“Las leyes que impulsó este gobierno son protectivas de los derechos de los trabajadores”

El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, destacó la posibilidad de que por primera vez pueda llegar a aplicarse la ley 26.733, que sanciona determinados tipos de delitos económicos como la posible quiebra fraudulenta que se investiga en el caso de la gráfica Donnelley.

En diálogo con Télam, Vanoli aseguró que el supuesto vaciamiento de la empresa que posee su planta en la localidad bonaerense de Garín, que el lunes cerró sorpresivamente sus puertas y dejó sin trabajo a más de 400 empleados, «encuadraría en una posible quiebra fraudulenta y, como mencionó la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) ayer en su discurso, en una posible infracción a la ley 26.733».

 Para el presidente de la CNV, el espíritu de esta ley, aprobada en diciembre de 2011 junto a la norma que pena a quienes financien acciones destinadas a sembrar zozobra sobre la población, tiene que ver con «perseguir a los delincuentes de guante blanco que comenten crímenes en perjuicio de los trabajadores».

 «Queda absolutamente claro que el gobierno está persiguiendo a quienes perjudican a la clase trabajadora con estos delitos de fraude económico», añadió Vanoli.

 Por otra parte, el funcionario se solidarizó con los trabajadores cesanteádos por la empresa que tiene entre sus inversores al fondo `BlackRock`, a quienes empresas relacionadas con el fondo buitre de Paul Singer transfirió acciones de la imprenta con sede en Garín.

 Vanoli dijo que «el derecho a la protesta social está fuera de discusión» en la norma a la que apeló el gobierno en esta causa.

 En este sentido, el titular de la CNV criticó a los dirigentes opositores «que pretendieron invertir la lógica diciendo que el gobierno sancionaba leyes para criminalizar la protesta», dejando en claro que desde el Poder Ejecutivo «se impulsan acciones protectivas del derecho de los trabajadores».

 La ley 26.733, sancionada por el Congreso de la Nación a fines de 2011, incorporó al Código Penal delitos económicos tales como el uso de `información privilegiada` para la negociación o liquidación de valores negociables; las transacciones que distorsiones instrumentos financieros; y demás acciones que afecten al sistema económico en su conjunto, como lo son las quiebras fraudulentas, entre otras conductas.

 Esta norma fue aprobada en el marco del tratamiento de una serie de medidas legales exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), organismo intergubernamental cuyo propósito es la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.