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Una familia campesina que vive y trabaja desde hace décadas en una parcela cercana a Palma Sola sufrió la destrucción de su casa y su corral por parte de empresarios que buscan desalojarla, al igual que a otras tantas familias de la zona. Los privados tienen títulos registrales pero nunca ocuparon esos terrenos, mientras que los campesinos habitan el lugar desde hace décadas y tienen derechos posesorios. Desde organizaciones campesinas reclaman que se respete la ley nacional que ampara a esas familias y advierten que la reforma de la Constitución de Jujuy envalentonó a quienes pretenden echarlas del lugar.
Las organizaciones denunciaron amenazas judiciales y actos violentos por parte de empresarios que se adjudican la posesión de las tierras que familias ocupan desde hace décadas en zonas cercanas a la localidad jujeña de Palma Sola, departamento Santa Bárbara. El Colectivo Tierra Fértil denunció que un empresario de apellido Macedo «ordenó tirar la casa de la familia de apellido Flores en el paraje Los Matos».
La situación vivida esta semana no es nueva. Hace años que las familias campesinas que viven y trabajan en esa zona, produciendo alimentos que se consumen en toda la provincia, vienen padeciendo hostigamiento y ataques, a menudo violentos, que buscan desalojarlas.
«Para nosotros, como familias campesinas, es una desgracia el atropello y todo lo que vivimos cada año. Es una tristeza que después de toda una vida teniendo tu casa, tu producción, vengan y en menos de media hora te tiren todo», afirmó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Gloria Mamaní, de la organización Tierra Fértil.
«Antes avanzaban, pero nunca han llegado a tirarnos los ranchos. Pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando y resistiendo porque somos los que producimos el alimento de todos los días. Es tanto el odio y la fuerza que tienen, después de la reforma de Morales, que ahora los titulares registrales se agarraron de que hay que respetar la propiedad privada sin respetar los derechos de los poseedores, y atropellan a todos», comentó la referente campesina.
Gloria Mamaní sabe de qué habla. Entre 2009 y 2010, sus abuelos lo sufrieron en el cuerpo. «Le pegaron a mi abuela, la atropellaron, la arrastraron por el suelo. Y después mi abuela y mi abuelo terminaron presos, con 80 y 90 años», contó.
La familia Flores vive en el paraje Los Matos, a 28 kilómetros de la localidad de Palma Sola, en un terreno de no más de 50 hectáreas donde crían bovinos, caprinos y animales de granja, siembran y producen alimentos. Son cinco adultos y tres niños. El lunes fueron hasta el pueblo a hacer compras. Cuando volvieron a la mañana siguiente, encontraron su casa destruida, los corrales derrumbados, cabritos aplastados y vacas muertas por la acción de las topadoras.
«Se salvaron los animales que estaban sueltos. Pero a los cabritos a la noche se los encierra en el corral porque a causa de los desmontes el puma empezó a comer animales domésticos. Entonces en las noches quedan encerrados y al otro día se los suelta para que salgan a pastar. Al estar encerrados, han quedado aplastados con los palos del corral», describió Mamaní.
De acuerdo a los pobladores de la zona, los privados que intentan desalojarlos mediante estos actos violentos poseen plantaciones de soja y maíz. Las personas que pretenden desalojar a las familias campesinas están vinculadas a un empresario de apellido Macedo, del Grupo San Antonio Sociedad Anónima, quien sería sobrino de Horacio Macedo, exembajador argentino en Bolivia.
«Ellos no vienen a dar la cara, no son los que se suben a la topadora. Los que vienen son el administrador y el encargado, pero sabemos que es por orden de Macedo», señaló Mamaní.
Justicia parcial
Las familias campesinas vienen presentando denuncias desde hace tiempo, sin obtener soluciones. Entre otras normativas, se apoyan en la ley nacional 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que reconoce los derechos posesorios. «Parece que Jujuy no es Argentina, no se respetan los derechos que están en las leyes nacionales», comentó Mamaní.
«Hay como cuatro o cinco denuncias previas -detalló-. Cada vez que rompían o destrozaban algo, se hacía denuncia. Primero han ido y le han roto los alambrados, los boyeros que desde el Instituto de Agricultura Familiar entregamos a las familias para que mejoren su calidad de vida, de producción. Se hizo esa denuncia pero no pasó nada».
En otra oportunidad, entraron con máquinas y rompieron los caminos y el acceso al campo. La policía tampoco hizo nada, porque para actuar es necesaria la orden de un juez o un fiscal, que nunca llegaba. Esta semana, ante la violencia del ataque, la policía finalmente fue hasta el lugar a constatar los daños con la presencia del juez de paz.
La abogada Silvana Llanes, del MNCI, precisó en diálogo con El Submarino Radio que estas familias están en esta finca hace más de 40 años: «El tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo y el padre. Ellos detentan la posesión de manera pública, pacífica e ininterrumpida. Y el daño que les están causando es irreparable».
«Es inexplicable lo de este señor Macedo, que aparece como un supuesto dueño pero que nunca acreditó absolutamente nada, que empieza a intimidar de esta manera -señaló la letrada-. Podría hacerlo por vía judicial, no de esta manera agresiva y violenta, como un patrón de estancia que dice ‘yo vengo y te saco porque te quiero sacar’.»
Una vez más, el Poder Judicial está en el centro de las críticas. «La justicia no hace nada. Mira de costado, como siempre, y pone el martillo para el lado del más fuerte y deja desprotegido al más débil», describió Llanes.
«Uno va filmando, sacando fotos y llevando prueba. Pero es como cuando hacen la denuncia las mujeres golpeadas; hasta que no están muertas no actúan», reflexionó Gloria Mamaní.
