El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
La Multisectorial de Jujuy convoca este miércoles a las 18 horas, en la Plaza Belgrano para marchar en conmemoración de la gesta del 20 de diciembre del año 2001, conocida como el Argentinazo.
El colectivo esta integrados por gremios estatales, organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, comunidades aborígenes, entre otros.
“Se cumplen 22 años de la rebelión popular que le puso un límite a las políticas neoliberales vigentes es ese momento, como: devaluación, pobreza, inflación, salarios indignos, ausencia del Estado, desfinanciamiento, privatización de servicios y empresas públicas, entrega de recursos naturales, toma de deuda externa, flexibilización laboral, desocupación, destrucción de la industria, festival de las importaciones; estatización de deudas de empresas privadas que pasan a ser deudas públicas, etc.
En el 2001, estas políticas desencadenaron la confiscación de los depósitos bancarios de todos los ciudadanos y el mayor cese de pagos en la historia moderna mundial. Hoy como ayer están usando la misma receta y es difícil imaginar resultados diferentes.
El 20 de diciembre del 2001, el pueblo argentino salió masivamente a las principales calles y plazas de todo el país y dijo basta, al grito de “que se vayan todos”. La represión a esa jornada de lucha cobró la vida de 39 manifestantes y hubo más de 500 heridos, en el marco de un estado de sitio decretado por el ex presidente De La Rúa.
Hoy, algunos de los funcionarios que fueron responsables de aquel colapso político, económico y social siguen en funciones o relacionados con el actual gobierno nacional: Patricia Bullrrich, Federico Sturzenegger, entre otros”.
En el documento dado a conocer en esta jornada, señala que “al Gobierno Nacional le recordamos que el derecho a la manifestación, que está consagrado no sólo en la Constitución Nacional del año 1994 vigente, sino en los Tratados Internacionales de los cuales la República Argentina está adherida. Esa Constitución Nacional y esos tratados en su conjunto están por encima de cualquier otra norma y si el gobierno nacional hace honor a la máxima “nada fuera de la Ley, todo dentro de la Ley” debe cumplir con los derechos y garantías consagrados fundamentalmente en esas normativas, que obligan al Estado a garantizar el cumplimiento de los derechos y no, como se pretende, a restringirlos o a impedirlos.
Rechazamos enérgicamente el Protocolo que diera a conocer el Ministerio de Seguridad de la Nación, dado que tiene la intención política de asociar al derecho a la manifestación con actos de violencia; es un mecanismo de intimidación pública que pretende identificar a los manifestantes para luego sancionarlos, criminalizando la protesta social.
En Jujuy, conocemos sobradamente este tipo de mecanismo de intimidación y disciplinamiento, dado que aquí el Código Contravencional que se emplea como el Protocolo de Bullrich, tiene rango constitucional luego de la reforma constitucional parcial impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales. A través de este mecanismo, se pretendió anestesiar y doblegar la voluntad de lucha de amplios sectores de la sociedad que se enfrentaron a la pérdida de derechos consagrados y al autoritarismo gubernamental.
Estos Códigos o Protocolos son una expresión de prepotencia y violencia institucional, evidencian un profundo desprecio a la democracia y son el síntoma de gobiernos cobardes que le temen a los pueblos que manifiestan contra políticas de saqueo y hambre.
Existe una crisis económica y no acordamos con que la paguen los sectores populares. Existen alternativas como, por ejemplo, que paguen mayores impuestos y regalías los sectores sociales más ricos, las trasnacionales mineras y petroleras, las empresas importadoras y exportadoras, los bancos etc. que son los que más recursos tienen y nunca perdieron durante las crisis.
- Por una navidad y un año nuevo sin hambre
- Abajo la reforma constitucional, arriba los salarios y los derechos consagrados
- Fin del cese de la persecusión política y por el desprocesamiento judicial de los manifestantes populares
