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La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó, en segunda y definitiva votación, el controvertido proyecto de ley que establece la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
«En segunda votación, la Comisión Permanente aprobó el dictamen del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 6.951, que propone precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana», informó el Parlamento a través de su cuenta en X.
El tema fue discutido en la Comisión Permanente, integrada por 30 legisladores de diferentes bancadas, debido a que el pleno del Congreso está en receso.
Aunque la Constitución peruana no menciona entre las funciones de la Comisión la aprobación de leyes, el Congreso decidió de todas formas debatir a través de esa vía el proyecto, que fue aprobado con 15 votos a favor, 10 en contra y cinco abstenciones.
La norma aprobada fija la prescripción para los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de julio de 2002, cuando Perú se adhirió al Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional y que prohíbe la caducidad de ese tipo de delitos.
El 2 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución por la que ordenó a los tres poderes del Estado peruano (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) «tomar las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley».
La Corte consideró que el proyecto de ley va en contra de la legislación internacional en materia de derechos humanos y afecta el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
La Corte IDH hizo mención particular a los casos Barrios Altos y La Cantuta, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.
El caso Matanza de La Cantuta se refiere al asesinato de 10 civiles (un profesor y 9 universitarios) ocurrido en 1992, mientras que el de Barrios Altos fue el asesinato de 15 civiles en 1991, ambos cometidos por el Grupo Colina, un comando paramilitar bajo órdenes del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por ser autor intelectual de estos crímenes. Diversos sectores políticos y ciudadanos de Perú han denunciado que con esta norma se busca la impunidad y amnistía para Fujimori, así como para los diversos enjuiciados o procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
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