Jujuy y la riqueza de los otros

Por Gastón Remy concejal y economista del FIT-U Esta vez de gira por los Estados Unidos rodeado de sus pares del Norte Grande y junto al ministro del Interior, el gobernador Gerardo Morales, volvió a recordarles a las multinacionales que en la provincia están “las mejores condiciones para invertir en litio.”

Lo hizo conectado por videoconferencia a la 4º edición del foro Democracia y Desarrollo organizado por el grupo Clarín.

¿Cuáles son estas buenas condiciones para invertir?

Hay que partir de la existencia de todo un entramado legal de rango constitucional que les garantiza a las multinacionales llevarse los minerales con la pala como si fuera la época de la colonia cuando la corona española o británica saqueaban el oro del Perú.

El Código minero que data de otro momento del saqueo histórico fines del siglo XIX, más precisamente el año 1886. Allí se indica que las minas son bienes privados del Estado nacional o de las provincias. En el Art. 9 se deja bien en claro que, “El Estado no puede explotar ni disponer de las minas”, sino que las debe conceder al capital privado.

A partir de la nueva Constitución Nacional de 1994, surgida del pacto entre el PJ y la UCR (Menem-Alfonsín) son las provincias las únicas propietarias de los recursos naturales en su territorio (Art. 124).

Esta legislación le da garantías a las multinacionales que accedan a la propiedad de las minas que el Estado no puede interferir en sus negocios, y en el caso de las provincias, el traspaso de la propiedad minera exclusiva fue como compensación a la quita de fondos nacionales para sostener los sistemas de salud y educación durante los años 90’. De aquí que los gobiernos necesitados la mayoría de las veces de fondos ofrezcan los recursos naturales al mejor postor con tal de obtener algún ingreso para el fisco.

Pero también el Estado nacional y provincial le otorga a la minería en general, y a la de litio en particular, una serie de concesiones impositivas que no tiene ningún ciudadano de a pie.

A nivel nacional los impuestos a las exportaciones (retenciones) son apenas de 4,5%. Si le aplicarán los mismos impuestos que hoy rigen para la soja (33%) pasaría a recaudar 23.100 dólares por cada tonelada de litio exportada. Sin embargo, hoy recauda tan solo 3.150 dólares. Además, el Estado se deja robar porque pese al precio internacional hoy en 70.000 dólares la tonelada, le reconoce tan solo 53.000, legalizando la subfacturación.

En la provincia no pagan ingresos brutos. Y por regalías y canon las mineras aportan en promedio tan solo el 0,2 % de los ingresos del Estado de origen provincial según las estimaciones presupuestarias públicas.

Sin dudas las condiciones de inversión que genera el Estado son oro en polvo para las multinacionales. Sin embargo, se reproduce un mecanismo social donde unas pocas familias se enriquecen con negocios realizados sobre un patrimonio natural ajeno, y las mayorías ven pasar millones y millones de dólares por sus narices.

Un caso sirve de ejemplo. Las ganancias de Sales de Jujuy para este año podrían llegar por lo menos a los 510 millones de dólares. Tan solo con el 80 % de estas ganancias se podrían construir 9.792 viviendas de 5,5 millones de pesos cada una y generar miles de puestos de trabajo genuino.

Evidentemente riquezas hay, lo que falta es cambiar de fondo las reglas del juego y el rol de los actores. Mineros y comunidades son los que deberían asumir el control de las minas reorganizando la producción en función de las necesidades sociales y aplicando las nuevas técnicas de extracción del litio que minimicen el impacto ambiental. Porque bajo la democracia actual, si al desarrollo lo dejamos en manos de las multinacionales y sus gobiernos, las mayorías vamos a tener que seguir esperando por los siglos de los siglos.