Multaron con 10 mil pesos a los estudiantes que protestaron por el cierre de las escuelas para adultos

La justicia contravencional impuso una multa de diez mil pesos a los tres estudiantes y el docente que fueron imputados por reclamar el año pasado contra el cierre de los Centros de Educación Integral de Jóvenes y Adultos (Ceija). Los estudiantes Valentina Melo, Jonathan Renaud y Esteban Zapana y el docente Iván Mendoza recibieron esa sanción de parte del juez contravencional Matías Ustarez Carrillo en la causa iniciada e impulsada por la Policía provincial a fines de marzo del año pasado, cuando fueron detenidos durante varias horas por una permanencia frente a la Casa de Gobierno.

«Son 40 mil pesos que el Estado intenta recaudar de una protesta pacífica de estudiantes contra el cierre del establecimiento donde cursaban», analizó el abogado Héctor Huespe, quien representó Mendoza en el proceso.

En diálogo con El Submarino Diario, Huespe adelantó que van a recurrir la sentencia, aunque para eso habrá que esperar cinco días. «La sentencia está incompleta, porque ahora ellos tienen que ver cómo hacen para fundamentarla», señaló.

Durante el desarrollo de la audiencia de esta mañana, organizaciones sindicales como ATE y la CTA Autónoma Jujuy, de derechos humanos, políticas y universitarias se movilizaron a la puerta del juzgado contravencional para repudiar el procedimiento.

En la noche del Jueves Santo de 2018, un grupo de estudiantes que permanecía en la puerta de la Casa de Gobierno para pedir que no se cerraran los establecimientos donde estudiaban, fueron detenidos junto Huespe y la concejala del PTS-FIT Andrea Gutiérrez. Llegaron a este juicio contravencional los alumnos de los Ceija Renaud y Sajama, la estudiante universitaria Melo y el docente Mendoza. Estos dos últimos se habían acercado a solidarizarse con los jóvenes.

«La condena es absolutamente ilegal y arbitraria, nula de nulidad absoluta», aseveró Huespe, y agregó: «Es una muestra más de un estado provincial manejado por Gerardo Morales, represor y soberbio, que se jacta de hacer cumplir las normas mientras hace todo lo contrario, violando la Constitución provincial, las leyes de procedimientos, y persigue a quienes protestan de manera pacífica y conforme al derecho constitucional de hacerlo».

El abogado repasó los hechos que derivaron en este juicio contravencional: «Recordemos que fue una protesta de adultos que querían terminar la secundaria y progresar, la respuesta del gobierno fue ‘no vamos a dialogar con ustedes, les mandamos la Policía, les ponemos un procedimiento administrativo inventado por nosotros’. Un proceso que puede llegar a imponer incluso el arresto, algo absolutamente ilegal».

«Quieren un pueblo que no esté educado y que no luche por  sus derechos, y que sepa que quien protesta por sus derechos, aunque sea pacificamente, será perseguido», concluyó Huespe.

Por su parte, la abogada Maia Hirsch, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), que en este proceso representó a Valentina Melo, afirmó: «No vamos a permitir que se siente un brutal precedente para quienes salen a luchar y menos en momentos donde todos nos vamos a ver más seguido en las calles frente a este ajuste cada vez más brutal que quieren implantar”.

 

 

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