Opción por los Pobres, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos son sólo algunos de ellos.
Junio de 2022. El ministro de Justicia Martín Soria recibe a referentes de la Tupac
También se hicieron movilizaciones, acampes y campañas de difusión para pedir por la libertad de la dirigente social. La Organización Barrial Tupac Amaru encabezó el reclamo en el marco del Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala y sus referentes incluso mantuvieron reuniones con dirigentes políticos de primera línea. A partir de diciembre de 2019, con el cambio de gobierno, tuvieron audiencias incluso con el presidente Alberto Fernández.
Sala contó además con la solidaridad internacional. Argentinos residentes en Europa se organizaron para hacerle llegar al Presidente el pedido de libertad de la dirigente y el reclamo de acciones para recuperar el estado de derecho en la provincia de Jujuy.
Alberto Fernández
Alberto Fernández también se solidarizó con la líder de la Tupac en los primeros tiempos de su encarcelamiento. El 31 de diciembre de 2016, cuando no ocupaba ningún cargo público, la visitó en el penal de Alto Comedero, adonde había sido trasladada después de pasar dos semanas detenida en la Comisaría de la Mujer del barrio capitalino de Huaico.
El segundo encuentro fue en junio del año pasado, cuando ya como Presidente suspendió su agenda y viajó a Jujuy para visitarla en el sanatorio donde había sido internada por una trombosis venosa profunda, un cuadro que aún hoy la aqueja y por el que su médico personal, Jorge Rachid, pidió el traslado a la ciudad de Buenos Aires, que hasta hoy fue negado por el Poder Judicial jujeño.
Organismos internacionales
Al cumplirse un año de la detención de Milagro Sala, el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, hizo un llamado «para que se respete el debido proceso» de la dirigente social y advirtió que «la criminalización de la protesta genera más violencia, así como las interferencias del ejecutivo local en los juicios que le siguen».
En 2016, en el penal de Alto Comedero, Milagro recibió la visita de delegaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU.
La CIDH con Milagro Sala en Alto Comedero
Ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Jujuy (CIDH) emitió una medida cautelar en favor de la dirigente social. Allí solicitaba al Estado argentino que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de la señora Milagro Sala», y que se adopten «medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien que la señora Milagro Sala pueda afrontar en libertad con medidas como la fiscalización electrónica”.
Esa resolución fue ratificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que compromete al Estado nacional respecto de la situación de Sala.
Desde entonces, Milagro está con prisión domiciliaria. De tanto en tanto, y cuando lo dicta la conveniencia política, Gerardo Morales amenaza con que le va a revocar ese derecho. La última vez fue, precisamente, cuando la dirigente social fue internada el año pasado. Sin disimular su molestia por la presencia de Alberto Fernández en la provincia, el gobernador enfatizó: “Espero que la señora Sala mejore su salud, pero para que vaya a una cárcel común”.
Poder Judicial en la mira
El 29 de junio del año pasado, después de visitar a Milagro Sala en su lugar de internación, el presidente Fernández dio una breve conferencia de prensa desde el mismo sanatorio en la que cargó contra el Poder Judicial de Jujuy. «lo que le está pasando es el resultado de las decisiones de la justicia de Jujuy», afirmó.
El armado de una estructura judicial ad hoc por parte de Gerardo Morales para procesar y condenar a Milagro Sala y para perseguir y criminalizar a referentes opositores, motivó la presentación de dos proyecto de intervención federal.
El primero, elaborado por el senador nacional jujeño Guillermo Snopek (Frente de Todos), se presentó en febrero de 2020. Si bien llegó a ingresar a la Comisión de Asuntos Institucionales, la iniciativa no prosperó, sobre todo por la llegada de la pandemia de coronavirus, la suspensión de actividades y el cambio de eje en la agenda política nacional. Finalmente, perdió estado parlamentario. De todos modos, Snopek sostiene que la situación en Jujuy amerita que se reflote.
El segundo proyecto fue impulsado por los diputados nacionales del Frente de Todos Federico Fagioli, Itai Hagman y Natalia Zaracho, referenciados con el Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois, y promueve la intervención federal al Poder Judicial de la provincia de Jujuy «frente a las prácticas autoritarias en la provincia gobernada por Gerardo Morales».
El jurista Raúl Zaffaroni, extitular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se refirió al tema: «Lo único que corresponde, citando expresamente la Constitución, si la provincia no garantiza la administración de justicia, es la intervención federal”, afirmó al cumplirse apenas un año de la detención de Milagro Sala. Y agregó: “El gobierno nacional está violando el estado de derecho por omitir la intervención, independientemente de las violaciones a nivel internacional.
Por esos días, “el gobierno nacional” era el de Mauricio Macri. Seis años después, ya bajo la gestión de Alberto Fernández, el pedido de intervención de la justicia de Jujuy se mantiene en cada movilización y campaña que reclama por el regreso del estado de derecho en la provincia.
Por Gabriela Tijman (editora de El Submarino)
