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Eduardo Fellner fue indagado esta mañana por el fiscal Gustavo Araya en el marco de la causa en la que está imputado por abuso de autoridad y fraude a la administración pública, por haber firmado en 2007 el decreto de creación de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encargada de distribuir los recursos nacionales destinados a la construcción de viviendas por parte de cooperativas.
“El fiscal entiende que constituye un delito la sanción del decreto con el que se creó la Unidad Ejecutora Provincial, pero se trata de un decreto dictado en el marco de las constituciones legales, perfectamente justificado, un acto administrativo válido y legítimo”, afirmó Fellner al salir del juzgado.
Explicó que la creación de la UEP surgió de una exigencia de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, con la que se habían firmado los convenios para la construcción de viviendas”, de sacar las oficinas de atención del edificio central del Ivuj, donde habían ocurrido incidentes el año anterior con “un grupo de cooperativistas”.
“Eso fue lo que se certificó ante el juez y esperamos que considere estas razones y las pruebas que se han ofrecido, que son hechos de público conocimiento”, relató Fellner, y comentó que en el expediente hay “un cúmulo de documentación que todavía no conocemos pero estamos absolutamente a disposición del fiscal, para seguir colaborando en el esclarecimiento de los hechos”.
Fellner aseguró: “Estoy tranquilo”; recordó que se trata de un decreto que “nadie cuestionó, ni el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, ni los organismos nacionales e internacionales que intervinieron”, y agregó que espera que cambie la interpretación del fiscal con los elementos y fundamentos que presentó.
Sobre la caracterización de los delitos por los que está imputado, el exgobernador señaló: “Lo de defraudación ideológica es incorrecto, y el abuso de autoridad no se comete si uno emite un acto legítimo, dentro de las facultades constitucionales propias, que es casi una obligación del gobernador de la provincia”.
El abogado defensor de Fellner, Horacio Aguilar, indicó que “todos estos delitos son calificaciones legales de un mismo hecho, que se trata del dictado de un decreto legal, un acto jurídico legal que no puede dar lugar a que se cometa un delito, por más que después se hayan cometido delitos”.
“Creemos que ahora el fiscal cuenta con los elementos para seguir con la investigación contra los verdaderos responsables, y tiene en claro que no hay ningún tipo de responsabilidad”, agregó el letrado, y adelantó que pedirán el sobreseimiento de Fellner “lo antes posible”.
En el mismo expediente están imputados Luis Cosentini, ex Ministro de Tierra y Viviendas, Infraestructura de la anterior gestión; los responsables de la Unidad Ejecutora Provincial, Héctor Gustavo Carrizo y José Luis Mercado y Milagro Sala quien se negó a ser indagada por Araya. Cosentini se presentó ayer, y fue indagado.
Todos delitos supuestamente vinculados a irregularidades en el accionar de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) desde donde se destinaban recursos nacionales a la construcción de viviendas sociales y se debía certificar y controlar las obras ejecutadas por la Red de Organizaciones Sociales, liderada por Milagro Sala.
Según Araya, que integra el Ministerio Público de Acusación, cuyo titular es Sergio Lello Sánchez, los fondos eran librados desde el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, a través de la Secretaría de Obras Públicas, llegaba a la provincia por medio del Ministerio de Infraestructura, para que la Unidad Ejecutora Provincial ordenara el inicio de las obras, con el control de los municipios, especialmente el de San Salvador de Jujuy, donde se hizo la mayoría de las obras.
