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En la primera audiencia del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el principal acusado, el militar Domingo Horacio Marengo, se describió como un preso político y negó conocer los hechos por los que está preso hace más de cuatro años, manteniendo el pacto de silencio que todos los represores vienen sosteniendo desde hace casi cuarenta años.
Con la lectura de la requisitoria fiscal comenzó este jueves el juicio oral y público a 13 represores procesados por los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “torturas y tormentos” contra 90 víctimas que fueron trasladadas desde la cárcel provincial en un avión Hércules del Ejército a las prisiones de Villa Devoto y La Plata.
Los procesados son exagentes del Servicio Penitenciario, salvo Marengo, exteniente coronel del Ejército, señalado como el responsable del operativo de traslado. Los otros acusados son Osvaldo Chiaparo, Juan Héctor Guenchal, Jorge Néstor Ibáñez, Rogelio Mason Iglesias, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo Cesar Juárez, Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso, Andrés Aldo Savorani y Rubén Eduardo Zinc.
El 7 de octubre de 1976, 78 hombres y 12 mujeres, luego de una violenta requisa en la cárcel de Villa Gorriti de San Salvador de Jujuy, fueron obligados a subir a vehículos del Ejército y trasladados al aeropuerto provincial, donde abordaron un avión Hércules y otra aeronave más chica (en la que iban solo las mujeres). A bordo de la nave les taparon ojos, los ataron de pies y manos y los obligaron a ubicarse en cuclillas sujetados a una barra de hierro en el piso.
El operativo, que formó parte del plan sistemático del terrorismo de Estado, fue designado como el “Operativo Aire 718”, y duró entre tres y cuatro horas en las cuales las víctimas recibieron torturas, humillaciones y amenazas de ser arrojadas al vacío.
Los hombres fueron trasladados a la cárcel de la ciudad de La Plata, pasando algunos primero por la enfermería y los otros soportando una “calle de la amargura”, donde eran nuevamente golpeados en forma salvaje y brutal, mientras que las mujeres fueron alojadas en una unidad especial en la cárcel de Devoto.
Pacto de silencio
Durante la primera audiencia, prestaron testimonios los represores, en primer lugar, el propio Marengo, quien sentenció que “soy un preso político” y mantuvo el pacto de silencio, como en todo el país. También afirmó que «este proceso judicial es un absurdo, una entelequia y mi cautiverio no corresponde»
Declaró que en esos tiempos era teniente primero del Ejército en el RIM 20, formó parte del operativo de represión Independencia en Tucumán, pero negó haber pertenecido al Área 323.
Afirmó que “no se de que se me acusa, desconozco los hechos que se me imputan”. Señaló que desconozco la cárcel provincial, donde fueron sacados las 90 víctimas, algunas de ellas desparecidas posteriormente como el médico y ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Aredez y el sindicalista minero, y ex diputado provincial, Avelino Bazán.
El resto de los imputados, que pertenecían al Servicio Penitenciario Federal, declararon que nunca estuvieron en Jujuy ni haber participado de traslados.
Las víctimas en su mayoría fueron trabajadores del ingenio Ledesma, Trabajadores mineros de la Mina El Aguilar, estudiantes universitarios y vecinos, muchos de ellos detenidos en la “Noche del Apagón” entre el 20 y 27 de julio de 1976 en Libertador San Martín, Calilegua y El Talar, por lo que están procesados el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador, Alberto Lemos.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de Jujuy está integrado por Carlos Jiménez Montilla, que es presidente de trámite y los vocales Mario Marcelo Juárez Almaraz y Federico Díaz; el Ministerio Público Fiscal representado por Francisco Snopek y Pablo Pelazzo; la querella de Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) Andrea Lupiañez y María José Castillo, por la querella de Hugo Condorí y Eblogia Cordero de Garnica el abogado Ariel Ruarte, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación María José Castillo. La defensa de los represores está representada por los abogados Matías Gutiérrez Perea, María Retondo y María Nager.
