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Congelamiento de tarifas de telecomunicaciones: Es peor el remedio que la enfermedad

Por Miguel Giubergia (Director de Enacom). La pandemia nos demostró que la Argentina cuenta con un potente sistema de telecomunicaciones que cubre al país en toda su extensión y por el cual toda persona que habita o transita aún en los más recónditos parajes de nuestra geografía tiene acceso a servicios de telecomunicaciones.

También nos demostró que el sistema de telecomunicaciones de la Argentina está, para bien, sobreinvertido. Soportó sin mayores inconvenientes el incremento abrupto de la demanda que generó esta crisis epidemiológica, con picos del 50% y estabilizándose ahora en niveles cercanos al 35%. Esto nos demostró la efectiva selección de tecnologías que está utilizando, su correcta operación y su robustez estructural.

Pero esto no es magia. Es el resultado concreto de un entramado sectorial conformado por múltiples pymes y cooperativas y cientos de emprendedores que, en conjunto, cubren todo el país junto a algunas grandes empresas: privadas y públicas nacionales y provinciales. Todos ellos bajo la tutela estatal federal.

En conjunto estructuran una red compuesta por las 5.947 licencias y registros que lleva otorgados el Estado Nacional al amparo de la Ley Argentina Digital No 27.078 dando así cumplimiento al mandato de la misma que es el de “reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra Nación”.

También, la inversión permanente que ejecuta el sector ha generado que más de un cuarto de millón de persona tengan hoy un empleo directo, calificado y registrado en las empresas del sector, siendo así también un potente generador de inclusión laboral, social y de capacitación para la empleabilidad, actual y futura.

De esta manera, con el accionar conjunto de todos estos trabajadores y de los licenciatarios dentro de un marco legal que promueve la competencia leal y efectiva entre los prestadores de servicios públicos y privados, el Estado Nacional garantiza “la accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el pueblo”, tal como prescribe, precisamente, la Ley Argentina Digital que fuera sancionada en 2014.

Así también, por la acción coordinada de la actividad privada más los programas de universalización de servicios que está ejecutando el Estado Nacional con la financiación de los propios licenciatarios, se cumple con la finalidad de esta Ley Argentina Digital que no es otra que la de “garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones”.

Pero para mantener esta construcción colectiva y efectiva, el mandato legislativo ordena el “establecimiento de pautas claras y transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable del sector”, extremo este que el sorpresivo DNU 690/2020 avasalla en toda dimensión.

Todo este ecosistema de múltiples trabajadores ejerciendo sus actividades en múltiples empresas, cooperativas, pymes y emprendimientos en todo el país requieren de pautas estatales claras y transparentes que les permita invertir y trabajar para la sustentabilidad del sector, máxime en un ámbito sometido a una carrera de fondo para adaptarse a la evolución tecnológica que le impone la demanda de estos servicios esenciales y estratégicos para el desarrollo integral de nuestro país.

El DNU ahora somete a todo el sector a la arbitrariedad de decisores estatales facultados para imponer condiciones de prestación de servicios sin sujeción al estado del arte en esta materia.

Al ser un sector que requiere de la utilización de capital intensivo para la prestación de sus servicios y para no caer en obsolescencia temprana, tal como ha quedado hasta aquí demostrado en la Argentina, necesita de permanente inyección de capital.

Pero quién va a emprender, invertir o financiar en una pyme en la Argentina para que preste servicios de telecomunicaciones cuando no tiene certeza de las condiciones y precios a los cuales va a poder prestar sus servicios ya que los mismos están sujetos a decisiones arbitrarias de un grupo reducido de funcionarios.

Con la simple emisión de este DNU se consiguió destruir la competencia entre múltiples prestadores que, en muchos casos, vienen trabajando en forma ininterrumpida en la Argentina desde hace más de tres décadas para brindar más y mejores servicios a una demanda múltiple y cada vez más exigente.

Ahora el DNU los transforma en “pordioseros digitales” que deben dejar de lado sus excelencias en materia tecnológicas y reinventarse en lobistas para que un puñado de funcionarios les suban sus dígitos pulgares para que puedan establecer precios a sus servicios y así poder solicitar el financiamiento que requieren para seguir operando.

La intención del DNU no es buena. Su implementación tampoco lo será. Hay sobrada experiencia de coerción por sobreregulación en la Argentina y, peor aún, en el mientras tanto los licenciatarios quedarán bloqueados operativamente porque, obviamente, no se van a financiar a través de sus clientes y proveedores y, tampoco, pueden acceder al crédito para poder seguir operando y pagando los salarios.

El remedio es peor que la enfermedad pero, en este caso, la simple emisión de la receta ya produjo la enfermedad.

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