Luis Paz: La reforma constitucional de Jujuy tiene el fin de «darle legalidad al régimen de Morales» 

La imputación de seis referentes de sociales por los delitos de extorsión y amenazas que se concretó la semana pasada es un paso más en el avance del gobierno provincial sobre sectores opositores. “La instalación del estado fascista en la provincia de Jujuy en 2015 fue la punta de lanza de un proyecto mucho más grande a nivel nacional y continental”, advirtió Luis Paz, abogado que integra el equipo legal que representa a los dirigentes imputados.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Paz repasó las acciones persecutorias contra los sectores populares en Jujuy en un contexto más amplio, que en las últimas semanas tuvo dos elementos a tener en cuenta: por un lado, el impulso de la reforma de la Constitución provincial que tendría, a su entender, el objetivo de “darle un viso de legalidad al régimen” del gobernador Gerardo Morales; por otro lado, la denuncia penal presentada en el fuero federal por Gabriela Carpinetti, funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación, contra funcionarios judiciales, policiales y políticos de Jujuy.

Respecto de la causa iniciada contra referentes sociales, Luis Paz remarcó que “comenzó mal”, el 31 de marzo de este año, con un procedimiento al que calificó de “incorrecto, irregular e ilícito”. Se trata del operativo desplegado a partir de un pedido concreto del MPA a la Agencia de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Jujuy, con la intervención del jefe de Policía de Jujuy y del ministro de Seguridad de Jujuy. “Con la anuencia clara y contundente del gobernador de la provincia de Jujuy, se decidió meterse en la vida interna de organizaciones sociales, partidos políticos y asociaciones sindicales”, describió.

“A partir de esa intromisión ilícita e ilegal, comenzó a desarrollarse durante prácticamente tres meses un proceso de infiltración de estas organizaciones, con la gravedad de que han usado herramientas tecnológicas y procedimientos ilegales”, agregó.

Todo ese despliegue quedó plasmado en el expediente vinculado con los allanamientos del 6 de julio pasado, realizados en sedes de organizaciones y también en domicilios particulares de algunos de sus referentes. “Como no encontraron nada, porque ninguna de estas organizaciones tenía nada, se quedaron sin argumentos. Y entonces comenzaron a inventar denuncias”, señaló Paz.

Silencio cómplice

Las acciones de espionaje e infiltración no involucraron solamente a las organizaciones cuyos referentes fueron imputados la semana pasada. En el expediente aparecen también el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), incluso con fotografías de sus dirigentes.

“Me preocupa y me llama la atención el silencio de esas organizaciones”, comenta Paz, y advierte: “Hoy el silencio es cómplice de este avance del estado fascista en la provincia de Jujuy, como punta de lanza de un proyecto mucho más grande a nivel nacional y continental”.

En su análisis, plantea que “la instalación del fascismo en la provincia de Jujuy es producto de la instalación del gobierno de Gerardo Morales en 2015”, y afirma que el gobernador jujeño es “uno de los principales dirigentes nacionales que instaló la generación de odio social, con su forma de hacer política usando al Poder Judicial y a los fiscales para resolver conflictos políticos”.

“Pero a este fascismo se lo combate. Con este fascismo no se dialoga. Hay que combatirlo en las calles, en las empresas, en las escuelas, permanente y cotidianamente”, propone.

Funcionarios denunciados

Producto de la intervención estatal ilegal, se produjo la tercera visita de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Solidaridad con los Pueblos a Jujuy. A raíz de eso se elevó un informe al Congreso de la Nación y a partir de ese informe el estado nacional, a través del Ministerio de Justicia, radicó una denuncia penal federal en la provincia de Jujuy, que estaría entendiendo la fiscalía federal, contra funcionarios del Poder Judicial, del MPA y del Poder Ejecutivo.

“Esa denuncia está en etapa de investigación preliminar y esperemos comenzar a tener las respuestas de la justicia federal en muy poco tiempo, porque ha sido clara la intromisión dentro de la vida democrática de estas organizaciones”, señala Paz, y aclara que no tiene participación formal en ese expediente.

Para el abogado, es clave tener en cuenta que se trata de una denuncia que hace el gobierno federal. “No es una funcionaria a la que se le ocurrió meter una denuncia, sino que está avalada por el Poder Ejecutivo nacional”, afirma.

El terror de los jueces

El intento de reforma de la Constitución provincial aparece, en este contexto, como un avance más en el proyecto político que encarna Morales. Para Luis Paz, el objetivo es “darle estabilidad a estas políticas nefastas que están destruyendo el tejido social de la provincia”, porque “Morales necesita darle un viso de legalidad al régimen”.

El papel que ha jugado el Poder Judicial de Jujuy en este proceso iniciado en diciembre de 2015 ha sido clave. Sin embargo, empiezan a aparecer algunos resquicios por los que podría debilitarse. Paz reveló: “No voy a dar nombres, pero yo he charlado esta última semana con no menos de 12 jueces y juezas de distintos fueros. Y es muy preocupante el nivel de terror que está manifestando esta gente en diálogos privados por la posibilidad de la legalización de la estructura nefasta que armó Morales”.

Tiempos peores

Más allá de esta percepción, Paz consideró que “el Poder Judicial es cómplice de todo lo que está pasando”, porque “han dejado pasar con su silencio un sinnúmero de hechos muy graves”.

A pesar de la gravedad de la situación, el abogado cree que “de esta también vamos a salir”, y argumenta: “Lo hemos hecho en circunstancias mucho peores”.

Consultado sobre cuáles fueron, a su entender, los momentos políticos peores al presente, Paz mencionó sólo uno: “La Argentina tuvo una dictadura durante siete años, y en Jujuy hubo desaparecidos”. Y remarcó: “Jujuy tiene un espíritu de lucha y combativo que ojalá se le despierte a los antiguos dirigentes sociales, sindicales y políticos, y ojalá esté arraigándose en los nuevos”.

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