Condenan a diez años de prisión al policía que torturó a Luciano Arruga

Se trata del exoficial de la Bonaerense, Diego Torales, que estaba a cargo de la comisaría de Lomas del Mirador en 2008. Cuatro meses después, el chico desapareció. Su cuerpo fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.

Luciano Arruga habló a través de los relatos de Mónica Alegre, madre del adolescente; Vanesa Orieta, la hermana; Juan Gabriel Apud, su amigo; y Rocío Gallegos, amiga de la hermana.» Este fue uno de los tramos más importantes del fallo del TOC 3 de La Matanza que condenó por unanimidad a diez años de prisión al policía Julio Diego Torales por torturar, en septiembre de 2008, a Luciano Arruga. «Esta sentencia revaloriza la palabra de los que no tienen voz en los procesos judiciales», explicó a Tiempo Paula Litvachky, directora del área de justicia y seguridad del CELS.

Los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Liliana Logroño detallaron que gracias a estas cuatro declaraciones se pudo reconstruir que ese 22 de septiembre entre las 11 y las 19 Luciano fue demorado por un supuesto robo y trasladado al destacamento de Lomas del Mirador donde fue alojado en la cocina. «No advertimos a esta altura que dichos testimonios estén teñidos de parcialidad, odio o rencor, sino por lo contrario fueron certeros al aseverar sin vacilaciones las circunstancias que cayeron bajo sus sentidos», indicaron los magistrados. «Dejamos expuestas las torturas que sufrió Luciano, este fallo es ejemplar para que la policía sepa que no pueden hacer lo que quieran con las personas y espero que la sociedad tome conciencia que en los barrios suceden estas cosas», dijo Vanesa a la salida del tribunal.

Durante la lectura de la sentencia, Torales permaneció inmutable. Sin dejar de escuchar su condena, el acusado miró fijamente a cada uno de los presentes en la atestada sala del primer piso de Mendoza 2417, en San Justo, donde el público se dividía entre sus allegados y los familiares y amigos de la víctima. Afuera, militantes de Derechos Humanos se manifestaban contra la violencia institucional.

Lejos de hacer lugar al pedido de los abogados de Torales para que se investigue a Vanesa y Apud por falso testimonio, los jueces se preguntaron: «¿Cómo sostener que la víctima no fue torturada, como lo arguyó la defensa? No más comentarios desde que afirmar tal tesis roza con la falta de respeto a la jurisdicción ante la contundente evidencia contraria.»

Se dio relevancia a los dichos de Vanesa cuando Luciano le gritó para que lo sacara de ese lugar porque lo estaban castigando. «Tenía mucho miedo por mi hermano y sabía que lo que hiciera lo iba a perjudicar. Tenía mucha rabia pero no podía hacer nada, con esas personas que estaban ahí con contextura física mayor y armados, no me quedaba otra que entrar y salir, bancarme las verdugueadas, hacia mí y a mi madre, que me hacían sentir el poder que tenían», según había declarado la joven, cuyo testimonio fue valorado en la sentencia.

Otra de las circunstancias tenidas en cuenta por el tribunal fue el degradante episodio en el que los efectivos le dieron a Luciano un sánguche salivado.

En la resolución se destacó que el oficial de servicio Torales «omitió la implementación de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y le infligió intencionalmente sufrimientos físicos, mediante golpes con un elemento duro o romo, mientras otro funcionario policial lo retenía».

Para los jueces el imputado «sabía perfectamente los derechos que tenía el niño y sus familiares y se los negó, Luciano tenía el derecho de comunicarse con su familia, comunicarle el motivo de la demora pero le fue negado, y la jerarquía de Torales le imponía conocerlos».

De acuerdo a los informes de los médicos que en su momento habían atendido a Luciano, el fallo judicial concluyó que el adolescente sufrió «un traumatismo en la región facial, en la frente y en el pómulo izquierdo, a la par que le generaron un sufrimiento psíquico al proferirle amenazas, humillaciones y menosprecios que degradaron su dignidad».

Desde el CELS, que fue uno de los organismos que representó a la querella junto a la APDH de La Matanza, rescataron la «concepción que tuvo el Tribunal para entender de acuerdo a las normas internacionales el grave delito que aquí se investigaba». La militante remarcó la «que se haya interpretado como torturas la detención por tantas horas de un menor, que haya estado incomunicado, la incertidumbre, las amenazas, los golpes, el menosprecio que sufrió y la angustia moral que le provocó. Todo esto es muy importante para seguir trabajando sobre el control judicial ante la violencia institucional», según indicó Paula Litvachky.

La directora del CELS afirmó que esta condena es clave para avanzar con la idea de que «esta detención arbitraria fue la antesala de la desaparición del chico que ocurrió unos meses después».

Tiempo Argentino