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Un año de pandemia: 279 femicidios, 8 transfemicidios y 20 femicidios vinculados

Desde el 20 de marzo 2020 al 20 de marzo 2021, en el marco de las restricciones por la pandemia de coronavirus, se cometieron en el país 279 femicidios, 8 transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

De acuerdo al relevamiento, Buenos Aires es la provincia con más casos (103), seguida por Santa Fe (29) Córdoba (24) Tucumán (20).

  • El 61% de las víctimas fueron asesinadas en su vivienda, dejando 321 hijas e hijos sin madre.
  • El 60% de los femicidas eran pareja o expareja.
  • 35 víctimas habían realizado denuncia.
  • 14 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención.
  • 18 femicidas son agentes o ex agentes de fuerza de seguridad.
  • 23 víctimas tenían indicio de abuso sexual.
  • 18 víctimas eran migrantes.
  • 4 víctimas de femicidio estatal (aborto inseguro).
  • 9 víctimas en situación de prostitución.
  • 8 víctimas estaban embarazadas.
  • 8 víctimas eran mujeres trans.
  • 2 víctimas de pueblos originarios.
  • 40 femicidas se suicidaron.

Demandas pendientes

En su informe, el Observatorio repasó los reclamos que vino planteando a lo largo de este año, ante la certeza de que los femicidios y la violencia se incrementaron.

Además del seguimiento y acompañamiento, se pide que cada área Mujer de las provincias y los municipios garantice la entrega de alimentos o subsidios económico para la mujer y sus hijas e hijos en las situaciones de alto riesgo, y cuando la justicia haya dictado la exclusión del hogar del agresor.

Además, reclaman la publicación de informes con la totalidad de llamadas recibidas por la Línea 144 respecto de cada provincia y CABA, como así también la presentación de las políticas públicas conforme a los datos obtenidos.

Otra de las demandas es la publicación de los datos de la Ley Brisa (Régimen de Reparación económica para las niñas, niños y adolescentes), proyecto que se convirtió en Ley por la labor de La Casa del Encuentro.

Piden también que en todas las provincias de Argentina el Poder Judicial prorrogue automáticamente las medidas cautelares de protección para acompañar a las mujeres y trans en situación de violencia, y que los Juzgados habiliten teléfono, WhatsApp o página online para que las mujeres puedan realizar las denuncias y las consultas en el caso que la justicia hubiera dictado una medida cautelar al agresor.

También en el ámbito judicial, se solicita que se otorgue prioridad a las denuncias por violencia. «Luego de tantos meses, y solo con la renovación automática de las medidas, las causas deben avanzar para que las mujeres no se encuentren, además, sumergidas en una situación de violencia institucional, señalan.

En esta línea, advierten que el Poder Judicial debe garantizar la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz al servicio de justicia.

«Es primordial que ante una medida cautelar dictada se otorguen dispositivos de protección necesarios para que la misma sea eficiente. Sabemos que al otorgarle un botón antipánico se estaría colocando la responsabilidad de cuidado en la mujer denunciante, pero al menos tendría una mínima protección. Y en paralelo una tobillera electrónica al agresor que solo será efectiva si existe un monitoreo responsable de parte de las autoridades competentes», precisan.

En los casos en que la mujer con sus hijas e hijos se tenga que ir de la vivienda que comparte con el agresor, se pide que se le otorgue por el término de 180 días el equivalente a una jubilación mínima.

Otro reclamo es el compromiso de parte del Estado en garantizar el acceso a la justicia, que no culmina con la mera radicación de la denuncia.

El Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencias de Género, señalan, debe funcionar en todo el país, ya que tanto el litigio estratégico -que permitió el avance en la jurisprudencia con el reconocimiento del travesticidio y transfemicidio- como el patrocinio jurídico gratuito, son ejes fundamentales en la lucha por los derechos de las mujeres y la sensibilización del Poder Judicial en materia de género.

En este sentido, reclaman que se efectivice a nivel nacional la ley 27210 “Cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género” (en vigencia desde el año 2015) para que las mujeres puedan contar con patrocinio jurídico gratuito.

Sobre las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, reclaman que se realice la evaluación de los resultados prácticos de la Ley Micaela (recepción de denuncias, procesos judiciales en los que se evite la revictimización y sentencias con perspectiva de género), y se publiquen los nombres de funcionarias y funcionarios públicos que la realizaron, tal como lo indica la ley.

Uno de los puntos más demandados tiene que ver con la necesidad de desterrar el mito de que debe esperarse 24 horas para realizar la denuncia de desaparición. Por el contrario, es primordial contar con una denuncia para que cuanto antes comience la búsqueda. Cada minuto cuenta. Ante la negativa de una comisaría a tomar este tipo de denuncias, contactarse con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) al (54-11) 5278-9800 internos 5558 y 5507.

Piden finalmente la aplicación urgente del programa “Acompañar” anunciado en septiembre de 2020 por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que garantiza durante 6 meses consecutivos el apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil a las mujeres y a personas trans que se encuentren en situación de violencia por motivos de género. «No se puede demorar más la firma de los convenios en todas las provincias y los municipios de nuestro país a fin de lograr la efectivización del mismo», afirman.

En el informe, la Casa del Encuentro y su Observatorio remarcan que la violencia hacia las mujeres y las diversidades, y su expresión más extrema los femicidios deben abordarse en forma federal, transversal e interdisciplinaria. «Sabemos que los tiempos de la justicia y la burocracia estatal demoran la aplicación de las políticas presentadas pero no nos cansaremos de recordar que son vidas las que están en juego, el bien más preciado que una persona puede tener», sostienen.

Recuerdan que la vivienda compartida sigue siendo el lugar más inseguro, y que 35 mujeres tenían denuncias previas y 14 medidas cautelares que no sirvieron para cuidarlas. «Queremos políticas públicas efectivas, que trabaje tanto en la prevención como en la protección», apuntan.

«En nombre de todas las víctimas de violencia sexista, desde La Casa del Encuentro y su Observatorio, sostenemos la urgente necesidad de que el Estado incremente y priorice las medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones», concluyen.

Detalle de los femicidios

Detalle femicidios 1 año 20-3-2020

mujeres linea 144

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