Tucumán: Procesaron a cuatro empresarios del ingenio La Fronterita por delitos de lesa humanidad 

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ordenó el procesamiento de los empresarios Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos por considerarlos presuntos cómplices de delitos de lesa humanidad contra al menos 68 personas que trabajaban en el Ingenio La Fronterita, o que vivían en sus colonias, y que fueron ilegalmente detenidas en el Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionó en las instalaciones de la fábrica. Todas fueron torturadas y algunas continúan, hasta hoy, desaparecidas.

Por estos casos, el Ministerio Público Fiscal (MPF), encabezado por el fiscal Pablo Camuña, y la organización Andhes, acusaron a accionistas de la firma, al propietario del ingenio y a miembros del directorio de la empresa por su complicidad en numerosos delitos, como privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, aplicación agravada de torturas, violación de domicilio, desaparición forzada de personas, entre otras gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Jorge Alberto Figueroa Minetti ofició como administrador y presidente de la firma José Minetti y Cía., que controlaba el ingenio, mientras que Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos integraban el directorio.

La Cámara dio por acreditado que el ingenio prestó sus instalaciones para que se instalara una base militar y para que funcionara allí un centro clandestino. Además aportó la logística, autorizó la circulación de los uniformados en todo el predio, proveyó vehículos para los secuestros y dio información a los militares para determinar los blancos de la represión clandestina.

Con la implementación del Operativo Independencia en febrero de 1975, se instaló una base militar en las instalaciones de la empresa José Minetti y Cía. La ocupación militar se extendió por lo menos durante cuatro años.

La fuerza de tareas “Rayo” del Ejército fue la responsable de la represión en esa zona cercana a Famaillá. El Ejército se asentó, en un primer momento, en un sector conocido como “los conventillos”, que era donde se alojaban los obreros temporarios durante la zafra. Para ceder el espacio a los militares, la empresa relocalizó a estos trabajadores. Después, según los testimonios recolectados por la fiscalía, se pudo determinar que el ingenio construyó unas casas prefabricadas para que se asentaran los integrantes de las fuerzas armadas en la zona que se conoce como “Tambo” o “Laguna”.

En esta causa se investiga lo sucedido con un total de 68 víctimas. De ellas, 43 trabajaban en el ingenio; 31 vivían en las colonias que rodeaban al predio; diez fueron secuestradas camino al trabajo; diez fueron secuestradas en el retén que estaba en las inmediaciones del ingenio; diez eran integrantes del gremio del ingenio, y ocho fueron secuestradas con vehículos de la empresa.

Los años de la ocupación militar, el control, los secuestros, las torturas, las violaciones y los asesinatos provocaron, a través del terror, una transformación de las relaciones sociales y de producción en el lugar. Entre 1975 y 1982, se redujo en un 62 por ciento la planta laboral de la empresa sin que hubiera algún conflicto laboral. El dato es relevante porque, antes del Operativo Independencia, se había registrado una alta conflictividad. Sin embargo, tras la represión, la empresa logró despedir a 800 personas en seis años sin que se registrara una reacción organizada. En ese ínterin, la compañía aumentó su productividad en un 30 por ciento, se convirtió en la segunda empresa más importante de la provincia y adquirió otro ingenio, el Bella Vista, a precio vil, según reconstruyó la fiscalía.

Vaivenes

Pese a la evidencia reunida, la causa tuvo sus vaivenes, al igual que en otros casos similares como por ejemplo el del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, quien junto con el exadministrador Alberto Lemos está acusado por secuestros ocurridos en Jujuy en 1976. El viernes pasado, la causa contra ambos fue finalmente elevada a juicio oral, después de que la Corte Suprema revocara después de seis años la falta de mérito con que la Casación había beneficiado a los dos empresarios.

En el caso de La Fronterita, en 2019 el entonces juez federal de Tucumán Daniel Bejas declaró la falta de mérito a favor de los imputados por considerar que los empresarios no tuvieron ninguna responsabilidad en los delitos cometidos. Un año más tarde, la resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia.

Andhes y el MPF recurrieron esta resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal y el 29 de diciembre de 2020 la Sala IV resolvió hacer lugar a los recursos interpuestos y anular la resolución recurrida, dejando sin efecto la falta de mérito dictada.

La causa contó con el apoyo nacional e internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, quienes se presentaron como amicus curiae frente a la Cámara de Casación, ofreciendo importantes elementos jurídicos que contribuyeron a demostrar la irrazonabilidad de las decisiones tomadas por el juzgado de primera instancia y ratificadas luego por la Cámara de Apelaciones.

Hoy, con otra integración, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar a los planteos de la acusación y resolvió el procesamiento de los cuatro empresarios acusados. De este modo, será la primera vez que se ventile en un juicio oral en la provincia de Tucumán la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.

La querella de Andhes se presentó en el año 2018, en representación de la familia de Fidel Jacobo Ortíz, trabajador del Ingenio Fronterita y secretario general del Sindicato, quien fue secuestrado de una Colonia perteneciente al Ingenio y se encuentra actualmente desaparecido.

Desde Andhes remarcaron que «el caso de Fidel Jacobo Ortíz y del Ingenio Fronterita demuestran la complicidad existente entre parte del empresariado argentino y quienes comandaban el aparato represivo ilegal durante el terrorismo de estado», y consideraron que el procesamiento «constituye un valioso avance en la consolidación del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país».

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